Según los medios es ya un hecho que,
por resolución del juez respectivo, el depuesto y perseguido
Secretario General del sindicato minero, Napoleón Gómez
Urrutia, será repuesto en su cargo con todas sus obligaciones
y derechos. La sentencia se basa, dicen, en la opinión
de expertos grafólogos, quienes dictaminaron que las
firmas que sirvieron para otorgar la “toma de nota”
(eufemismo para referirse a la bendición oficial impartida
a través de la Secretaría del Trabajo) a un tal
Elías Morales, son falsas y carecen, por tanto, de toda
validez. Aunque para muchos esta rectificación no pase
de ser un incidente más en nuestra accidentada vida política,
yo creo que hay más de un motivo para celebrar el acontecimiento
y para aplaudirlo sin reservas, como una buena señal
(la primera cierta y no inventada para mi gusto) del presidente
Felipe Calderón.
En primer lugar, porque muestra que hay disposición para
acatar y aplicar la ley sin trampas ni retorcimientos a gusto
de los poderosos; amén de que trasluce valor y honestidad
para reconocer a cara descubierta, ante la nación entera,
que se cometió un atropello y una injusticia desde las
más altas esferas de los poderes ejecutivo y judicial.
Casos como éste no son muy comunes en nuestros días.
Pero eso no es todo. El propio Presidente ha declarado, en discursos
públicos posteriores, que ese acto de justicia no debe
verse como un hecho aislado, sino como parte integrante de la
política sindical de su gobierno, misma que consistirá,
dice, en el pleno respeto a la autonomía y a la democracia
de los sindicatos, y en el reconocimiento de cualquier líder
que acredite, limpia y legalmente, la representatividad de sus
compañeros. En otras palabras: el Presidente se compromete
a no perseguir un sindicalismo sumiso e incondicional para controlar
y manipular a los obreros, ni, por tanto, imponer ni sostener
a líderes espurios al frente de los sindicatos del país.
Y esto es mucho más importante y trascendente por lo
siguiente: todo mundo reconoce que el problema fundamental de
México es la tremenda concentración de la riqueza,
lo que genera, en el otro polo, una lacerante pobreza que cada
día crece más en magnitud e intensidad. Pero nadie,
o muy pocos, se atreve a denunciar las causas de tan explosiva
situación, y menos a proponer medidas concretas, precisas
y efectivas, no “para reducir la pobreza” (eso no
pasa de ser un eufemismo que invita al asistencialismo y a la
filantropía privada) sino para repartir la riqueza que
generamos entre todos como la única ruta cierta para
combatir con éxito la desigualdad social. Nadie dice,
por ejemplo, que “repartir la riqueza” es crear
empleo para todo aquél que lo solicite; elevar los salarios
no en un raquítico e insultante 3.5 por ciento, como
acaba de hacerse, sino en 100, 200 ó más por ciento,
para que alcancen a cubrir las necesidades básicas de
una familia de 5 miembros. Tampoco se dice que si el gobierno
busca en serio el reparto equitativo de la renta nacional, debe
incrementar sustancialmente el gasto social, así como
la eficacia y la honradez con que se aplica, mejorando en cantidad
y calidad la educación popular, invirtiendo más
en investigación y generación de innovaciones
productivas, garantizando servicios médicos de calidad
para todos, dotando a todo mundo de servicios como vivienda,
agua, drenaje, electricidad, pavimento, caminos y otros medios
modernos de comunicación. En fin, mejorando la calidad
de vida de la clase productiva, para elevar con ello su capacidad
de generar riqueza nueva.
Quiero decir que nadie señala directamente a los responsables
del desastre, ni dice que sacarnos del mismo es una obligación,
tanto de quienes acaparan la riqueza como de quienes manejan
los dineros públicos. Nadie quiere enemistarse con ambos
poderes denunciando que el combate a fondo de la pobreza no
está entre sus prioridades, razón por la cual
el alivio a los marginados no llegará nunca “de
arriba”, por voluntad y misericordia de los que todo lo
tienen, sino que es indispensable una fuerza social capaz de
obligarlos a tomar las decisiones que el país exige.
Justamente por esto último, es claro que el charrismo
sindical, al no jugar su papel de equilibrio y contrapeso, es
responsable, en buena medida, de la pobreza que reina en el
país. Y es por esto también que una política
de respeto a la independencia y a la democracia sindicales,
como la que anuncia el presidente Calderón, puede significar
un vuelco en la política económica del país
en favor de los más desprotegidos. Claro está
que para ello se requiere que, en efecto, el caso de Napoleón
sea parte de una política integral y consistente, sostenida
contra viento y marea, y no una medida cortoplacista sin relación
con el verdadero interés nacional.
Apego a la ley; respeto al sindicalismo independiente. Para
probar que esto es algo más que una maniobra de coyuntura,
el presidente Calderón tiene el reto de avanzar hacia
otros casos de igual naturaleza y aplicar en ellos la misma
medida. Allí está el caso de Cristina Rosas, presa
por órdenes del gobernador de Querétaro desde
hace dos años, acusada de delitos prefabricados como
los de Napoleón; y allí está el vil y cobarde
asesinato del joven Jorge Obispo Hernández, víctima
de la violencia política ultraderechista, que va a cumplir
un año esperando justicia. Ambos son una inmejorable
oportunidad para que el gobierno calderonista demuestre que,
para él, hay una sola ley y una sola justicia, mismas
que se aplicarán a todos por parejo, sin banderías
partidistas y sin tomar en cuenta la importancia económica
y política de las víctimas.
