En días pasados, apareció en diversos diarios una nota, en la cual la Secretaría de Gobernación y la Comisión para la Regularización de Tenencia de la Tierra (CORETT) afirman que, en el caso de San Juan Raboso (que consiste en determinar a quién le asiste el derecho sobre l0 hectáreas), tanto el derecho como la razón corresponden a los ejidatarios; poniendo como prueba de su dicho una medición realizada (“con aparatos de alta precisión”) por funcionarios de CORETT. El argumento infantil oculta, con toda mala fe, que nunca se nos aceptó como testigos oculares de dicha medición, que la dependencia encargada de la medición es una dependencia del Gobierno del Estado, lo que la vuelve parcial en el problema e ignorante del fondo y del historial del mismo (que consiste en aclarar porqué el Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (PROCEDE) tituló mil 328 hectáreas, en lugar de mil 227, que ampara la resolución presidencial al ejido de San Juan Raboso.
Entrar al fondo del problema, procediendo con la mínima honradez, llevaría a Tenencia de la Tierra a reconocer -sin reticencias- que la actuación de PROCEDE es absolutamente ilegal y, por tanto, a dictaminar que las 101 hectáreas tituladas en demasía a San Juan Raboso, y donde se encuentra el predio en conflicto, no corresponde al ejido y, en consecuencia, los ejidatarios tampoco son dueños como ellos se ostentan. Entrar al fondo del problema obligaría a Tenencia de la Tierra a estudiar diferentes juicios sobre el ejido de San Juan Raboso, en los cuales los ejidatarios han sido derrotados -legal y técnicamente- porque nunca han podido demostrar su legítima propiedad. Más aún, en algunos casos se habla de 101 hectáreas y, en otros, de l79 hectáreas; todos en el mismo predio motivo del actual diferendo.
Entrar al fondo del problema llevaría a Gobernación y a Tenencia de la Tierra a encontrar en la Secretaría de la Reforma Agraria tres solicitudes de ampliación del ejido de San Juan Raboso, con las respectivas negativas. En otras palabras, hasta los ejidatarios saben que tienen tierras que no son de ellos, por eso es verdaderamente ridículo y mueve a risa el dictamen de Tenencia de la Tierra y el aval de la Secretaría de Gobernación. ¿También hay dinero de por medio? El peligro existe. Dejo a los funcionarios la última palabra. Si me atrevo a denunciar públicamente lo sesgado del dictamen es porque se está cometiendo una doble injusticia: se trata de justificar, de esa manera, la agresión de la que fuimos objeto por parte de los ejidatarios y, por el otro, conculcando nuestro derecho de propiedad, se intenta detener nuestro crecimiento como organización política en Izúcar de Matamoros. Se trata del uso grosero de la ley como garrote.
Antorcha Campesina rechaza total y absolutamente el dictamen de Tenencia de la Tierra, por falso, amañado e ilegal. Para defender nuestro derecho, dado que no se escuchan nuestras razones y se menosprecian nuestros argumentos y pruebas, es que marchamos por las principales calles de la capital poblana, para además, exigir que los presidentes municipales de Acatlán, Tehuitzingo y Guadalupe Santana, resuelvan las demandas de sus gobernados, que tienen más de un año de no ser atendidas. Aquí están, pensamos que sustentadas correctamente, las razones de nuestra movilización, por tanto, creemos que merecemos la comprensión y el apoyo de los ciudadanos en general, pues la culpa de que les causemos algunas molestias no es nuestra, sino de los funcionarios que violentan el derecho y tergiversan la verdad, queriendo detener malamente los reclamos justificados de los ciudadanos. Sólo el apoyo ciudadano puede lograr que los funcionarios rectifiquen el camino. Por el bien de todos, esperamos su apoyo y comprensión.
