Jorge Obispo Hernández, joven potosino
de apenas 23 años, fue brutalmente asesinado en Ciudad
Satélite, municipio de Naucalpan, Estado de México,
el día 1° de julio de 2006, víspera de la
elección presidencial de ese año. Su asesinato
no fue un crimen común y corriente; estuvo rodeado, antes,
durante y después de cometido, de graves circunstancias
de claro corte terrorista que, tomadas en conjunto, indican
claramente que se trató de un crimen político.
Veamos por qué.
....Primero. Para
la fecha en que Obispo fue asesinado, la Profesora Cristina
Rosas Illescas, líder antorchista en Querétaro,
llevaba ya más de un año injustamente encarcelada
por órdenes directas del gobernador de ese estado, Francisco
Garrido Patrón, y de su secretario de Gobierno, Alfredo
Botello Montes. Por esa causa, y por la total falta de atención
a las demandas de gente humilde y de la casa de estudiantes
“José María Arteaga”, que solicitaba
(y solicita) un modesto subsidio para subsistir, un grupo de
colonos y estudiantes mantenían un plantón, permanente
pero pacífico, frente a palacio de gobierno. Garrido
y Botello, primero, respondieron con la represión policiaca
directa y brutal, que no se detuvo ni siquiera ante las mujeres,
los ancianos y los menores de edad. Con todos ellos arrambló
varias veces la fuerza pública; hubo golpizas, secuestros
exprés, acoso sexual y detenciones temporales de cientos
de manifestantes, entre los cuales figuran Julio César
Medina Baltazar y Rigoberto García Arriaga, dos estudiantes
que estuvieron presos más de un año “por
haberle roto los lentes” a un policía. Pero los
manifestantes no se doblaron.
....Segundo. Ante
el rotundo fracaso de la política del garrote, hizo su
aparición el terrorismo cibernético. A la página
web de Antorcha Campesina comenzaron a llegar anónimos
llenos de insultos de la más baja factura y de obscenidades
que delataban la mentalidad psicótica de sus autores,
los cuales contenían las más escalofriantes amenazas
contra la vida de los principales líderes antorchistas
así como el amago de “incendiar todas sus oficinas
y sus sedes”, donde quiera que se encontrasen. El fundamentalismo
religioso, de ultraderecha, de sus autores, así como
su ideario fascista de control militar de la sociedad y de eliminación
física de sus “enemigos” quedaba fuera de
toda duda.
....Tercero. Los
antorchistas no se intimidaron y respondieron con la denuncia
pública de las amenazas y con la exigencia de que las
autoridades correspondientes investigaran su origen, castigaran
a sus autores e intervinieran para poner en libertad a Cristina
Rosas Illescas. Para ello, realizaron una magna concentración
nacional, que reunió a más de 70 mil antorchistas
en el Zócalo de la Ciudad de México, el día
12 de junio de 2006. Allí denunciaron las amenazas de
muerte, la política policiaco-represiva de Garrido Patrón
y los atropellos a la ley para mantener presa a Cristina. El
terrorismo cibernético, pues, había fracasado
también.
....Cuarto. Es
en este contexto en el que ocurre el asesinato de Jorge Obispo
Hernández. Fue el sábado 1° de julio a las
dos y media de la tarde, es decir, a plena luz del día
y a la vista de los vecinos. Los asesinos entraron forzando
la puerta eléctrica que da a la calle, sin cuidarse del
ruido que provocaba su maniobra; y lo mismo hicieron al volar
las cerraduras de las dos puertas que dan acceso a la sala.
Obispo no pudo hacer resistencia y, a pesar de ello, sus verdugos
hicieron seis disparos, provocando un ruido ensordecedor según
testigos. De esos seis disparos, sólo tres impactaron
a Obispo, los otros tres fueron hechos por los sicarios sólo
para llamar la atención. Ítem más: no se
llevaron absolutamente nada; no movieron siquiera un jarrón
o un libro; querían dejar claro que no entraron a robar
sino a matar; y la calma y las pocas precauciones que tomaron
prueban que sabían que había una sola persona.
Tal información sólo se las pudo dar, o bien el
espionaje oficial o bien la policía municipal, que conocía
los movimientos habituales de la casa por tener un módulo
permanente de vigilancia a pocos pasos de la misma. En abono
de esta hipótesis, los policías de turno se negaron
a prestar auxilio a la víctima, alegando que no tenían
permiso para entrar en la casa, pero tampoco dieron parte al
Ministerio Público, cosa que sí podían
y debían hacer.
....Quinto. Después
del crimen, y para acallar las denuncias del antorchismo nacional,
se recrudeció el terrorismo cibernético. Ahora,
además de a la página de Antorcha, comenzaron
a llegar insultos obscenos y amenazas de muerte para los líderes
antorchistas y sus pequeños hijos, a través de
teléfonos celulares y computadoras de varios jovencitos
mientras “chateaban” con algún amigo. De
estos hechos, del uso infame de la religión cristiana,
dimos parte al señor Cardenal Norberto Rivera Carrera
pidiendo su intervención, quien, por fortuna, atendió
nuestra respetuosa solicitud.
....Sexto. Después
de eso, las aguas parecieron calmarse. Pero al cumplirse dos
años de la injusta prisión de Cristina y un año
del asesinato de Obispo, el terror cibernético ha vuelto
con mayor virulencia. Ahora las amenazas son contra Magdalena
Reséndiz Jiménez, líder de la casa “José
María Arteaga”, y dos de sus compañeros
varones. Esa misma casa, quizá para hacer más
creíbles las amenazas, fue allanada por tres sujetos
quienes, después de revolverlo todo, dejaron un mensaje
escrito en su estilo sucio de psicóticos fanatizados,
en el que reiteran sus amenazas. Los jóvenes, miembros
de la Federación Nacional de Estudiantes Rafael Ramírez
(FNERR), realizaron una marcha nacional de 25 mil gentes en
la capital del país, el 19 de julio, para solicitar al
Presidente de la República ponga freno a Garrido y haga
justicia a Cristina. En respuesta, se amenaza ahora, directamente,
al Profesor Jerónimo Gurrola Grave, actual líder
de Antorcha en Querétaro. Dos diputados panistas, Alejandro
Straffon Báez y Eric Salas González, andan merodeando
al líder y amenazan con desalojarlo de su casa y refundirlo
en la cárcel con un delito prefabricado.
....Por todo esto, hoy queda más
claro que nunca que el asesinato de Obispo fue un crimen de
Estado que puede repetirse en cualquier momento si no se castiga
a sus asesinos. Apelamos al Procurador General de Justicia del
Estado de México y al gobernador, licenciado Enrique
Peña Nieto, para que desatoren las investigaciones y
se haga justicia verdadera. Si no, lo que pueda pasarle a otros
inocentes será responsabilidad de quienes hacen de la
ley, y del Estado de Derecho, letra muerta para la mayoría
de los mexicanos.
* Colaboraciones
anteriores
