La lucha de los antorchistas de Hidalgo, cotidiana como la de todo el antorchismo nacional, se ha tornado mucho más intensa y cruel desde que asumió la gubernatura Miguel Ángel Osorio Chong. Veamos dos ejemplos recientes. Según dije en un reciente artículo, la comunidad indígena de Pueblo Hidalgo, del municipio huasteco de Tlanchinol, se disponía a elegir a su autoridad municipal local por convocatoria del propio ayuntamiento del municipio; pero alguien sopló al oído del edil, panista por cierto, que una elección abierta la ganaría de calle el candidato antorchista Pedro Odilón Hernández. Por tal motivo, decidió salomónicamente, sin mayores trámites, designar por dedazo a Maximiliano Félix Villegas, un títere incondicional del cacique cenecista Martín Hernández Peña, odiado por todo el pueblo, y del propio edil de Tlanchinol. La gente, encabezada por su líder natural Pedro Odilón Hernández Hernández, se inconformó. Primero ensayó todas las vías legales a su alcance; pero ante el fracaso y el desarrollo paralelo de una furibunda guerra mediática en que se le acusaba de todo, no tuvo otro recurso que plantarse en la cabecera municipal. De inmediato comenzaron las amenazas de desalojo violento y cárcel, amenazas que se cumplieron, como creo haber informado ya, el 25 de abril de los corrientes.
Ante esto, el antorchismo de Hidalgo, ya irritado por el reiterado incumplimiento de una minuta de acuerdos firmada por el Secretario General de Gobierno, Francisco Olvera Ruiz, hoy por cierto candidato a Gobernador por el PRI, decidió instalarse en plantón permanente en Pachuca. La reacción fue inmediata: en dos acciones armadas sucesivas, los esbirros del presidente municipal y de Martín Hernández Peña, al amparo de la noche, secuestraron, atados de pies y manos, a Pedro Odilón Hernández y a cinco líderes más. Los torturaron brutalmente y los sometieron a ayuno y falta de agua por muchas horas, hasta que les arrancaron el “compromiso” de renunciar “por escrito” a su militancia antorchista. A renglón seguido, en “asamblea de pueblo”, obligaron a todos los miembros del grupo, so pena de expulsión de la comunidad y pérdida de sus casas y bienes, a firmar su renuncia a Antorcha Campesina. Hasta hoy, Pueblo Hidalgo sigue sitiado por gente armada que controla la entrada y la salida de la población, y nada se sabe de los heridos. La sincronía entre Tlanchinol y Pachuca, la filiación cenecista del matón Martín Hernández Peña, y la absoluta pasividad del gobierno del estado ante los hechos, dicen a las claras que todos los hilos están en una sola mano: la del gobernador de Hidalgo.
Los antorchistas hidalguenses quedaron, pues, sin nadie más a quién recurrir dentro del estado. Por eso decidieron realizar una caminata de Pachuca al Distrito Federal, para denunciar los abusos al país entero y pedir justicia al Gobierno Federal. La marcha se inició el domingo 30 de mayo con todas las medidas de seguridad del caso, incluidas dos patrullas oficiales a retaguardia, que no pidieron pero que aceptaron de buena fe. Todo transcurrió sin novedad hasta el miércoles 2 de junio; pero ese día, cuando estaban a poco más de un kilómetro de la caseta de cobro de Ecatepec, Estado de México, un autobús de pasajeros se impactó a toda velocidad contra una de las camionetas de los marchistas, la hizo volar por los aires y aterrizar, con todo su peso, sobre la retaguardia de la marcha. El saldo fue de un muerto instantáneo y 18 heridos, cuatro de ellos de extrema gravedad. La Dirección Nacional del Movimiento Antorchista ordenó un peritaje profesional para conocer la verdad de lo ocurrido, peritaje que obra en mi poder.
Según ese trabajo profesional, queda fuera de duda lo siguiente: la visibilidad en el tramo del accidente era de más de un kilómetro hacia adelante y hacia atrás del contingente; no había lluvia, niebla, ni obstáculo fijo que impidiera distinguir con claridad al grupo; tampoco curva, vado o columpio que lo hubiera ocultado momentáneamente. El autobús esquivó hábilmente a los vehículos de zaga, incluidas las patrullas, mientras que a la camioneta de los marchistas la impactó de lleno, en pleno centro de la defensa trasera, lo que prueba que el golpe fue intencional. No hay, además, ni la más mínima señal de intento de frenado en la superficie de rodamiento ni en el acotamiento lateral y, según testimonio de la grúa que lo arrastró al corralón, los frenos del autobús funcionaron tan bien que, para sacarlo del atasco, tuvieron que abrir las balatas mediante un mecanismo neumático especial. Así, pues, el chofer no frenó porque no quiso. Además, testigos presenciales afirman sin vacilar que el vehículo “de pasajeros” iba totalmente vacío, que nunca accionó el claxon, que las patrullas de retaguardia le abrieron intencionalmente el paso y que el chofer no presentaba señales de alcohol, thiner u otra droga detectable por el olfato. El peritaje dice, además, que el vehículo carece del pedal del freno, avería que, a su entender, jamás ocurre por el uso o el desgaste, por lo que concluye que fue removido intencionalmente después del accidente. Conclusión: se trata de un atropello intencional y no de un delito culposo, como sugieren las autoridades del Estado de México. Un atropello y un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja.
Ahora bien, ¿quién pudo ordenar este crimen contra pacíficos manifestantes? ¿Tenía acaso el chofer motivos personales para tal acto de barbarie? Evidentemente que no; se trata, sin duda, de un típico crimen de Estado. El antorchismo nacional, en legítima defensa, hará una gigantesca concentración de 40 mil almas, en Pachuca, el próximo jueves 17 de junio, para reclamar tres cosas: solución inmediata y total al antorchismo hidalguense; justicia para las víctimas de Pueblo Hidalgo y del atropello en Ecatepec, y renuncia del gobernador Osorio Chong para facilitar las investigaciones. ¡Antorchistas del país: la cita es el jueves 17 en Pachuca! ¡Que no falte nadie!
* Colaboraciones anteriores
