En días pasados, el presidente municipal de Jopala, Enrique Antonio Álvarez, declaró calumniosamente, ante los medios de comunicación, que le había “entregado” al Movimiento Antorchista $ 300,000.00, para el sostenimiento del plantón que la organización mantiene frente a Casa Aguayo (en demanda del cumplimiento de acuerdos pactados con el gobernador y que tienen más de dos años sin cumplirse). Muchos medios dieron amplia difusión a esta desprestigiante noticia, indudablemente porque recibieron línea de Gobernación, pues era una gran oportunidad para golpear y desprestigiar, ante la opinión pública, a los inconformes. No me explico de otra manera el poder de convocatoria del alcalde.

No está por demás aclarar que esa “rueda de prensa” fue la respuesta del edil a la solicitud de destitución que hiciera la mayoría de regidores del H. Ayuntamiento Municipal, ante la Secretaría de Gobernación, en virtud de que el “gobernante” malversa los fondos públicos, falsifica firmas y no atiende el cargo para el que fue elegido, por ser un alcohólico. Los regidores aportaron como pruebas: la absoluta falta de obra pública municipal, el libro de actas de cabildo (con firmas falsificadas), cheques girados sin la firma del tesorero municipal, informes financieros rendidos con la firma del regidor de Hacienda (también falsificada), la apertura de una cuenta de cheques (a nombre de la esposa del alcalde) y las permanentes borracheras públicas que escenifica el edil y que son atestiguadas por la población.
Por si esto no fuera suficiente para probar la culpabilidad de Enrique Antonio Álvarez, el propio gobernante declaró –públicamente- que usó recursos municipales para fines ajenos a los legalmente establecidos; es decir, confirmó y aceptó que incurrió en malversación de fondos, “a confesión de parte, relevo de pruebas”, dice una máxima jurídica. Por tanto, las acusaciones que hacen los regidores de Jopala son total y absolutamente ciertas; de manera que hacen prueba suficiente para que el edil sea cesado en sus funciones, ipso facto, o, por lo menos, sujeto a investigación. ¡Sorpresa! Ninguna de las dos cosas ha ocurrido.

El munícipe no ha sido cesado en sus funciones, tampoco se le han suspendidos las participaciones ni se le realiza alguna investigación, siquiera para encubrir el apoyo de Gobernación. De la manera más grosera, sin siquiera cubrir las mínimas formas que exige el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Gobernación ha cubierto con su manto protector a este delincuente de cuello blanco y lo ha hecho inmune a la ley y a las protestas e inconformidades de sus conciudadanos. Ha puesto a su servicio a la Policía Estatal, para que realice una nueva campaña en todos los pueblos, que le permita acceder de nueva cuenta al poder municipal. Están, de esta manera, agudizando las contradicciones que en cualquier pueblo de México pueden devenir una alteración total de la paz pública.

¿Eso busca Gobernación para poder acusar a los campesinos de Jopala y a sus regidores, mañana o pasado, de violentos¬? ¿Pretende acaso resolver esta problemática social con el uso de la fuerza pública? Por eso, abusando de la hospitalidad que me dispensa el medio que -amable y valientemente- publique este artículo, denuncio públicamente la actitud de Gobernación y los peligros que para la paz social del Estado de Puebla encierra su política “de dejar hacer, dejar pasar.” Los poblanos deben saber que a la Secretaria de Gobernación no le interesa cumplir con su papel de garante de la paz y tranquilidad pública del estado.

Por el contrario, con esfuerzos dignos de mejor suerte, busca agigantar los conflictos, complicarlos y, si con ello vienen “unos muertitos”, mejor. Que esta dependencia aplica la ley a discreción; en aras de destruir a grupos inconformes con la actual forma de gobernar, se encubren los peores abusos y las más graves injusticias, siempre y cuando los beneficiados con esta forma de actuar acepten jugar el papel de golpeadores y calumniadores de los “inconformes”. Que no usa la fuerza del Estado para detener a delincuentes de toda laya, sino para darles protección y abrigo. Esto debe terminar. Sería una buena señal para la opinión pública iniciar definiendo la situación jurídica del munícipe de Jopala. La paz pública de ese municipio serrano y las ansias de progreso y bienestar de los indígenas así lo exigen.

* Colaboraciones anteriores