El miércoles 27 de agosto, en número de 10 mil ciudadanos, Antorcha Campesina protestó en la capital poblana por la represión administrativa que viene sufriendo nuestra organización, evidente en la nula respuesta a nuestras demandas y en la campaña mediática desatada contra nosotros, a cuya cabeza se encuentran los “esforzados cruzados” Ociel Mora y Norma Sánchez Valencia. La manifestación se retiró tan pronto como obtuvimos la promesa de un diálogo, cuyas propuestas buscarán resolver las demandas motivo de nuestra inconformidad. Con ello, dejamos claro ante el Gobierno del Estado, y ante la opinión pública, dos cosas de gran trascendencia para nuestra lucha:
PRIMERO: Que somos una organización que privilegia el diálogo y la concertación como instrumentos fundamentales para resolver cualquier problema, por más difícil y complicado que se presente. Por tanto, a la opinión pública le debe quedar claro que, si protestamos, no lo hacemos por intransigencia o porque no nos interesen las molestias que se causan a terceras personas. Lo hacemos en aras de defender nuestro derecho al bienestar y obligados por políticas equivocadas del gobierno, en contra de la organización; razones más que suficientes para merecer de la ciudadanía poblana su apoyo y comprensión.
SEGUNDO. Que nuestra movilización no tenía como objetivo desprestigiar, atacar o calumniar a ciertos funcionarios (con aspiraciones a puestos de elección popular) por consigna. Es decir, la protesta antorchista fue legítima y no estuvo cilindreada o manipulada por nadie ni buscaba fines bastardos, quedando así de manifiesto, una vez más, nuestra calidad de organización independiente, limpia y honrada en sus principios y objetivos.
Esperamos que pruebas tan objetivas de nuestra conducta y fines sean argumentos contundentes para el gobernador del estado y para el secretario de Gobernación, que los obliguen a resolver -en la mesa de las discusiones- nuestras solicitudes. Hasta ahorita, no ha habido propuestas de solución serias a nuestras demandas más sentidas; esperamos encontrarlas en la próxima reunión, pues no se puede estar prolongando, indefinidamente, la negociación, convirtiéndola -de instrumento de avenimiento- en arma de chacoteo y manipulación.
Exigimos que cese de inmediato la represión administrativa y la campaña mediática en contra de Antorcha Campesina, pues la represión y el desprestigio nunca han sido, para organizaciones libres y hombres pensantes, formas de alinearlos, doblegarlos y hacerlos que claudiquen de sus ideas y de sus principios. Sólo el razonamiento objetivo convence, sólo la plataforma de principios y la conducta política y moral del individuo gana adeptos sinceros para la causa.
Por estas razones, me parece grave que en momentos en que la unidad de los priístas es condición sine qua non, para enfrentar con probabilidades de éxito las próximas elecciones federales y para la gubernatura del estado, se viva y se sienta una política represiva, que busca alinear a organizaciones e individuos a ciertos intereses políticos. La población considera un atropello al derecho de pensar, de actuar con libertad y de manifestar sus aspiraciones políticas, la campaña de desprestigio (que dura ya muchos meses) en contra de Enrique Doger Guerrrero y la renuncia obligada o inducida de Roberto Morales Flores, a la Secretaría de Salud en el estado de Puebla.
Estamos construyendo -de esta manera- una profunda división dentro de los priístas poblanos, que pondrá en bandeja de plata la gubernatura de nuestro estado en manos de la reacción con el consiguiente perjuicio para los que buscamos un México libre, educado científicamente, alejado de dogmatismo de todas clases, donde se reparta equitativamente la riqueza y vivamos en paz y progresando.
Por el bienestar de Puebla y del país: ¡alto a la represión política!
