Los “demócratas” de
nuestro tiempo (cuando menos la mayoría de ellos) se
mueven en una contradicción que los hace ver muy mal
a los ojos de los pueblos: le han erigido un altar a la ley,
la han sacralizado, la declaran el non plus ultra de
toda sociedad “civilizada”, llaman a todos a respetarla
y a someterse a ella como a cosa divina e inviolable, y, al
mismo tiempo, son los primeros en infringir sus preceptos y
mandamientos cuando estorban a sus fines, lícitos e ilícitos,
y cuando sienten que son demasiado permisivos para las clases
populares, es decir, para aquellos a quienes la ley debe servir
de freno, de instrumento de control y sumisión, para
tranquilidad de los grupos dominantes de la sociedad.
Así, la ley concede a los obreros el derecho de huelga
para defenderse de los abusos de sus patrones; pero cuando intentan
hacer un uso serio del mismo, de inmediato se desata la guerra
mediática en su contra, la persecución de sus
líderes y el uso de la fuerza pública, que no
se detiene ni siquiera ante el asesinato, como lo demuestra
la lucha reciente de los mineros y de los trabajadores de SICARTSA,
así como la persecución encarnizada de su dirigente
legítimo. Otro ejemplo: el gobierno y las autoridades
electorales no cesan de repetir que los mexicanos gozamos de
plena libertad para elegir a nuestros gobernantes; pero bastó
que alguien que no contaba con la bendición oficial
se lanzara a pelear la Presidencia de la República, para
que se violaran sin recato, en su perjuicio, todas las leyes
y reglamentos en la materia (incluidos los que regulan a los
medios y la conducta del Presidente de la República),
para cerrarle el paso a quien calificaron como un “grave
peligro” para México.
Ítem más: la Constitución tutela los derechos
de petición, organización y manifestación
pública de la ciudadanía; sin embargo, basta que
con su ejercicio se moleste a un poderoso (gobernador, presidente
municipal, ministro o funcionario encumbrado), para que, ipso
facto, caiga sobre los inconformes una catarata de injurias,
distorsiones y amenazas, abiertas o veladas, a través
de los medios. Éstos, muchos de ellos obedeciendo consigna,
en vez de respetar el carácter legal de la acción,
en vez de analizar con seriedad las demandas, en lugar de presionar
a los funcionarios irresponsables para que atiendan el problema,
linchan a los “revoltosos” por el “caos vial”
que provocan, por las horas-hombre que se pierden por su culpa
y hasta por la “basura” y el “daño
al paisaje urbano” que generan (ahora mismo, los antorchistas
de Durango están a punto de ser “sancionados”
por la autoridad municipal de la ciudad, que los acusa de dañar
el mobiliario urbano con su propaganda en defensa de sus presos
políticos).
Pero las cosas no paran ahí; si los inconformes persisten,
se pasa de las palabras a los hechos: palos y cárcel
para los “agitadores”. Eso es justamente lo que
ocurre en Querétaro, donde el gobernador Francisco Garrido
Patrón y su Secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes,
tienen encarcelada, desde hace dos años, a la Profesora
Cristina Rosas Illescas, por haber salido a la calle, con sus
compañeros, a exigir justicia social para los más
necesitados. Cristina fue conminada, sermoneada y amenazada
para que abandonara su lucha y traicionara a sus compañeros;
y como no cedió, se han cebado en ella acumulándole
acusación tras acusación y violándole todas
sus garantías, con tal de mantenerla en la cárcel.
El último episodio de esta brutal violación de
la ley es muy revelador: el juez de su causa, con mucho temor
y reticencia ya que sabe lo que hay atrás del caso, declaró
a Cristina, hace unos días, libre del delito de autoría
intelectual del despojo de que se quejan sus acusadores, todos
ellos comprados por el gobierno del estado. Con ello, la humilde
luchadora social podía optar por su libertad bajo fianza,
pero, para sorpresa de sus abogados, a la hora en que el juez
debía tomar la decisión correspondiente, se encontraron
con que su despacho (el del juez) estaba literalmente tomado
por ministerios públicos, funcionarios y hasta policías
vestidos de civil. Como es obvio, el encargado de administrar
justicia negó a Cristina el beneficio solicitado, con
argumentos baladíes que no alcanzan a esconder la garra
del Poder Ejecutivo.
Éste es el famoso “respeto a la ley” de que
tanto habla el gobierno de Querétaro; ésta es
la justicia que sus funcionarios suben y bajan como si fuera
la Santísima Trinidad, cada vez que quieren justificar
algunas de sus horrendas tropelías. Por eso, el día
19 de marzo, fecha en que se cumplen exactamente dos años
de la prisión de Cristina, un contingente de diez mil
antorchistas, integrado principalmente por mujeres y por los
grupos artísticos de nuestra organización, desfilarán
por las calles de la ciudad. Irán a protestar por el
crimen que se está cometiendo contra Cristina; irán
a exigir su libertad; pero irán también, y de
modo destacado, a exigir respeto a la ley, respeto al estado
de derecho que tanto aclama pero que tan poco cumple el gobierno
panista de Querétaro. Irán a exigirle a Garrido
Patrón que sea congruente con su discurso “democrático”;
que deje ya de burlarse de los mexicanos, puesto que, con sus
contradicciones flagrantes, dice a las claras que nos considera,
o bien un pueblo de cobardes o bien una masa de retrasados mentales.
Y en ambos casos se equivoca rotundamente, como se lo demostrará
la marcha que aquí anuncio. Desde hoy y desde aquí,
reclamo a las autoridades del país respeto y protección
para los manifestantes, muy en particular, al Presidente de
la República que acaba de celebrar sus primeros cien
días de gobierno.
