Parece que nadie sabe con exactitud, fuera del cerrado círculo de funcionarios que manejan el asunto en razón de su cargo, en qué consiste exactamente el tan llevado y traído “Plan Mérida” dizque para el combate más efectivo al narcotráfico. Sin embargo, gente de los medios normalmente bien informada ha sugerido, e incluso ha dicho abiertamente, que la secrecía con que se maneja dicho plan es un indicador seguro de que algo turbio se oculta a la opinión pública nacional. A mí me parece que el razonamiento no carece de lógica y que, por tanto, si no da enteramente en el clavo, no anda muy lejos de él. Recientemente (poco más de una semana) recibimos la visita del jefe de la seguridad norteamericana, Michael Chertof, según se dijo oficialmente, “para discutir con las autoridades mexicanas el Plan Mérida”. Los medios dijeron que la reunión fue a puerta cerrada, de modo que nadie, salvo los iniciados, pudieron saber directamente qué se trató en el cónclave; pero se pudo constatar que mientras por la parte norteamericana sólo estuvo Chertof, por la parte mexicana asistió todo el gabinete de seguridad del gobierno federal, incluidos el general Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina y el señor Procurador General de la República. También se dijo que el escenario estuvo dispuesto y preparado con más sigilo y detalle que cuando ese mismo gabinete se reúne con su jefe nato, el Presidente de la República; que parecía, en suma, una sesión de trabajo entre un alto jefe y sus subordinados y no un encuentro entre iguales. Naturalmente que este tipo de eventos renuevan las suspicacias que ya de por sí ha despertado el asunto.
Sin embargo, una cosa está clara en medio de todo esto: que el “Plan Mérida” implica el trasiego de 400 millones de dólares de las arcas de Estados Unidos a México. Por ello, haciendo a un lado cualquier tipo de especulación, fundada o no, ateniéndonos sólo a este hecho que está fuera de duda, yo creo que todos deberíamos preguntarnos (y alguien nos debería contestar con toda veracidad y puntualidad): ¿es esto lo que México necesita para ganar la guerra contra el narcotráfico? ¿Es precisamente dinero lo que requerimos para que los golpes de las fuerzas del orden sean más precisos, inequívocos y efectivos en la tarea de aniquilar células, casas de seguridad, arsenales secretos, escondites de dinero, cargamentos y escondites de droga? ¿Es sólo más dinero lo que hace falta para anular la capacidad ofensiva y de fuego del narcotráfico, para reducirlo a la impotencia y, de ese modo, parar ya el río de sangre que está corriendo todos los días por las calles de casi todas nuestras grandes ciudades?
Escucho y leo a profesionales de la comunicación que opinan que lo que verdaderamente está fallando en esta guerra de baja intensidad son dos cosas, que aunque tienen que ver lógicamente con los recursos pecuniarios de que se disponga, no pueden reducirse, de ningún modo, sólo a eso. Se trata, dicen, en primer lugar, de que la “inteligencia nacional” está increíblemente mal organizada, mal orientada y carente de los conocimientos altamente especializados que se requieren para estudiar bien al enemigo, para infiltrarlo en todos sus niveles y centros de mando y decisión y así conocer, desde dentro, sus planes, recursos, movimientos y emplazamientos precisos. El CISEN, dicen (la noticia ha estado de moda en estos días), se ocupa más de espiar a políticos, líderes y organizaciones sociales, que a estudiar el modus operandi del crimen organizado. En segundo lugar, se trata de que prácticamente no hay corporación policiaca que no esté infiltrada, incluso a sus más altos niveles de mando, por las organizaciones del crimen, gracias a la sabia combinación de sobornos millonarios y amenazas muy reales que han sabido aplicar para lograr sus propósitos. Por lo tanto, concluyen, el dinero sólo podrá servir realmente al propósito de ganar la guerra al crimen organizado y restablecer la paz y la tranquilidad sociales, si se aplica puntual y honradamente a corregir ambas deficiencias, es decir, si sirve para reorganizar a fondo y dotar con conocimientos y tecnología de punta a la “inteligencia nacional” y para limpiar, también a fondo, toda la corrupción que hoy anida en los cuerpos policiacos.
La gran pregunta es entonces: ¿es eso, o algo parecido y mejor pensado y diseñado, lo que se propone el “Plan Mérida”? ¿Es eso lo que vino a “discutir” Chertof con el gabinete de seguridad? Si es así, habría que aceptar francamente que vamos por el buen camino; pero si no, si los 400 millones de dólares son un soborno a la nación para que siga sacrificando a sus jueces, agentes del ministerio público, policías de alto y bajo rango y aun a miembros de nuestras heroicas fuerzas armadas en una lucha que, por desigual y mal planeada, está condenada a perderse; en una palabra, si el dinero yanqui es una vulgar “indemnización” por los muertos que ya sufrimos y por los que sufriremos en el futuro, un incentivo para que sigamos sacrificando vidas mexicanas con más ardor y decisión mientras ellos, allá en su país, permiten que la droga circule libremente por sus calles y entre sus jóvenes, entonces tendrían razón quienes afirman que el “Plan Mérida” es sólo una humillación más entre las muchas que hemos padecido a manos de nuestro soberbio y poderoso vecino del norte. Tendríamos que exigir que el gobierno de la República rechace ese dinero porque, de lo contrario, estaríamos aceptando un vergonzoso y sucio trafique con nuestros muertos sólo para regocijo y enriquecimiento de quienes, finalmente, se quedarían con esos millones, sucios de toda suciedad, con la sangre de nuestros caídos en una lucha que, esencialmente vista, no es una lucha nuestra sino de los Estados Unidos, por más que se diga lo contrario.
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