Es cosa muy sabida que, como expresión
del desarrollo desigual del país y del abandono gubernamental
de aquellas regiones que ofrecen pocas ventajas a los grandes
capitales, los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero se disputan
el primer lugar en materia de pobreza, marginación y
todos los males derivados de esas dos plagas apocalípticas.
Semejante situación no es reciente: sobran investigaciones
serias que señalan su dimensión y gravedad y ponen
al descubierto sus causas profundas; abundan también
organizaciones y partidos políticos en busca de votos
que, de cuando en vez, denuncian el problema, y hasta los propios
medios masivos de información han alertado sobre ello
a la comunidad nacional. A pesar de todo, esa pesadilla social
ha resistido todos los ataques en su contra y ahí sigue
tan campante, como reza la propaganda de conocida bebida espirituosa.
Pero hay más: dentro de los estados rezagados existen
bolsones de miseria donde la gente, literalmente, se muere de
hambre, de insalubridad y de ignorancia. Se trata de pueblos
y comunidades paupérrimos en los que falta todo: caminos,
escuelas, hospitales, vivienda digna, electricidad, agua potable,
drenaje y, desde luego y en primer lugar, fuentes de empleo
dignas y bien remuneradas. Uno de tales bolsones, conocido incluso
a escala internacional, se encuentra precisamente en el estado
de Guerrero. Se trata de la famosa “región de La
Montaña” cuyo desastroso abandono fue denunciado,
no hace mucho, por el destacado periodista Saúl Sánchez
Lemus, de la cadena Televisa.
Pues bien, hasta los más apartados
rincones de esa abrupta e inhóspita región han
llegado los activistas de Antorcha Campesina (y hay que aclarar,
porque hace al caso, que eso ocurrió mucho tiempo antes
del documental de Televisa) para tratar de conocer y recoger
la problemática fundamental de los pueblos, organizar
y concientizar a sus habitantes y encauzarlos, dentro de la
legalidad y el derecho, para que exijan con tenacidad y determinación
la atención a sus demandas y la solución justiciera
y oportuna de sus carencias fundamentales. Y sí: varias
comunidades indígenas de La Montaña han captado
el espíritu solidario de los antorchistas que los visitan,
se han convencido del desinterés y de la profunda honestidad
del apoyo y la solidaridad que les ofrecen, y han respondido
a su llamado incorporándose a la lucha organizada para
sacar a su región de la pobreza, el atraso y el hambre
seculares que la agobian.
Por esta vía, las demandas de los indígenas
de La Montaña han sido conocidas por varios gobernadores
del estado de Guerrero. Todos ellos han seguido una política
de engaño y contención, es decir, se han limitado
a resolver las carencias de menor impacto social y de menor
costo económico, demandas asistencialistas en una palabra,
con la clara intención de mediatizar a la gente y hacerla
que desista de lo importante y fundamental. Con la llegada al
poder del licenciado Zeferino Torreblanca Galindo, conocido
empresario acapulqueño cobijado por las banderas del
PRD, partido que se proclama abiertamente izquierdista, se encendieron
como nunca las esperanzas de los pobres de La Montaña.
De inmediato urgieron a sus líderes para que se apresuraran
a presentar a la nueva administración su modesto pero
urgente pliego petitorio. Había la casi certeza de que,
ahora sí, serían escuchados y atendidos.
Pero han pasado los meses y esas esperanzas
se han vuelto humo. El gobernador Torreblanca no ha resuelto
los problemas de fondo, pero tampoco, como sus antecesores,
los de corte asistencialista. Es más, ni siquiera ha
consentido un diálogo directo y fluido con los más
pobres del estado que gobierna, negándose reiteradamente
a recibirlos y enviándolos con funcionarios de tercero
o cuarto nivel que, de entrada, aclaran que sólo van
“a escuchar” pero que carecen de poder de decisión.
Y si se les presiona un poco, no vacilan en responder que “no
hay presupuesto para ese tipo de obras”. Han resultado
totalmente infructuosas las solicitudes de audiencia, las comisiones
numerosas buscando el diálogo serio y resolutivo, e,
incluso, las manifestaciones y los mítines masivos, llevados
a cabo ante el fracaso de los otros caminos de entendimiento.
Esta actitud del licenciado Zeferino Torreblanca
encierra una grave injusticia y una clara transgresión
de la ley. Es una grave injusticia porque niega atención
a un grupo de sus gobernados cuyo desamparo, pobreza y abandono
no son discutibles, no pueden ser negados ni ocultados por nadie
ya que, hay que repetirlo, son incluso del dominio del mundo
entero. Y es una transgresión de la ley porque desconoce
a una organización social legítima, que existe
al amparo de los artículos octavo y noveno de la Constitución
General de la República. No dialogar con Antorcha Campesina,
no contestar a sus demandas justas, legales y legítimas,
es violar, primero, el derecho de asociación y organización
con fines lícitos, de que goza todo mexicano, y, segundo,
es hacer nugatorio el derecho de petición, también
tutelado por la Constitución. Tal soberbia, semejante
menosprecio a la gente, es condenable siempre; pero se vuelve
algo inaudito, casi un absurdo, en un estado, en una región
donde el abuso y el olvido ya no son tolerables, ya no pueden
esperar por mucho tiempo más. El gobernador Torreblanca
debería reconsiderar su política y su trato hacia
los antorchistas; éstos, por su parte y con todo el apoyo
de sus compañeros del país, deben perseverar y
arreciar en su justa lucha, ya que con ella llevan alivio a
los más pobres entre los pobres y contribuyen a la paz
y a la concordia nacionales. De eso no deben tener ninguna duda.
