Como sabemos, el precio de la tortilla se elevó, desde
los primeros días del año, de los cinco o seis
pesos por kilo que venía costando, hasta los 20 pesos
en casos de abuso extremo. Es duro, pero debe aceptarse como
cierto que este incremento no se debió sólo a
la voracidad de los tortilleros y a la especulación de
los fabricantes de harina de maíz, sino que existen causas
reales para ello, mismas que no pueden eludirse simplemente
negando su existencia. Entre éstas se encuentra, por
ejemplo, el incremento en los precios de los combustibles como
el diesel, la gasolina, el gas y la electricidad, todos ellos
energéticos que entran en la fabricación de la
tortilla y de la harina de maíz, y está también
la elevación del precio del maíz como consecuencia
de la baja cosecha de los productores mexicanos y el encarecimiento
del que procede de Estados Unidos, donde se ha convertido en
materia prima para la producción de etanol. En resumen,
pues, la tortilla subió porque subieron los insumos con
que se fabrica, y, siguiendo la lógica del mercado, no
se puede obligar a nadie a que siga produciendo y vendiendo
un artículo, si ello no le garantiza la ganancia que
considera justa, o, peor aun, si le representa pérdidas
en vez de utilidades.
Esto querría decir que tienen razón quienes sostienen
que, aun eliminando la parte del incremento atribuible al abuso
y a la especulación, la elevación del precio de
la tortilla es de todos modos inevitable, porque es un hecho
duro el encarecimiento de las materias necesarias para su elaboración,
es decir, porque se han elevado sus costos de producción
y eso sólo obliga a la elevación proporcional
del precio de venta al consumidor final. Me parece necesario
subrayar todo lo dicho hasta aquí, porque creo que es
un razonamiento de este tipo, u otro semejante, el que ha servido
de base al acuerdo entre el gobierno federal, los industriales
de la harina de maíz y los fabricantes de tortilla para
fijar el precio del alimento en un máximo de ocho pesos
con cincuenta centavos el kilo, dando por hecho que con esa
medida se resuelve el problema de manera equitativa para todos.
Pero no es así y veamos por qué. Aun aceptando
que el precio acordado sea realmente el mínimo indispensable
para garantizar a los productores una utilidad razonable, y
aceptando también que todo mundo va a someterse a dicho
acuerdo (lo cual lleva todos los visos de ser una pura ilusión,
si se tienen en cuenta las declaraciones de la mayoría
de las asociaciones de tortilleros del país), aun así
implica una inequidad flagrante sostener que eso conviene también
a los consumidores. Y es una inequidad porque se olvida que,
por justificado que esté el nuevo precio en términos
de la realidad económica del mercado, no lo está
de ninguna manera en términos del nivel de ingresos de
los consumidores, ya que la gran mayoría de ellos percibe
un salario fijo, y además raquítico, para solventar
todas sus necesidades vitales.
Se quiere hacer tragar a la gente la rueda de molino de que
el nuevo gobierno, sensible a su pobreza y a sus reclamos, le
hizo justicia al promover el acuerdo mencionado; pero si partimos
de que un salario mínimo es, en números redondos,
de 50 pesos diarios, resulta que la adquisición de un
kilo (véase bien: de un solo kilo de tortillas), le representa,
nada más y nada menos, que el 17% de su jornal, o sea,
casi la quinta parte del mismo. Preguntémonos, entonces,
¿qué va a hacer una familia que, por su número
y por la falta de otros alimentos más caros aun, tiene
que adquirir dos, tres y más kilos de tortilla al día?
¿Cuánto le queda para enfrentar todos los demás
gastos indispensables para su sobrevivencia y la de su familia?
Y es forzoso recordar que el cálculo está hecho
sobre la base de un ingreso diario de 50 pesos; sin embargo,
las cifras oficiales dicen (o cuando menos lo han dejado ver
en algunas ocasiones) que la mayoría de pobres vive con
dos dólares diarios o menos, es decir, en el mejor de
los casos, con algo así como 20 pesos diarios. Para estas
familias, el precio “justo” de ocho pesos con cincuenta
centavos por kilo de tortilla representa una verdadera tragedia.
Así pues, el precio “justo” es una injusticia
simple y sencillamente porque subió la tortilla pero
no subió el salario de los pobres, razón por la
cual, cualquiera que sea la magnitud del incremento, representa
más pobreza para la gente, porque se la obliga a emplear
una porción mayor de su ingreso para comprar la misma
cantidad de tortilla e, incluso, en algunos casos, menos tortilla
que antes.
Es obvio, por tanto, que para los más necesitados sólo
hay dos salidas verdaderamente justicieras: o se deja el precio
de la tortilla al nivel de antes o se le incrementa su salario,
su ingreso, en la misma proporción en que se encarecen
los productos de primera necesidad. Ahora bien, como es obvio
que los empresarios de la tortilla no aceptarán jamás
trabajar para perder dinero, y que el gobierno se opone rotundamente
a decretar un alza generalizada de los salarios alegando que
es “una medida inflacionaria”, no hay más
remedio que subsidiar la tortilla, y hacerlo de tal modo que
no afecte, ni en un ápice, las ya de por sí difíciles
condiciones económicas y sociales de los más desprotegidos
económicamente. La demanda de los trabajadores y del
pueblo en general tiene que ser: ¡abajo el precio de la
tortilla! ¡No más allá de cinco pesos el
precio del kilogramo de eso que es, sin exageración,
la vida para millones de mexicanos!
