El pasado 4 de marzo del presente año, amparados en escritura de compra-venta (legalmente registrada ante notario público), colonos de Izúcar de Matamoros intentaron tomar posesión del predio “Lindero Cuates”, conformado por 10 hectáreas de terreno; adquisición que tiene el propósito de resolver el problema de vivienda de miles de matamorenses pobres, que carecen de ella y que, como sabe todo mundo, no tienen acceso a un crédito hipotecario, por sus ingresos precarios.
Ejidatarios y algunos transportistas de San Juan Raboso, armados con machetes, armas de fuego, palos y piedras, sin diálogo de por medio, atacaron a los indefensos colonos, con el “argumento” (posteriormente dado a conocer), de que esos terrenos pertenecen legalmente al ejido de Raboso. Fue la ecuanimidad y la madurez política del Movimiento Antorchista lo que evitó un zafarrancho de consecuencias imprevisibles, al no repeler el ataque y replegarse a sus oficinas, al tiempo que pedía la intervención de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, para que hiciera valer el derecho de propiedad (violentado de manera flagrante por los rijosos).
A partir de nuestra queja y venciendo infinidad de obstáculos políticos y burocráticos, se ha instalado una mesa de diálogo entre las partes en conflicto, teniendo como árbitro al Gobierno del Estado, para dilucidar quién tiene el derecho y la razón. En dicha mesa, hemos podido corroborar lo que ya sabíamos: los documentos exhibidos por los ejidatarios de San Juan Raboso demuestran, sin dudas de ninguna clase, que el ejido fue dotado -por Resolución Presidencial de l973- de l, 227 hectáreas de terreno, perfectamente delimitado con mojoneras y, al mismo tiempo, delimitando con toda nitidez las l0 hectáreas compradas por los antorchistas, y probando fehacientemente que se encuentran fuera de la superficie que integra el ejido. Así pues, demostramos ante el árbitro lo legal de nuestra compra y lo ilegal del reclamo de los ejidatarios.
Otro argumento esgrimido por los ejidatarios, para llamarse dueños de las l0 hectáreas en conflicto, lo constituye el hecho de que PROCEDE (Programa de Certificación de Ejidos), mediante acta de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales y asignación de terrenos urbanos, les tituló dicho terreno. Independientemente de las sanciones y denuncias penales y civiles a las que debieran de hacerse acreedores los funcionarios de esta dependencia, me interesa aclarar una cosa: PROCEDE se tomó atribuciones que no le corresponden, violando la Resolución Presidencial y “tituló” l328 hectáreas, es decir, l0l hectáreas más de las que ampara la Resolución Presidencial, ¡y aquí está la maniobra de PROCEDE y de los ejidatarios!
¿De dónde sacaron las nuevas 101 hectáreas? ¡Claro! De la propiedad privada, actualmente en disputa, pues, como decimos líneas arriba, el ejido de Raboso fue dotado de l227 hectáreas; por tanto, su titulación está viciada de origen, no tiene validez legal. Los funcionarios de PROCEDE les crearon falsas expectativas a los campesinos y cometieron actos de corrupción que deben ser investigados y sancionados por la autoridad correspondiente, so pena de seguir fomentando este tipo de prácticas.
Las pláticas continúan, pero va quedando perfectamente claro que la razón y el derecho corresponden a los antorchistas. Toca al Gobierno del Estado, mediante el diálogo, con argumentos y pruebas irrefutables (como las aquí narradas), llevar al convencimiento a los ejidatarios de Raboso, para que acepten que no son dueños, como lo han hecho creer políticos manipuladores de Izúcar de Matamoros, así como funcionarios corruptos de PROCEDE y, por tanto, respeten la propiedad privada.
Resulta importante dar a conocer estos datos y argumentos a la opinión pública, porque -una vez más- por estos sucesos, donde fuimos agredidos y donde nos asiste la razón y el derecho, se nos ha acusado de “rijosos” “desestabilizadores”, “invasores” y otros. Se dio amplia cobertura a las declaraciones del Comisariado Ejidal, quien, sin recato alguno, calumnia, ofende y amenaza con levantarse en armas, para evitar que podamos ejercer nuestro legítimo derecho.
Me interesa bastante que estos argumentos los conozcan los ejidatarios de La Galarza, Atencingo, Chietla y Rijo, para que se den perfecta cuenta de que no se está violentando el derecho de los ejidatarios, que los llamados a defender al ejido -que les hacen sus “líderes”- son una manipulación grosera, que, en el fondo, lo que buscan es espantar a los auténticos ejidatarios, para poder seguir manipulándolos; no quieren que nos unamos los pobres, pues, una unión así, pondría en grave riesgo los privilegios de los que hasta hoy han venido gozando por las condiciones en las que se encuentra el ejido.
Los vivales, por años, no han hecho otra cosa que engañar y manipular a todos lo ejidatarios de la zona, para poder llegar a la presidencia de Izúcar de Matamoros. Por eso les ocultan la verdad jurídica del ejido de Raboso, por eso calumnian y desprestigian. Esa es la verdad.
