Cualquier fenómeno natural con cierta
capacidad destructiva saca a relucir una de las injusticias
sociales más graves y generalizadas en nuestro país:
la falta de vivienda digna y segura. Una simple “tormenta
tropical”, poco más intensa que una lluvia normal,
basta para provocar las escenas desgarradoras de cientos y miles
de personas con sus casas inundadas, semidestruidas, o de plano
derrumbadas, muchas veces incluso sobre las cabezas de sus dueños.
Provoca ira, ira solidaria con el dolor ajeno, contemplar “en
vivo y en directo” por televisión a esas familias
que, de la noche a la mañana, lo pierden todo y quedan
literalmente en la calle gracias a lo accidentado del terreno
donde viven y a los materiales perecederos de sus viviendas.
Diré de paso que causa igual indignación la manipulación
de muchos medios informativos que se regodean mostrando las
miserias más íntimas de esa pobre gente, que hacen
un espectáculo mediático de su dolor para consumo
de un público morboso y mal educado, que fingen compasión
sólo para poder exhibirlos en actitudes degradantes con
el pretexto de servir fielmente a la verdad, cuando lo cierto
es que sólo se trata de elevar el “rating”
del programa o del noticiero en cuestión.
Pero volvamos a nuestro asunto. Decía yo que es ya normal
contemplar, después de algún evento natural, una
estela de destrucción, de sufrimiento humano que indudablemente
subleva. Y que subleva más cuando comprobamos que el
total de los afectados son siempre gente muy pobre: obreros,
campesinos emigrados a los cinturones de miseria, subempleados
de todo tipo, trabajadoras domésticas, mujeres abandonadas
o cuyos maridos no ganan ni el salario mínimo, desempleadas,
viudas y así por el estilo; cuando constatamos, finalmente,
que las colonias más dañadas son precisamente
aquellas donde viven los pobres, donde vive el pueblo humilde
y trabajador. En síntesis, pues, todo duele más
cuando nos damos cuenta de que las víctimas lo son más
de la injusticia social que las priva de una vivienda digna
y segura que del fenómeno natural en cuestión.
Y como no hay desgracia que venga sola, tras la inundación
de aguas negras viene la negra inundación de demagogia
de los políticos, la catarata de promesas de ayuda que
nunca llega, de reparación de daños cuyos fondos
se quedan en manos de los encargados de aplicarlos, de ofrecimientos
de reubicación y entrega de vivienda segura que jamás
van más allá de la “foto” para engañar
a la opinión pública. Junto con esto, va el “gran
despliegue de gentes y de recursos de logística”:
miles de soldados, de marinos, de policías; ejércitos
de funcionarios de las distintas dependencias relacionadas con
el caso que acuden en ayuda de los necesitados. Decenas y hasta
cientos de millones de pesos se derrochan inútilmente
en el traslado, ubicación y alimentación de toda
esta gente que, a la postre, poco o nada hace por las víctimas.
Quien se tome la molestia de visitar la zona de desastre un
año después, por ejemplo, se va a topar con la
sorpresa de que todo sigue igual, o casi igual, que a raíz
de la tragedia; que los damnificados se quedaron esperando la
ayuda; que algunos vivales hicieron su agosto secuestrándola
y escondiéndola para financiar sus campañas políticas,
y que no vacilaron en ocultarla bajo toneladas de tierra cuando
se les echó a perder, para ocultar su fechoría.
Una burla en toda forma.
Y es que el remedio no está en curar el daño cuando
ya está hecho o, como dice el refrán, “en
tapar el pozo después de ahogado el niño”.
Hay que atacar las causas en su raíz para evitar a tiempo
las consecuencias. Y las causas las conoce todo el mundo: falta
total de una política de cuidado y conservación
de la ecología; cero planificación racional del
crecimiento de las poblaciones (lo que lleva a los necesitados
a asentarse en áreas de riesgo) y cero atención
al problema de la vivienda popular. Está demostrado que
los estragos causados por fenómenos naturales pueden
reducirse casi a cero si sólo se atienden dos cuestiones
fundamentales: áreas adecuadas para los asentamientos
humanos y una vivienda segura, hecha con materiales sólidos
y resistentes, para todos. Con ello se evita ese monstruoso
desperdicio de recursos para mover a ejércitos de inútiles
en cada emergencia; basta con que la gente se recluya en sus
casas y tome las precauciones mínimas del caso, más
una vigilancia y ayuda mínima por parte del Estado.
Pero en México vemos otra cosa muy distinta. Por todos
lados brotan leyes persecutorias que criminalizan la lucha popular
por la vivienda, leyes que estipulan penas severísimas
de cárcel para quien se atreva a promover esa demanda
en la forma que sea. Los argumentos para justificar esa saña
persecutoria son muchos y de variada índole; pero la
verdad es una sola: se trata, de una parte, de impedir que las
organizaciones populares se multipliquen y crezcan y, de otra,
garantizar a las grandes inmobiliarias el monopolio de las “viviendas
de interés social” hechas de pacotilla, a precios
prohibitivos para los más pobres. Y las amenazas no son
de broma. Ahí está el caso de la valiente luchadora
Cristina Rosas Illescas, presa desde hace dos años en
una mazmorra de Querétaro por órdenes del gobernador
Garrido Patrón, sólo por atreverse a pelear en
serio vivienda para los humildes. Así se cierra la pinza
mortal sobre los sin techo: de un lado, los desastres naturales
que cada día son más intensos y frecuentes a causa
del cambio climático del planeta; y de otro, la persecución
encarnizada de las voraces constructoras, a través de
sus servidores políticos, contra todo aquél que
quiera cambiar sus endebles, estrechos, sucios e incómodos
cuchitriles por una vivienda amplia, limpia y segura. Seguiremos,
pues, presenciando desastres humanos y oyendo los falsos lamentos
de las plañideras de los medios de comunicación,
así como las promesas, más falsas aún,
de los políticos arribistas que viven de engañar
al pueblo mientras se gastan alegremente el dinero de sus impuestos.
