El sábado 12 de mayo, un numeroso grupo
de indígenas hidalguenses, encabezados por los dirigentes
antorchistas Evelia Bautista y Daniel Mejía, acudieron
a una reunión en la comunidad de Temango, Municipio de
Tlanchinol, convocada por el Secretario General de Gobierno
de la entidad. La reunión, así lo especificó
el funcionario aludido, sería presidida por un representante
de su dependencia y estaría presente el Presidente Municipal
de Tlanchinol, expresamente para responder por la falta de agua
potable, asunto que se viene posponiendo desde hace casi 20
años. Pero, como ya lo denuncié en un artículo
anterior, todo fue una trampa, una maniobra perversa del Secretario
de Gobernación, quien planeó la emboscada para
inculpar y encarcelar a los líderes antorchistas.
....El día de la cita no
llegó ningún funcionario estatal, sólo
el Presidente Municipal acompañado de toda su policía
y de un grupito de provocadores con quienes se encerró
en el edificio de la delegación de Temango. Cuando los
antorchistas se presentaron en el lugar de la cita, se les impidió
el paso armas en mano, por lo que decidieron replegarse a una
galera pública distante más de cien metros del
lugar de la encerrona del edil. Dos horas después salió
el grupo de provocadores y, protegidos por la policía,
arremetió a golpes contra los desprevenidos antorchistas,
llevándose a dos de ellos detenidos. Los agredidos, un
tanto ingenuamente, decidieron no disolverse hasta conocer la
suerte de sus compañeros, que era justamente lo que buscaban
Gobernación y el Presidente Municipal: a las seis de
la tarde entró la policía estatal, golpeó
a quien se le puso enfrente y se llevó detenidas a siete
personas, cinco indígenas y los dos dirigentes ya mencionados.
Por razones de jurisdicción, debieron trasladarlos a
Molango, pero se los llevaron directamente a Pachuca; por haber
sido detenidos en flagrancia debieron presentarlos de inmediato
ante el Ministerio Público, pero lo hicieron 25 horas
después, lapso en que los mantuvieron incomunicados,
sin agua ni alimentos y continuamente maltratados y amenazados;
el juez, pasando incluso sobre un video en el que claramente
se ve quiénes fueron los agredidos y quiénes los
agresores, les dictó el auto de formal prisión
y, por ser sus “delitos” de los que alcanzan fianza,
se las fijó en 70 mil pesos a cada uno, es decir, medio
millón en números redondos a jornaleros que no
perciben ni el salario mínimo.
....El hecho está lejos
de ser novedoso o excepcional; es una burda calca de lo que
ocurre todos los días y a todas horas con la gente indefensa.
No obstante esto, el brutal atropello demuestra, por enésima
vez, ciertas verdades que los mexicanos no deberíamos
olvidar nunca. Algunas de estas verdades se pueden sintetizar
así:
....1.- La ley, por muy precisa
y transparente que sea, siempre será susceptible de manipulación
por parte de los encargados de aplicarla. Por eso, donde quiera
que se dé, el exceso de leyes, la sobre reglamentación
de la vida social, el querer remediarlo todo con nuevas disposiciones
legales y el castigo correspondiente para quien las infrinja,
como han puesto de moda los partidos recientemente llegados
al poder en México, es un grandísimo peligro para
la verdadera libertad, pues pone en manos de los represores
un surtido menú de opciones para prefabricar delitos
a su gusto y a la medida de los intereses que representan. En
un Estado con un aparato judicial tan corrupto y defectuoso
como el nuestro, lo mejor es reducir al mínimo las leyes
punitivas y la tipificación de delitos, en provecho de
una movilidad más libre de personas y organizaciones.
....2.- La actuación totalmente
parcial e irregular del juez, reflejada en la desproporcionada
fianza impuesta a los detenidos, vuelve a demostrar, como en
Querétaro, como en todo México, que la tan llevada
y traída división de poderes, supuesta base de
toda democracia, es ficción pura; que en los hechos,
cuando más se la necesita, lo que realmente se encuentra
es el contubernio, la unidad de intereses y de propósitos
de quienes detentan el poder, sea éste Ejecutivo, Legislativo
o Judicial. La actuación del juez de Pachuca dice a las
claras que él está al servicio del Secretario
de Gobernación y no de la justicia y el derecho; y que,
con tal de cumplir con quienes le pagan, lo demás lo
tiene sin cuidado.
....3.- La diligente difusión
que la prensa de Hidalgo (con las honrosas excepciones de siempre)
dio y sigue dando a los infundios del presidente de Tlanchinol
y del gobierno del estado, al mismo tiempo que silencia o distorsiona
lo que dicen los detenidos, sus líderes y sus defensores,
demuestra a su turno que la libertad de prensa es otra ficción.
Su talón de Aquiles radica en que casi todos los medios
son un negocio para sus propietarios; por eso, aunque el reportero,
el columnista o el articulista conozcan la verdad, tienen que
plegarse a la línea editorial de su medio que, a su vez,
sirve a los intereses económicos de su patrón
y no a la verdad como se dice. El que paga manda y, por eso,
la “verdad” está en los boletines oficiales
aunque los hechos digan otra cosa
....4.- Finalmente, la represión
en Hidalgo viene a demostrar que para cualquier gobernante,
sea del partido que sea, la democracia bien entendida es la
que reduce los derechos del pueblo al sólo “derecho”
de votar. Cumplido o ejercido éste, debe abstenerse rigurosamente
de intervenir en política, de opinar en los asuntos nacionales
aunque le afecten directamente, debe renunciar a toda manifestación
de protesta o de inconformidad si no quiere ser acusado de “enemigo
de las instituciones”, de peligroso “desestabilizador
social” y, en consecuencia, ir a dar con sus huesos a
la cárcel, como los indígenas de Tlanchinol. Y
una vez ahí, para salir, para recobrar su libertad “por
Dios que nos ha de sudar el hopo”, como advertía
Sancho Panza a Don Quijote previniéndolo contra la severidad
de la Santa Hermandad. Y si no, dígalo la fianza que
un señor juez de Pachuca les fijó a cinco indígenas
que apenas ganan lo suficiente para no morirse de hambre. Unamuno:
¿Hacia dónde vamos?
