Quizá, a varios lectores de los diarios poblanos les hayan pasado desapercibidas las declaraciones que, en su calidad de secretario de Gobernación y encargado de la política interior del estado, hiciera el licenciado Mario Montero Serrano, el 30 de junio, con motivo de la marcha que más de 15 mil antorchistas realizaron por las principales avenidas de la capital poblana.
El funcionario, adoptando una falsa actitud legaloide, declaró “que son respetables todas estas manifestaciones; sin embargo, las autoridades estatales evitarán que se trasgreda ni altere el orden público, ni micho menos a terceros”. Pregunto: ¿puede explicar el licenciado Montero cómo se realizan manifestaciones, sin “alterar el orden” y sin “perjudicar a terceros”?
Como nunca lo hará, porque es absolutamente imposible, entonces queda claro que sus declaraciones encierran una amenaza de desalojo al plantón que sostenemos los antorchistas frente a Casa Aguayo. Su cacareado respeto a las manifestaciones y su defensa al derecho de terceros es, en realidad, una declaración mediática para justificar cualquier acto represivo en contra nuestra.
Es una actitud hipócrita, que finge ignorar que el culpable único de la protesta antorchista es el Gobierno del Estado, que se ha negado tozudamente a resolver las demandas planteadas; vamos, ni siquiera a hacer una propuesta de solución mínimamente aceptable, como veremos más adelante.
Alguien pudiera pensar que lo hasta a aquí dicho es sobredimensionar las declaraciones del secretario. La represión y encarcelamiento sufridos por los habitantes de San Andrés Azumiatla, la golpiza y encarcelamiento de maestros disidentes del charrísimo sindical y el menosprecio que diariamente sufren más de 100 ancianos, que acuden a solicitar su incorporación al programa de la tercera edad, son la prueba más irrebatible de que lo que aquí denunciamos es altamente probable.
Pudiera argumentarse que la culpa de la actitud del gobierno la tengan los propios antorchistas, por su “intransigencia”. Para comprobar si esto es así o no, recurro una vez más a las declaraciones del secretario de Gobernación, realizadas el mismo día y por el mismo motivo: “La Secretaría de Gobernación nuevamente reiteró el diálogo con los quejosos; sin embargo, se niega a aceptar la propuesta del Gobierno del Estado, pues consideran mínimos los ofrecimientos del Estado, ya que mientras Antorcha pide más de 300 obras, el Gobierno del Estado ofrece 10”.
Cualquier lector desprejuiciado concluye, sin forzar mucho la lógica, que tenemos absoluta razón, al negarnos a negociar en esos términos. El ofrecimiento del gobierno, tanto por los recursos que maneja como por las obras solicitadas, constituye una verdadera burla y una ofensa para los antorchistas, y su propuesta no busca resolver el problema sino agravarlo; está claro que no existe la mínima posibilidad de conciliar posiciones con el Gobierno del Estado.
De nuestra parte, nunca ha existido la idea “del todo o nada”, desde hace 2 años nuestra posición es atender planteamientos razonables y acceder a consideraciones correctas; actitud que contrasta totalmente con la posición inflexible y altanera del Gobierno de Estado. Así pues, las declaraciones del secretario de Gobernación son una prueba de lo que un gobierno autoritario y prepotente es capaz de implementar en contra de sus ciudadanos: o aceptan las 10 obras o los desalojo a sangre y fuego.
Denunciar públicamente la política del gobierno es la razón que me impulsa a distraer la atención de mis posibles lectores. Nosotros, mientras tanto, seguimos luchando con decisión y honradez, porque nos asiste la razón y el derecho. En la defensa de estos dos principios esenciales de toda lucha honrada no nos acobardan ni nos amedrentan las amenazas; anunciamos públicamente que sólo retiraremos nuestro plantón si encontramos propuestas aceptables y respeto a nuestros planteamientos. Que conste.
* Colaboraciones anteriores
