En relación con el aborto, pasó a primer plano la cuestión de en qué momento del embarazo el embrión humano es ya una persona humana en plenitud de derechos. La Iglesia (todas las Iglesias cristianas al parecer) sostiene que es en el momento mismo de la concepción y que, por tanto, el aborto es siempre un asesinato. La ciencia, sin embargo, sostiene que la diferencia entre el hombre y el bruto es la autoconciencia, es decir, el saber que el primero tiene de sí mismo, de que “es”, de que existe. Por eso, dice, es difícil creer que el fruto inmediato de la concepción sea ya, sin más, un ser humano con todos sus atributos. Un huevo de ave, por ejemplo. Si es fruto del apareamiento de hembra y macho, es ya la concepción del polluelo; y, sin embargo, nadie diría que quien se come un huevo de gallina, en realidad se está comiendo al pollo potencialmente contenido en él. La cuestión planteada es, pues, de muy difícil solución.
Pero yo no voy contra la Iglesia. No soy jacobino porque conozco de primera mano la grande y decisiva importancia que su presencia y su actividad revisten en una sociedad tan injusta y tan desigual como la nuestra. Para los más pobres y desamparados, la promesa de un mundo mejor en el más allá, donde reinen la abundancia, la igualdad y la verdadera justicia que en la tierra se les niegan, es su único patrimonio, la única riqueza que endulza su amarga vida y que los reconforta a la hora de la muerte. Despojarlos de esta esperanza es una crueldad de que los antorchistas de México no tenemos ninguna necesidad, ni ahora ni en el futuro. Por eso, acepto como legítimo su propósito de defender la vida con todos los medios a su alcance. Sin embargo, opino que, al oponerse a la legalización del aborto, la Iglesia comete el error de olvidar que las leyes mexicanas que tutelan la libertad de cultos y la libertad de conciencia no son capricho de nadie, sino demanda histórica de una buena mayoría de mexicanos que así lo hicieron sentir a lo largo de nuestro tormentoso siglo XIX. En particular la libertad de conciencia, debe entenderse no sólo como el derecho de cada mexicano a profesar la religión de su preferencia, sino también el de no tener ninguna. De ambos principios se deduce que ninguna Iglesia tiene el monopolio de las conciencias, que ninguna puede imponer sus dogmas y mandatos a toda la sociedad indiscriminadamente, sino, en el mejor de los casos, sólo a sus fieles, sólo a quienes hayan aceptado su autoridad voluntariamente. Se dirá que la Iglesia de Cristo no tiene por qué someterse a una ley humana, sobre todo si dicha ley contradice un mandato divino, pero este es otro error de concepción como diré enseguida.
La Iglesia no puede, pues, imponer por fuerza sus dogmas y mandamientos a quienes no pertenezcan a ella. Pero tampoco a sus propios fieles, por la sencilla razón de que eso contradice el libre albedrío, un don de Dios que consiste, según la propia Iglesia, en la plena libertad de cada quien para elegir, bajo su propia responsabilidad, entre el bien y el mal. Y es justamente el libre albedrío la base de la justicia inmanente en el castigo a los pecadores, pues si el hombre no fuera libre para elegir entre el bien y el mal, no sería responsable de sus pecados y, por tanto, no podría ser castigado por ellos. Cuando la Iglesia obliga a sus creyentes, mediante cualquier tipo de coacción, a obrar en contra de su deseo o voluntad, sean estos buenos o malos, descarga al individuo de la responsabilidad de obrar correctamente y se arroga ese derecho como institución. Es decir, ya no es el individuo quien escoge libremente; es la Iglesia quien lo hace por él. Y esto, lejos de garantizar su salvación, lo condena de alguna manera, porque es muy dudoso que el Juez Supremo admita en su reino a quien confiese que fue virtuoso a la fuerza, es decir, que no pecó sólo porque se lo impidieron. Estará claro que si no pecó de hecho, porque no pudo, se hartó de pecar de pensamiento, palabra y omisión, como dice la propia doctrina católica.
Así pues, la Iglesia tiene vedado el camino de la coacción para hacerse obedecer; no le quedan más recursos que la persuasión, la paciencia, el amor cristiano y el ejemplo, si quiere respetar el libre albedrío de sus ovejas. El proyecto de ley para despenalizar el aborto es correcto y es justo porque protege el derecho de todas, porque permite pero no obliga. Ni las creyentes están obligadas a interrumpir su embarazo si no lo desean, ni las que quieran hacerlo están impedidas de obrar conforme a sus convicciones íntimas. Ambas pueden y deben actuar bajo su estricta responsabilidad. Vistas así las cosas, es claro que la mencionada ley garantiza el pleno respeto al libre albedrío de ambas y favorece su ejercicio; por eso, no puede afirmarse que vaya en contra del mandato divino. Y lo mismo puede y debe decirse de la libertad de conciencia, ya que también ésta respeta la soberanía de cada quien para escoger su credo religioso o para no tener ninguno, asumiendo cada quien las consecuencias de su decisión. Ambas leyes, al ampliar el campo de las libertades del hombre, ofrecen otras tantas oportunidades para que éste ejercite el don divino de libre albedrío, coinciden en sus propósitos con el proyecto del Creador y, por tanto, lejos de contradecir su voluntad, la complementan y refuerzan. La Iglesia de Cristo, entonces, en vez de oponerse a ellas, debe recibirlas con benevolencia y apoyarlas en todo lo que esté de su parte. No creo que la actitud verdaderamente cristiana pueda consistir en otra cosa.
