Con motivo del cierre de una televisora privada
que mucho hizo (y sigue haciendo en la medida en que puede)
para desprestigiar a su gobierno dentro y fuera del país,
al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le cayó
una tormenta de críticas y condenas, tan tupida y múltiple,
como poco se ha visto en la historia reciente de América
Latina. El argumento común de los miembros de la cruzada
antichavista, que van desde el gobierno de Estados Unidos hasta
las iglesias, los intelectuales enemigos del “populismo”
y los dueños de los medios de comunicación más
poderosos del mundo, es “la defensa de la libertad de
expresión”. Según todos ellos, este derecho
inalienable del hombre libre, hace la diferencia entre una democracia
y una dictadura, cualquiera que sea su signo ideológico.
Y sí, tienen razón. Toda dictadura, abierta o
escondida detrás de una montaña de leyes, códigos
y reglamentos que regulan y controlan hasta los movimientos
más elementales e íntimos del ciudadano, tiene
una necesidad intrínseca de acallar cualquier crítica
o protesta de los oprimidos, de sofocar cualquier manifestación
de descontento que ponga en riesgo, o por lo menos erosione
en alguna medida, el control absoluto del dictador (individual
o colectivo) sobre sus domesticados súbditos. La “libertad
de expresión” ha sido siempre, por tanto, una demanda
del pueblo, una bandera de los movimientos, partidos y personalidades
opuestos al poder dominante, porque ven en ella un arma de liberación
y una poderosa ayuda para el triunfo de su causa. Por eso, detrás
de la sospechosa unanimidad de tirios y troyanos en contra de
Hugo Chávez, hay un inconfundible tufillo a impostura
y manipulación.
....Para medir la libertad de expresión
de un país, no hay que atenerse a lo que digan los dueños
de los medios informativos, los que deciden a voluntad qué
se difunde, qué se informa, qué se ensalza o se
denigra en las páginas de sus diarios o en sus programas
televisivos. Hay que ver qué pasa en el seno del pueblo;
cuántos, cuáles y qué tan eficientes son
los canales de acceso del hombre de la calle (y de los grupos
y corrientes que lo representan) a los medios masivos de comunicación
y, a través de ellos, a la opinión pública.
Y es claro que, si aplicamos este criterio a nuestro país,
en donde la condena a Chávez fue particularmente ruidosa,
tendríamos que concluir que no pasamos la prueba. En
efecto, entre nosotros, aunque a muchos no les guste, esa “libertad”
está limitada a los dueños y a los directivos
de los medios, a reporteros, columnistas y articulistas que
tienen la suerte de poder publicar sus trabajos y opiniones
en ellos (aunque más de uno descubra, un buen día,
que su “libertad de expresión” tiene por
límite los intereses económicos y políticos
de su patrón) y, finalmente, a quienes tienen el dinero
y/o las relaciones necesarias para abrirse un espacio mediático
a la altura de sus necesidades o de sus ambiciones. Los demás,
organizaciones o ciudadanos aislados, están total y definitivamente
excluidos del paraíso de la “libertad de expresión”.
....Todas estas fuerzas sociales,
lejos de gozar de libertad para expresar lo que piensan y sienten,
tienen que sufrir pacientemente la forma abusiva, agresiva y
calumniosa en que los privilegiados ejercen el derecho que a
ellas se les niega. Justamente en eso pensé al leer,
en la semana que terminó, varias “noticias”
absolutamente inventadas y claramente orientadas a seguir dañando
la imagen, ya de por sí deformada y perversa, que sus
enemigos gratuitos le han construido a Antorcha Campesina, exclusivamente
en los medios y a través de los medios (es decir, sin
ningún respaldo en hechos comprobables). Varios diarios
michoacanos, y alguno nacional, difundieron la versión
de que los líderes antorchistas de ese estado indujeron
el voto de sus compañeros a favor de uno de los precandidatos
del PRD al gobierno michoacano, prometiéndoles dinero
o despensas, promesa que, según el infundio, ni siquiera
se cumplió. Eso es falso; es una invención de
punta a cabo cuyos fines aviesos no es difícil adivinar,
ya que el precandidato triunfante, Leonel Godoy, no ha disimulado
nunca su desprecio hacia los antorchistas y sus dirigentes.
....Zeferino Torreblanca, gobernador
de Guerrero, acusó a “un líder antorchista”
de estarlo atacando porque le retiró un subsidio de 20
mil pesos que le daba un gobierno anterior. Eso también
es falso; y prueba de ello es que la dirigencia local de Antorcha
retó al gobernador a presentar las pruebas de su acusación
y a demandar, por vía judicial, la devolución
de ese dinero, a lo que aquel sólo ha dado la callada
por respuesta. Suma y sigue. Vecinos de Ixtapaluca, Estado de
México, cerraron la carretera federal México-Puebla
en demanda de que se esclarezca el secuestro y asesinato de
una menor. La prensa, ni tarda ni perezosa, dijo que los “alborotadores”
eran antorchistas. Falso nuevamente. Era gente cercana a la
familia de la víctima que pidió y obtuvo amplio
respaldo popular, pero no sólo de Antorcha ni encabezados
por Antorcha. Finalmente, el presidente de Toluca, un satrapilla
desvergonzado, no conforme con negar vivienda a los pobres de
su Municipio, salió a los medios a declarar que su política
de oídos sordos es algo “perfectamente planeado”
y que, por lo mismo, la protesta de los inconformes no le significa
presión alguna. Pero, eso sí, amenaza con denunciarlos
ante Derechos Humanos “por la contaminación auditiva
que provocan”. ¿Qué le parece, amigo lector?
Estas, y muchas agresiones más por el estilo, hemos recibido
sin que podamos defendernos, sin que podamos responder a nuestros
detractores con la claridad y contundencia que merecen, precisamente
por falta de “libertad de expresión”.
....En México, y esto debería
tenerlo claro todo mundo, la única vía realmente
popular para ejercer la “libertad de expresión”
es la protesta pública, esto es, marchas, mítines
y plantones básicamente. Pues bien, a últimas
fechas hasta esta precaria rendija de libertad está siendo
atacada y satanizada por los sectores más reaccionarios,
alegando que “viola el derecho al libre tránsito”
de los automovilistas. Y así es, en efecto. En ello reside,
precisamente, su relativa eficacia como arma de lucha. Querer
“reglamentarla” o prohibirla alegando como defecto
lo que es su mérito principal, es darle la puntilla al
último reducto de verdadera “libertad de expresión”
que queda en el país; y es, por tanto, quitarle la hoja
de parra a nuestra “democracia” para dejarla en
cueros, para exhibirla, de acuerdo con la medida que se le aplicó
al Presidente Chávez, como una dictadura en la cual a
los pobres se les quita hasta el derecho al pataleo. ¡Síganle
pues; por ahí vamos bien!
* Colaboraciones
anteriores
