Pareciera que existe un pacto entre todos los partidos con
registro oficial, o cuando menos entre los tres grandes y con
mayores posibilidades de acceder al poder de la nación,
sobre el modo en que hay que tratar todo intento serio de las
masas populares por cambiar la actual política económica,
totalmente volcada a favorecer los intereses de un sector privilegiado
y absolutamente minoritario del país. En otras palabras,
se deja sentir algo como un contubernio entre todos quienes
gobiernan, sin distinción de partido, para impedir la
organización independiente de los marginados y para sofocar
toda manifestación pública de descontento, todo
reclamo de atención a sus necesidades básicas.
Y esto no tendría mayor importancia en un país
donde la pobreza, la desigualdad, la discriminación y
la marginación, junto con la polarización social
que esos males acarrean indefectiblemente, se mantuvieran dentro
de límites tolerables, manejables en términos
del número de afectados. Pero ¿hacer esto precisamente
en un país donde más del 70% de sus ciudadanos
viven con menos de dos dólares diarios? ¿Reprimir
a los inconformes ahí donde el desempleo arroja cada
año a medio millón de seres a la emigración
ilegal, aun a costa de su vida; donde las grandes ciudades son
verdaderos tianguis que crecen y crecen de modo incontenible
con quienes no encuentran un empleo formal; donde la criminalidad,
organizada o no, engorda a ojos vistas con aquellos que han
perdido la esperanza de hallar un modo “decente”
de ganarse la vida?
....Sí, parece cosa de locos.
Y sin embargo, ahí están los “yunques”
de Querétaro Alfredo Botello Montes, Secretario de Gobierno,
y Francisco Garrido Patrón, jefe del Ejecutivo, quienes,
contra toda lógica política y jurídica,
atenidos sólo a su fanatismo ultraderechista, tienen
presa desde hace más de dos años a la valiente
y digna luchadora social Cristina Rosas Illescas, sólo
para “darle una lección” y para amedrentar
a todo aquel que pretenda organizarse para exigir justicia social.
Ahí está el perredista Lázaro Cárdenas
Batel, de rancia prosapia “revolucionaria”, que
desde hace más de tres meses se niega a atender las peticiones
de un grupo importante de michoacanos humildes, que permanecen
en plantón frente a sus oficinas sufriendo todo tipo
de inclemencias, pero a quienes el “señor gobernador”
“ni ve ni oye”.
....Suma y sigue. El gobierno de
Hidalgo, de extracción priísta, apaleó,
encarceló y puso una fianza millonaria a un grupo de
indígenas de la zona serrana, por el “delito”
de exigirle agua potable para sus comunidades, demanda que se
ha venido posponiendo desde hace 20 años. No contento
con eso, ha iniciado una campaña de terror contra los
líderes, a través del Internet y de sus teléfonos
celulares, burlándose de su lucha y amenazándolos
con desaparecerlos. Y ahí los tiene, en plantón
permanente desde hace casi un mes, sin tomarse siquiera la molestia
de dialogar con ellos. Y, finalmente, la cereza del pastel:
el gobernador “perredista” de Guerrero, Zeferino
Torreblanca Galindo, también se niega en redondo a atender
las demandas de los indígenas de La Montaña, una
zona cuya pobreza, abandono y marginación la han hecho
famosa a escala planetaria. Y ahí está esa pobre
gente, andrajosa, hambrienta, enferma, con sus pequeños
hijos a cuestas, plantada frente a las oficinas perfumadas del
empresario metido a político Torreblanca Galindo, que,
por supuesto, ni suda ni se acongoja. Como se ve, pues, por
todas partes la misma actitud arrogante, prepotente y soberbia
de los poderosos, sin ninguna diferencia entre priístas,
panistas y perredistas.
....La tremenda pobreza de la mayoría
de los mexicanos es un asunto sumamente grave. Y no lo digo
solamente yo; es opinión casi unánime de analistas
políticos de renombre, nacionales e internacionales,
y aún de organismos tan poco sospechosos de “izquierdismo”
como el Banco Mundial, la ONU o la Unión Europea. Todos
ellos, a través de sus voceros autorizados, han insistido
en la necesidad y la urgencia de que esto cambie, de que se
mejore la distribución de la riqueza nacional, so pena
de poner en serio predicamento la paz social y el futuro de
la democracia, en México y en toda América Latina.
Pero, frente a esto, nuestros “estadistas” criollos
parecen haberse puesto de acuerdo para tender un cerco de contención
y aniquilamiento a los pobres y a sus organizaciones representativas,
como parecen demostrarlo los irrefutables ejemplos que dejo
anotados más arriba.
....No hace mucho que un experto
internacional en cuestiones de combate al narcotráfico,
en una entrevista trasmitida por un canal de cobertura continental,
me sorprendió al afirmar que la condición básica
para ganarle la guerra al crimen organizado consiste en que
la sociedad civil se organice y exija, “obligue”
dijo él, al gobierno, a tomar ciertas medidas que enumeró
sucintamente. Me quedé pensando, y ahora lo digo abiertamente,
que si esto es cierto para combatir con éxito al narco,
con mayor razón tiene que serlo para combatir la pobreza.
En efecto, quienes acaparan la riqueza y los gobernantes a su
servicio, independientemente del partido que los cobije, jamás
la repartirán voluntariamente, por “compasión”
o por puro “instinto de conservación”. Hay
que “obligarlos”, y esa tarea solamente la puede
cumplir el pueblo organizado. Por eso resulta no sólo
absurdo, sino tremendamente peligroso, pretender derogar los
derechos de organización, petición y manifestación
pública de los ciudadanos con mayores carencias. Si se
acorrala a los pobres, si se les cierran todas las salidas legales
y pacíficas, romperán el cerco aunque tengan que
usar para ello la violencia revolucionaria. Esa será
la cosecha y la culpa de quienes, pudiendo dialogar y convencer,
se empecinan en usar contra los inconformes cárcel y
garrote.
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