Han sucedido hechos muy graves en nuestro país durante la administración del licenciado Felipe Calderón Hinojosa que, a mi manera de ver, requerían la intervención pronta y enérgica del Ejecutivo federal, para poner un alto a los desmanes de gobernadores, surgidos de su partido, que ponen en peligro la estabilidad política del país (por constituir horrendas injusticias y graves ofensas al pueblo de México). ¿Por qué no se hizo?, ignoro las razones, pero me consta que muchos ciudadanos aún no salimos de nuestra perplejidad por la indiferencia de nuestra máxima autoridad política, ante hechos tan punibles.
Como le consta a la gente informada, el gobernador de Jalisco (de extracción panista por cierto), haciendo a un lado groseramente su papel de hombre de Estado, para colocarse como simple servidor de la Iglesia, abandonando su papel de distribuidor de los bienes del pueblo para beneficio de los que menos tienen y, por cierto, en completo estado de ebriedad, sin explicación alguna, entregó 95 millones de pesos a un jerarca católico, para la construcción de un santuario, malversando así los bienes del pueblo, colocando como primera necesidad la satisfacción espiritual de sus gobernados y poniendo al último la satisfacción material de necesidades (tales como agua, luz, drenaje, vivienda, educación y salud) del pueblo jalisciense.
Fue un acto de verdadero menosprecio al pueblo, ameritaba el cese fulminante del gobernador. Nada se hizo. Para cubrir las apariencias, se fingió la devolución de dicho dinero, pero el hecho en sí no encontró castigo por ningún lado, ni el Congreso local ni el Ejecutivo federal dijeron “esta boca es mía” por lo menos. Por lo tanto, estoy seguro de que se seguirán cometiendo -en contra de los jaliscienses- muchos y mayores atropellos, pues eso provoca la impunidad.
En Guanajuato, donde también gobierna un panista, la prensa nacional dio a conocer a la opinión publica que, en la ciudad de León, la policía estaba siendo entrenada para torturar, seguramente, a posibles opositores al gobierno panista. Mediante fotografías, que fueron reconocidas por los implicados como verdaderas y que, por tanto, no dejan lugar a duda, mostraban los lugares de entrenamiento y los métodos de tortura empleados en varios de los propios policías, además en ciudadanos comunes y corrientes.
Ante estos hechos, los funcionarios no recibieron condena pública por parte del poder, mucho menos algún castigo; hasta donde se sabe, continúan en sus puestos. En suma pues, la denuncia pública no provocó reacción en las altas esferas de los gobiernos estatal y federal. Un hecho tan grave para la vida democrática del país mereció una total indeferencia por parte de nuestros gobernantes. Seguramente, los entrenamientos para preparar al grupo represivo continúan y la población -hoy más que nunca- se encuentra amenazada en sus libertades, por un grupo de gorilas, propios de regímenes dictatoriales.
Por último, Querétaro (para variar, otro gobierno panista). En este estado, el gobernador tuvo presa, durante 3 años, aproximadamente, a la luchadora social Cristina Rosas Illescas, sin que las denuncias públicas, protestas y peticiones de intervención, hechas ex profeso, hubieran sido suficientes para que el gobierno federal pusiera un alto a la injusticia.
Ante estos hechos, el pueblo se siente desamparado, no encuentra a quien recurrir en busca de justicia, sigue siendo víctima del gobierno autoritario y fascista de Francisco Garrido Patrón y de Alfredo Botello Montes, quienes, al encontrar en el gobierno federal la complicidad que da el silencio y apoyo de hecho a sus desmanes, continúan ensañándose con el pueblo queretano, golpeándolo, atropellando sus derechos y encarcelándolo, por no plegarse a sus abusos y por no agachar la cerviz ante estos señores de horca y cuchillo.
El ejemplo más reciente de lo que venimos afirmando lo representa el hecho de que l4 campesinos de La Piedad, municipio de El Marqués, por el hecho de defender el pozo de agua que ellos construyeron con sus propios recursos y que les arrebató el cuñado de Alfredo Botello Montes, secretario de Gobierno de estado, se encuentran encarcelados, acusados de sabotaje, resistencia de particulares, amén de otros delitos. Este acto, que demuestra el claro contubernio gobierno-despojadores, realizado por 250 policías -con lujo de violencia y obviamente ordenado por el gobierno de Querétaro- es una total e incalificable injusticia, un abuso grosero de poder.
Ante todo esto, el Presidente de la República no puede seguir mostrando indeferencia, como lo hizo en los hechos aquí narrados. Es urgente su intervención en Querétaro y en todos los demás estados donde los gobernadores abusen de su poder. Los delitos de que se acusa a 14 humildes ciudadanos de La Piedad son meramente delitos políticos, porque lo que quiere el gobierno es reprimir un movimiento social, acallar cualquier reclamo, por justo y fundado en derecho que sea, convirtiendo el Estado democrático en que vivimos en una Estado dictatorial, enemigo de la libertad, de la justicia y del derecho.
En Querétaro debe intervenir el Ejecutivo federal, para poner un alto a los desmanes del gobierno panista de Francisco Garrido Patrón, ordenando la libertad inmediata de 14 campesinos humildes, cuya única “culpa” es reclamar un bien que -de hecho y por derecho- les corresponde, para así devolver al pueblo la esperanza perdida en sus gobernantes.
