Ya no sabe uno qué sensación le queda, cada vez que se leen las opiniones o declaraciones que, a altos funcionarios del gobierno les merecen los difíciles y cardinales problemas que se viven en el Estado. Es una mezcla de molestia e impotencia, porque se da uno cuenta de que es una burla total al sentido común de la ciudadanía; que el abuso de los medios de comunicación, como arma de manipulación y engaño, es insoportable, y que, por tanto, es agobiante la cantidad de mentiras, ofensas, calumnias, amenazas y despropósitos que se vierten en contra de organizaciones e individuos, para acallar sus protestas, para someterlos a la voluntad del gobernante en turno, para cortar de tajo sus aspiraciones políticas o para terminar con sus ansias de insurrecto. La grosera y aniquiladora campaña en contra de Blanca Alcalá, digna presidenta municipal de Puebla, para obligarla a renunciar a sus legítimas aspiraciones a gobernar nuestra entidad.
La misma campaña (con la diferencia de que es más rabiosa), en contra de Enrique Doger Guerrero, por las mismas razones; la campaña en contra de la diputada Rocío García Olmedo, para obligarla a renunciar, por “los graves delitos de no prestarse a fungir como garrote para alinear a los presidente municipales con el precandidato oficial del gobernador “, y por no haber “apoyado la ley contra el aborto”; la represión contra los humildes campesinos de San Andrés Azumiatla, para arrebatarles sus tierras y entregárselas a fraccionadores, para continuar haciendo jugosos negocios; son pruebas irrefutables de lo que líneas arriba decimos. “…Que por teléfono comunicó al presidente del PRI sus deseos de no participar…” “…que no ha comprobado su cuenta pública y que tiene enormes faltantes…” “ ..que se oponen al desarrollo…”; estos y otros argumentos, que sería aburrido enumerar, se manejan para someter a la voluntad del actual gobernador a los que se atreven a disentir de sus caprichos. No les importa lo infantil ni lo sucio de los argumentos empleados, pues se atienen al poder de manipulación de los medios y al “nulo” discernimiento político del pueblo.
Dentro de este contexto general se encuadran las declaraciones que el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, realiza -un día sí y otro también- en contra del Movimiento Antorchista. No tiene ningún empacho en amenazar con desalojar -manu militari- el plantón que, durante más de cinco meses, mantenemos frente a Casa Aguayo, en demanda de respuestas mínimamente aceptables a compromisos adquiridos, desde hace más de 2 años. Desde su mentalidad de esclavista, cree que puede y debe golpear al pueblo, para obligarlo a aceptar lo que conviene al secretario de Gobernación, en el entendido de que eso mismo conviene al pueblo. ¿No por eso es nuestro amo y señor? Confía ciegamente en que el resto de la población no se dará cuenta de tamaña injusticia ni de tan grosero abuso de poder; que no sólo no apoyará a los reprimidos sino que se atemorizarán de tal manera que nadie más se atreverá protestar contra “el Estado.” Se burla así de la inteligencia del pueblo, que sabe distinguir perfectamente bien un abuso de de poder, de un acto de verdadera justicia y de valor del pueblo, que sabe bien cuando defender sus derechos y su libertad.
Exige respeto para el gobierno y para la ciudadanía afectada por nuestra manifestación. Busca aparecer ante lo opinión pública como un “señoritingo” defensor de los buenos modales y de la paz a ultranza. Busca congraciarse con los poderosos, para allanar su camino a la presidencia municipal y, si para eso tiene que exhibir su personalidad de señor de horca y cuchillo: adelante. Está seguro de que el pueblo nunca podrá concluir, que el verdadero culpable de las molestias que sufren los ciudadanos poblanos son el gobierno que desprecia, humilla y ofende al pueblo, al negarse a resolver sus elementales demandas y a entablar un diálogo serio y respetuoso. Está seguro de que la inmensa mayoría de la ciudadanía no podrá concluir, por sus declaraciones, que el verdaderamente grosero es el gobierno.
Porque lo verdaderamente grosero es no atender al pueblo, menospreciarlo y calumniarlo; tenerlo sufriendo todo tipo de incomodidades e inclemencias naturales, por un acto de soberbia, prepotencia y abuso de autoridad. Porque lo verdaderamente grosero y repugnante, lo acepten o no los funcionarios gubernamentales, es amenazar al pueblo con reprimirlo; a ese pueblo que después buscan para obtener un cargo público, mostrando una careta de democrático, negociador, comprensible y educado. Decía una señora de todos mis respetos, profundamente preocupada, platicando con el líder de todos los antorchistas: “Maestro, vea usted en manos de quién estamos”. Urge una nueva clase política para un nuevo, justo y respetuoso Estado.
* Colaboraciones anteriores