Empujados por la falta de empleos en sus municipios y en toda la región en que viven, y ante la férrea necesidad de ganarse el sustento diario, cada año se dan cita en la ciudad de Ometepec, en la llamada “Costa Chica” de Guerrero, decenas y aún cientos de familias indígenas de las etnias mixteca y amusga, procedentes de los municipios de Igualapa, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Metlatónoc y Cochoapa el Grande, es decir, de una amplia zona conocida en Guerrero y en el mundo por la increíble pobreza, marginación y completo abandono en que vegeta, muriendo lentamente de hambre y de las llamadas “enfermedades de la pobreza”, la inmensa mayoría de sus habitantes. Este primer desplazamiento de los indígenas obedece a que, por estar situado Ometepec sobre la ruta que une a Acapulco con Pinotepa Nacional, Oaxaca, resulta el lugar ideal para esperar la llegada de los “enganchadores”, personas que se encargan de contratarlos y trasladarlos a los campos agrícolas del norte del país, en donde se ganan la vida como asalariados durante buena parte del año. La espera suele durar entre seis y 10 días, tiempo durante el cual familias enteras deambulan por la ciudad en busca de mendrugos para calmar su hambre, y, por la noche, duermen a la intemperie, donde pueden o donde “les dan permiso”, sin la esperanza siquiera de un lugar adecuado para asearse, realizar sus necesidades elementales y descansar con alguna comodidad, antes de emprender el larguísimo viaje que les espera.
Pues bien, desde hace más de 10 años permanecía abandonado (convertido en muladar y en refugio de adictos y malvivientes) un predio de dos hectáreas, aproximadamente, que cuenta (aunque ya casi en ruinas) con oficinas, departamentos, una bodega y un patio pavimentado; además, con un área baldía susceptible de ser lotificada y dotada de servicios para la habitación humana. El predio perteneció a la empresa “Lácteos Costa”, misma que cerró, como digo, hace poco más de 10 años, quedando la propiedad a cargo de un fideicomiso con sede en la Ciudad de México. Los indígenas migrantes, encabezados por su líder natural Pánfilo Mendoza de los Santos y acuciados por la falta de vivienda de quienes, por alguna razón, residen ya en Ometepec, y de un refugio seguro para quienes llegan cada año, presentaron en tiempo y forma una atenta solicitud al gobierno del estado para que los ayudara a adquirir el predio en mención, el cual tiene, además de lo ya dicho, la enorme ventaja de ubicarse al lado del antiguo campo aéreo (hoy en total desuso) que es, por razones de espacio, el punto de concentración y embarque de los jornaleros. Al mismo tiempo, contactaron al referido fideicomiso quien les informó que la propiedad sí estaba en venta por un valor de 6 millones de pesos. Con este dato reforzaron su solicitud ante el gobierno del estado, que se “comprometió”, en principio, a estudiar la solicitud. Jamás hubo una respuesta clara de su parte.
Indígenas migrantes viven en la calle desde hace 67 días, al ser desalojados por Bulmaro Morales Ruiz, conocido en el municipio de Ometepec por su poder económico y sus relaciones políticas. |
Ante el silencio oficial y apremiados por su necesidad, los solicitantes ocuparon el predio el 18 de febrero del año que corre, echando por delante su plena voluntad de pagar la propiedad siempre y cuando se les den las condiciones y plazos que su precaria situación reclama. Durante siete meses no hubo problema; pero, intempestivamente y sin acreditar ningún derecho sobre el inmueble, apareció un sujeto de nombre Bulmaro Morales Ruiz, conocido en la zona por su poder económico y sus relaciones políticas, quien intentó desalojarlos, primero, con amenazas directas al grupo y a su dirigente; sin embargo, ante la firmeza de ambos, el 11 de septiembre se presentó un numeroso grupo de gente fuertemente armada y acompañado de maquinaria pesada, el cual, sin exhibir mandato judicial alguno, procedió a derribar las viviendas ya construidas por los indígenas, prendió fuego a sus modestas pertenencias y los puso literalmente en la calle.
Lo que sigue es historia conocida. Los agredidos se quejaron al presidente municipal, pero, por la fría respuesta del munícipe perredista, comprobaron que es él quien está, en primera instancia, detrás del cacique Bulmaro Morales Ruíz. Acudieron entonces al gobierno del estado y sucedió lo mismo, con la variante de que aquí les aconsejaron, “como único camino”, llevar su caso a los tribunales. Y allí están entrampados desde entonces, sin que al día de hoy se vea clara otra cosa que el tortuguismo malintencionado del poder judicial del Estado. A los indígenas no les ha quedado más remedio, por eso, que plantarse frente a las oficinas del gobernador Zeferino Torreblanca, casualmente perredista también, a partir del 14 de octubre, en demanda de su intervención para destrabar el conflicto y dotar de vivienda y de un albergue seguro a los nómadas guerrerenses. Pero, escudado en el especioso “argumento” de que se trata de un conflicto “entre particulares”, además de que no tiene dinero para dotar de vivienda a los pobres, pues “son muchos y no hay recurso que alcance”, el gobernador y sus “operadores” se desentienden del problema y dejan todo en manos de los rábulas y tabeliones que “imparten justicia” en este maltratado y discriminado (desde siempre) estado del sureste mexicano. Pareciera que todos coinciden en que, después de todo, ¿qué importa una raya más al tigre?
Pero los antorchistas de México no pensamos lo mismo. Estamos convencidos de que urge desatar el nudo gordiano tejido por los intereses y las complicidades de las mafias municipales y estatales y, para ello, creemos útil nuestro apoyo de masas que ofrecemos desde ya. Quizá haga falta llenar las calles de Chilpancingo con pobres de otras latitudes, para que la nación entera vea que la injusticia y el abuso no son patrimonio exclusivo de ningún funcionario, partido o corriente política. Que, tratándose de recursos para los pobres, todos están cortados por la misma tijera.
* Colaboraciones anteriores
