Como recordará el lector y no habrá olvidado el Gobierno del Estado, hasta antes de decretarse la suspensión de actividades -para tratar de controlar la epidemia de la influenza-, el Movimiento Antorchista venía manifestando su inconformidad por la falta de atención y respuesta del secretario de Gobernación a una serie de demandas de urgente resolución; a pesar de haberse demostrado con argumentos contundentes la racionalidad de nuestra peticiones, lo justo de nuestros planteamientos y lo necesario de estos para el desarrollo de los pueblos.

Dando, una vez más, prueba de madurez política y preocupados por la salud de todos los mexicanos, suspendimos las manifestaciones y hemos esperado pacientemente a que la Secretaría de Gobernación estatal dé pasos en firme para atacar problemas que no requieren más que voluntad política, como más adelante se demostrará.

Como esto no ha sucedido (y la experiencia nos ha dicho que no sucederá), nos vemos obligados, por las circunstancias, a volver a denunciar públicamente la política del “ni los ve no los oigo” de que somos objetos por parte del Gobierno del Estado y exigir la resolución inmediata de problemas tan graves como los siguientes:

1. Debe hacerse prevalecer el estado de derecho y entregársenos, sin más demora, las 10 hectáreas de terreno que compramos legalmente y que los caciques de Matamoros (quienes planean hacer un centro comercial y vender los terrenos a precio de oro para obtener ganancias) reclaman como suyas, utilizando a los miembros del Comité del Comisariado Ejidal, no obstante habérseles demostrado documentalmente y mediante estudios topográficos, a ellos y a la Secretaría de Gobernación que se encuentran fuera de los límites de su ejido, por tanto, de la superficie dotada.

2. Debe obligarse al presidente municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, Aristeo Ariza, a indemnizar de inmediato a los familiares del joven asesinado por elementos de la policía de ese lugar. Seguir aceptando su negativa a hacerlo es hacerse cómplice de hecho, de una doble injusticia en contra de los afectados: se les mató a su hijo y, sobre eso, se les niega la indemnización a la que por ley tienen derecho.

3. La Secretaría de Gobernación debe obligar a los presidentes municipales de Guadalupe Santana y Tehuitzingo a resolver las demandas de los ciudadanos que, oportuna y legalmente, han planteado ante los ediles. Debe obligarse a esas autoridades a atender la demandas ciudadanas y dejen de invertir los recursos públicos para su enriquecimiento personal. La compra de terrenos, la creación de negocios, el abultamiento del costo de las obras por parte de los presidentes mencionados, requiere una intervención inmediata y enérgica, para frenar el desprestigio en que están sumiendo al gobierno y al partido en el poder.

Corren insistentes rumores en la región, diciendo que, para la implementación de esta política represiva en contra de los ciudadanos que exigen obras en sus municipios cuentan con el apoyo del secretario de Desarrollo Social y aspirante a la gubernatura del estado, así como del candidato priísta a diputado federal por el XIV distrito, Alberto Jiménez Merino. Aunque no lo creo, sí es muy probable que tengan padrinos políticos que los cilindrean y les brindan apoyo, sólo así se explica la soberbia y la prepotencia con la que gobiernan a sus municipio estos Nerones de huarache.
Gobernación del estado, con su actitud complaciente de dejar hacer, dejar pasar, se une en los hechos al grupo de padrinos políticos que amparan y protegen a caciques y dictadorzuelos, además de provocar que los campesinos y colonos inconformes salgan a la vía pública a protestar por su indeferencia y cerrazón política, aún con el riesgo de que se contagien de influenza, pues saben que las necesidades de sus comunidades y la falta de una vivienda propia los preocupa más que una enfermedad, que ya dijo el gobierno federal que no mata, pero sus necesidades sí lo pueden hacer.

Así lo harán si Gobernación no resuelve sus problemas. De sobra sabemos que una lluvia de infamias y calumnias caerá sobre nuestro movimiento. Todo lo enfrentaremos, con tal de hacer efectivo el derecho de todo ciudadano a una vida mejor y más digna. La lucha que enfrentan día con día en sus comunidades y colonias lo valen.