Se dice que el pulpo, tan pronto como detecta la presencia de un depredador, humano o no, de inmediato emprende la huida, no sin antes arrojar una buena cantidad de espesa tinta de color rojo oscuro, para desorientar al enemigo y cubrir su retirada. Esta lección de astucia instintiva del reino animal, se me ha venido a las mientes ante lo que estamos presenciando en estos días con motivo de las reformas a la ley que regula el régimen de pensiones para los trabajadores del Estado. Resulta que, según quienes redactaron, discutieron y aprobaron dicha ley, así como quienes la defienden en los medios, la misma no sólo es lo que la salud de las finanzas nacionales estaban esperando con urgencia desde hace tiempo, sino que, además, es totalmente favorable a los intereses de los trabajadores, ya que les garantiza servicios de salud y un régimen de pensiones muy superiores a los tutelados por la vieja legislación hoy derogada.
Todos ellos, como el pulpo, han arrojado ríos de tinta para convencer al país, pero sobre todo a los directamente afectados, de que, con el nuevo ordenamiento, el gobierno no se desentiende de su obligación de proteger la salud y la seguridad social de los que laboran a su servicio, sino que, por el contrario, ahora destinará más recursos que antes a esos rubros. Y dan ejemplos: el gobierno aportará a la institución más de tres pesos por cada peso que ahorre el trabajador; creará nuevos y mejores hospitales y remodelará los ya existentes; aumentará, mejorará y actualizará al cuerpo médico y de enfermería, para una atención más eficaz y oportuna de los pacientes; renovará todo el instrumental médico con lo último en este terreno; garantizará el abasto total y oportuno de todos los medicamentos que requiera el derechohabiente. Pero, sobre todo, se pone especial énfasis en que el Estado se hará cargo de cubrir totalmente las pensiones de los jubilados actuales. Total, un nuevo paraíso que costará, dicen sus propagandistas, muchos millones de pesos a la nación.
¡Y es aquí donde aparece la madre del cordero! En efecto, todos los defensores de la reforma, al margen de pequeñas divergencias en las minucias, detalles y tecnicismos económicos-administrativos que manejan, terminan confesando que su verdadero mérito, lo que la hacía indispensable y necesaria, consiste en que representa “un gran ahorro”, un alivio de muchos miles de millones de pesos para las finanzas públicas que, con el régimen anterior, se hallaban al borde de la quiebra. La contradicción es obvia: ¿cómo está eso de que la dichosa reforma, según sus propios panegiristas, costará una verdadera fortuna y, al mismo tiempo, representa un ahorro de igual o superior tamaño para el estado? Y si, como el elemental sentido común sugiere, el verdadero propósito es ahorrar recursos al erario nacional, ¿de dónde saldrá el dinero para cubrir el déficit que semejante “ahorro” ocasionará? ¿Quién cubrirá el déficit? ¿Quién terminará pagando el pato? La respuesta no es difícil: saldrá del bolsillo, del salario de los trabajadores. O sea que, el “argumento” de fondo que justifica la reforma, tal vez sin quererlo sus defensores, hace chuza con sus argumentos de detalle, desmiente los supuestos beneficios para los trabajadores y confirma que la finalidad no es otra que descargar al gobierno de la responsabilidad de pensionarlos, para arrojar ese pesado fardo sobre las espaldas de los trabajadores mismos.
Hay quienes, aceptando a regañadientes la verdad, alegan que ello es justo y necesario; que hay que acabar con el “paternalismo” populista; que ya es hora de que los trabajadores paguen el costo de una pensión digna para su vejez. Pero quienes así piensan, no dicen que primero habría que acabar con el paternalismo y los privilegios para los ricos; que es obligación de ellos dar empleo a todo aquel que lo necesite y reclame y pagarle salarios justos y dignos, que le permitan ahorrar sin tener que morirse de hambre para ello. Obligar al obrero a pagar su pensión en un país donde el desempleo y los salarios de hambre alcanzan dimensiones catastróficas, no es acabar con el paternalismo, sino darle una vuelta de tuerca más a la injusticia social, llevar a límites de subversión social la pobreza y la marginación de las grandes mayorías populares.
Y a todo esto, ¿qué dice el llamado “movimiento obrero organizado”? Hace ya rato que desde las oficinas de prensa del gobierno y de los patrones, se coordina una campaña para desprestigiar a los trabajadores presentándolos como parásitos, como privilegiados y abusivos, que cada día exigen más sin dar nada a cambio. Ellos son, se sugiere, con su voracidad sin freno, los verdaderos responsables de los problemas de la economía nacional. Ante tal embestida, los líderes han guardado cauto silencio. En la actual coyuntura, se han mostrado incapaces de presentar su propia alternativa, de vertebrar la propuesta de la clase obrera mexicana ante sus explotadores. No sólo eso; tampoco han querido desenmascarar, con cifras, con datos y con hechos, la mendacidad de quienes dicen que la reforma es para beneficiar a los trabajadores. Eso demuestra que, para enfrentar y resolver con éxito el problema de la injusta distribución de la renta nacional en el país, es necesaria, hoy más que nunca, la independencia ideológica y organizativa de los obreros; que urge que recuperen la democracia y la dirección de sus sindicatos, para que puedan sumar su fuerza a la de quienes defienden las causas populares. De lo contrario, todos seguiremos siendo víctimas impotentes del abuso y de las manipulaciones, incluso legales, de los dueños del poder político y económico.
