En nuestros días, los gobernantes suelen
invocar la ley como si se tratara de la verdad revelada; la
esgrimen y aplican a rajatabla, como si tuviera un origen divino,
situado más allá y por encima de la sociedad,
y no fuera, como realmente es, producto del cerebro del hombre
y expresión de las relaciones económicas, políticas
y sociales que privan entre ellos. Los teóricos del Estado
moderno aseguran que una sociedad gobernada por leyes es, automáticamente,
una sociedad libre, lo cual no es incondicionalmente cierto.
Ya en otra ocasión he tenido oportunidad de recordar
que un individuo, o una comunidad humana completa, son y se
consideran libres sólo en el caso de que no haya nadie,
por fuera y por encima de ellos, que los obligue a actuar en
contra de su voluntad, es decir, cuando sienten que sólo
se obedecen a sí mismos. Y tratándose de la población
de un país, esta condición se cumple, única
y exclusivamente, cuando las leyes reflejan de modo fiel y completo
sus intereses materiales y también sus costumbres, sus
hábitos y su cultura en general, o lo que es lo mismo,
cuando el pueblo es su propio legislador.
....Pero resulta que esto es, precisamente
lo que no ocurre en la sociedad actual. En ella, el pueblo ha
sido sustituido en esta importante tarea, por un cuerpo especializado,
por un “poder legislativo” integrado, teóricamente,
por representantes elegidos por la ciudadanía. En la
práctica, sin embargo, la autenticidad de tal representación
resulta muy discutible por dos razones: primera, los electores
no conocen nunca suficientemente la trayectoria y capacidades
de los candidatos que se le proponen y, además, son sumamente
vulnerables a la influencia mediática y económica
de quienes solicitan su voto. Así, no votan por el mejor
sino por quien haya aparecido unas veces en la televisión,
o por quien le haya dado mejores dádivas. En segundo
lugar, una vez electos los tales representantes, el elector
pierde todo control sobre su actuación y carece de recursos
para pedirles cuentas de su actuación. Este mecanismo
abre, pues, de par en par, la puerta a leyes erróneas,
parciales, injustas, hostiles al interés social y con
dedicatoria a los poderes legales y fácticos de la vida
pública. Así se explica la reciente aprobación
de ordenamientos tan lesivos a la nación y a los trabajadores
como la Ley de Radio y Televisión, que deja en manos
privadas el espacio radioeléctrico propiedad de todos
los mexicanos, la ley que reforma el sistema de pensiones del
ISSSTE en perjuicio del magro salario de los trabajadores del
Estado o la ley contra el terrorismo que, a la chita callando,
criminaliza la protesta ciudadana en contra de gobernantes insensibles
e incompetentes.
....En este contexto, resulta por
demás inquietante lo que ocurre con los periodistas,
con los trabajadores de los medios informativos en general,
y con la ley relativa a la libertad de prensa y de información.
Con motivo de las agresiones, las desapariciones y los asesinatos
comprobados que han sufrido los hombres de la grabadora y la
cámara en los últimos tiempos, crímenes
ciertamente muy graves y condenables porque atentan contra las
libertades básicas del país, se ha levantado un
clamor demasiado parcial, demasiado unilateral, que tiende a
presentar a los reporteros y columnistas como hombres de otro
planeta, como seres de excepción incapaces de cometer
ningún delito ni de infringir la ley en perjuicio de
sus semejantes. Este discurso idealizador busca crear para el
gremio un nuevo fuero, es decir, como en el siglo XIX, estatuir
que los informadores no pueden ser sometidos, bajo ninguna circunstancia,
a las leyes que rigen al resto de los mortales, porque ello
equivaldría a poner una mordaza a la libertad de expresión
y de información. Y haciéndose eco de esta campaña,
el H. Congreso de la Unión aprobó hace días
la despenalización de los delitos de calumnia y difamación,
cambiando la sanción corporal por multas en numerario
prácticamente simbólicas.
....El terreno es resbaladizo;
se corre el riesgo de ser acusado de enemigo de la libertad
de prensa y de información y hasta de estar de acuerdo
con los agresores de periodistas, lo cual, en el caso mío
y de mi organización, es absolutamente falso y nunca
se podría demostrar con hechos. Lo que sucede es que
alguien en este país debe tener el valor de decir la
verdad, o nos hundimos todos en el fango de las mentiras y de
los privilegios. Y en México es un secreto a voces que
no todos los comunicadores ejercen su oficio con limpieza, con
ética y con responsabilidad; que muchos no se limitan
a cumplir su deber de informar, sino que con harta frecuencia
se constituyen en sustitutos de los tribunales competentes y
acusan, sentencian y exigen que sus sentencias se apliquen,
tal cual, a quien han declarado culpable por sí y ante
sí. ¿Qué figura publica, por otro lado,
no ha sido víctima del famoso “periodicazo”?
¿Quién no ha tenido que sufrir impotente que un
reportero o columnista, movido por intereses ajenos a la verdad,
lo haga víctima, sin ninguna prueba, de ataques mortales,
injurias sangrientas, acusaciones infamantes, escudado tras
el fuero de su profesión? Finalmente, tampoco es secreto
que muchos reporteros se comportan con insolencia, con prepotencia
y con una agresividad excesiva con todo aquel que, en un evento
cualquiera, “obstruye” su labor informativa, aunque
tal “obstrucción” se limite a pedirle al
señor de la grabadora o la cámara que permitan
el desarrollo del acto en cuestión.
....Pues bien, el fuero de facto
a los comunicadores y la despenalización de las injurias,
la difamación y la calumnia, dejan en total indefensión
al ciudadano común y corriente y ponen en serio riesgo
la seguridad de los propios comunicadores. Al primero le quitan
el débil escudo de la ley para defender no su honra,
que sería lo de menos, sino, en más de un caso,
su libertad y su vida; y a los segundos los induce a cometer
errores que pudieran resultar fatales si la “víctima”
de los mismos resultara ser alguien perteneciente a las mafias
del crimen, cuya ferocidad asesina no necesita ser aquí
destacada. La permisividad unilateral y excesiva en nombre de
la libertad de prensa y de información es contraria,
por tanto, a los intereses del ciudadano y a la seguridad de
los comunicadores. Ponerle límites racionales y justos
es poner a salvo los derechos de unos y, probablemente, la vida
de los otros.
