Como he dicho en colaboraciones anteriores, desde que la reforma política extendió carta de legitimidad a la oposición de izquierda, todos los partidos políticos sin excepción, unificados por su “compromiso” de luchar por el poder única y exclusivamente mediante el voto popular, con exclusión de cualquier otro procedimiento, se ha desatado una verdadera cacería en contra de las organizaciones sociales no partidarias, a pesar de estar amparadas por la ley, con el fin de suprimirlas definitivamente del escenario nacional. Punta de lanza de esa guerra en el frente ideológico lo constituyen las acusaciones, cada día más extendidas y más intensamente empleadas por politicastros y grupillos de todo pelaje, de “corporativas” y “clientelares” que se les endilga a la menor provocación. Como del primero de esos “delitos” ya me ocupé en algún trabajo anterior, hoy quiero referirme al segundo de ellos, es decir, a la acusación de “clientelares” que también se emplea con singular alegría, para devaluarlas y satanizarlas ante la opinión pública.
Empezaré diciendo que también aquí, como en el caso del “corporativismo”, estamos frente a un término extraído de la economía; más concretamente, de la actividad de cualquier productor o empresa que saque al mercado sus productos con la intención de venderlos, es decir, de hallarles un “cliente”. Y ¿qué es un cliente para este tipo de negociante? Es aquella persona o empresa que, convencidos por su experiencia propia de la buena calidad de la mercancía en cuestión, o, cuando menos, seducidos por una propaganda atractiva y bien diseñada, decide que ése es el producto, la marca de producto que comprará cada vez que tenga la necesidad y los recursos suficientes para adquirirlo. Dicho brevemente: un “cliente” es alguien que, por así convenir a sus intereses, se vuelve un fiel comprador, un consumidor constante de una cierta mercancía, siempre la misma, con exclusión de cualquier otra semejante de las que el mercado le ofrece.
Entendidas así las cosas, ¿cuál es el delito del vendedor o del empresario que se ha ganado un cliente? ¿Dónde está el perjuicio, o la violencia sobre el comprador que pudiera convertir en delito la acción de ganarse un cliente? Lejos de ello, como lo entiende cualquiera con dos dedos de frente, aquí se trata de un beneficio mutuo y libremente admitido: del cliente, porque obtiene el producto que necesita con la calidad que demanda; del vendedor o empresario porque asegura un comprador para su mercancía cada vez que la lleve al mercado. Pues bien, traslado el asunto al terreno político, ¿qué debemos entender por una “organización clientelar”? Evidentemente también, una organización que, por el contenido de su discurso político, por la calidad de su programa de acción, por la coincidencia plena entre aquello por lo que se propone luchar y lo que la gente quiere, demanda y necesita, logra que el ciudadano “compre su oferta” y se convierta en su “cliente” fiel, en un militante firme y decidido a defender, junto con todos aquellos que estén en su misma situación, los derechos y beneficios que él, mejor que nadie, sabe que le convienen y que los necesita. Por lo tanto, también aquí cabe la pregunta: ¿dónde está el delito? ¿Dónde está el daño o el perjuicio que esa organización “clientelar” causa a sus agremiados? ¿No es evidente, por el contrario, que un “cliente” así se beneficia al unirse con otros para conseguir lo que solo jamás podría? Pienso que sólo un loco o un perverso se atrevería a sostener lo contrario.
Pero no quiero eludir la cuestión en los términos en que la plantean los enemigos de la organización popular. Según ellos, una organización es “clientelar” cuando engaña a la gente con dádivas y beneficios a cambio de su militancia y su adhesión, para los fines perversos de los líderes. Sea así. Esto implica, entonces, que para que se configure su carácter “clientelar”, el organismo debe reunir dos condiciones indispensables: primera, tener de antemano recursos con qué cohechar a la gente (despensas, láminas, terrenos para vivienda, dinero para pagar pensiones, etc.); además, estar en posición de hacer promesas creíbles para un futuro cercano. Segunda, los líderes “clientelares” deben tener un propósito preciso y claro para cuya realización necesitan engañar a la gente con dádivas y promesas. Si esto es así, entonces ninguna organización de lucha popular puede ser “clientelar”, en primer lugar porque, por su propia naturaleza, carece absolutamente de recursos para otorgar dádivas a los posibles “clientes”, y tampoco puede prometer nada para un futuro previsible porque no anda tras el poder. Una organización así, no une a la gente “a cambio de” resolverle sus demandas, sino, precisamente, “para que”, junto con otros, obliguen al poderoso a atender sus necesidades. Segundo, porque tal organización no tiene ningún objetivo distinto al de sus agremiados; no busca votos para hacerse con el poder. Su única meta es la lucha por los intereses colectivos.
Por tanto, las únicas organizaciones “clientelares” son, precisamente, los partidos políticos y sus corifeos, esos que satanizan a la organización popular. Ellos sí, cada vez que hay elecciones y gracias al financiamiento público, le regalan al pobre una bola de porquerías inservibles y, ya en el poder, instrumentan programas “de apoyo” a los sectores vulnerables, para asegurar su voto futuro. Además, ellos sí tienen un interés evidente e inmediato que los mueve a perseguir a los “clientes”: llegar al poder mediante el voto comprado para, desde ahí, despacharse con la cuchara grande. Éste es el verdadero “clientelismo” del que no escapan, por supuesto, ni el PRD ni sus grupos satélites, que son quienes más nos atacan y acusan de “corporativos” y de “clientelares”. Es la vieja táctica del que grita “¡al ladrón, al ladrón!” para alejar de sí las sospechas; es el viejo cinismo que consiste en echar la culpa propia sobre espaldas ajenas, para engañar a los ingenuos y a los menos enterados. Pero también la credulidad popular tiene un límite.
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