El Movimiento Antorchista en Puebla declaró, oportunamente, que venimos siendo reprimidos -política y administrativamente- por el Gobierno del Estado, a través del secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano. Dimos como prueba de nuestro dicho el argumento de que llevamos dos años gestionando la solución de demandas que requieren la aplicación de recursos económicos y de otras que no lo necesitan. Ningunas han sido resueltas. Por lo tanto, dijimos, nos veíamos obligados por la conducta del gobierno a realizar una manifestación pública con 10 mil antorchistas, el 13 de mayo, y a instalar un platón indefinido frente a la sede del poder Ejecutivo. También dijimos que, seguramente, se vendría una avalancha de calumnias, mentiras, desprestigio y falsedades en contra de nuestro movimiento, pero que todo lo resistiríamos en la búsqueda de una vida mejor para todos los pobres de Puebla.
Así está sucediendo. El Gobierno del estado, a través de algunos articulistas, ha empezado a manejar el argumento de que resolver las obras solicitadas implica recursos que el gobierno no tiene, deslizando -al mismo tiempo- la idea de que el plantón es producto de la intransigencia de los antorchistas. Aceptando sin conceder, que el Gobierno del estado no resuelve porque no tiene recursos, cabe preguntar ¿y por qué no atiende las demandas cuya solución sólo requiere voluntad política de Gobernación? No las resuelve porque hacerlo es salirse de la línea política implementada por el Gobierno, cuyo eje descansa en la idea de que a Antorcha “ni agua”.
Partiendo de esta argumentación, que prueba -sin lugar a dudas- que nos enfrentamos a una represión política, queda perfectamente claro que nuestro plantón no sólo es correcto sino necesario. Queda demostrado que el plantón no es producto de nuestra intransigencia sino de la política aniquiladora que el Gobierno del estado ha instrumentado en contra de nuestra organización. Ahora bien, sabedor del control que ejerce sobre los medios de comunicación (salvo raras excepciones), el gobierno hizo oídos sordos a nuestras declaraciones y argumentos, confiando en sepultar -bajo una campaña mediática, que empieza a cobrar fuerza y virulencia- todas nuestras razones y motivos que dieron origen al plantón.
Así se explica el hecho de que algunos reporteros empiecen a manejar que los recursos a aplicar para resolver las demandas de Antorcha ascienden a 700 millones de pesos, justificando de esa manera la negativa del gobierno a resolver nuestra petición. Esta es la razón de fondo, por la cual ese mismo tipo de reporteros empieza a deslizar en sus notas la idea de desalojar al plantón, como respuesta a la inconformidad ciudadana, encubriendo anticipadamente de esa manera cualquier acción represiva del Gobierno del estado.
En este tenor se explica la nota de Arturo Alfaro Galán (léase Fermín Alejandro García), que publicó ayer La Jornada de Oriente; es una nota cuya oportunidad coincide perfectamente con la campaña que el gobierno viene instrumentando para desprestigiar a nuestro movimiento, por lo que indudablemente es producto de la venta del articulista y del diario con el Gobierno del estado. Además, no es casual que el ataque aparezca en este diario, pues su autodeclarado “izquierdismo, objetividad y honradez” lo hacen el medio idóneo para ocultar al verdadero atacante de nuestro movimiento social. Todo indica que la filosofía editorial del medio se funda en el hecho de que, por dinero, todo se vale.
En la consecución de este deshonesto propósito, el periódico de “izquierda” no duda en ocultar a la opinión pública que quien la llevó a Huitzilan de Serdán, a la reunión del frente electoral en contra de Antorcha Campesina, es nada más y nada menos que Fernando Cuellar, títere del Gobierno del estado, tratante de blancas, pervertidor de menores y gato de Javier López Zavala (el aspirante más conspicuo a suceder al actual gobernador). La Jornada de Oriente finge ignorar que le dio voz a los asesinos de la Unión Campesina Independiente, prestándose, por lo tanto, no sólo a ser peón del Gobierno sino cómplice, para encubrir los asesinatos que la UCI (dirigida por los Aco y Cuellar) planean ejecutar en contra de los principales líderes de Antorcha Campesina y de los huitziltecos más progresistas.
El Movimiento Antorchista poblano y nacional, desde este momento, señalan como autores intelectuales de cualquier atentado que pudieran sufrir nuestros compañeros en Huitzilan de Serdán, al Gobierno del estado, a los directivos de La Jornada de Oriente, a Fernando Cuellar y a Alonso Aco, pues la experiencia nos ha demostrado que todos los ataques mediáticos iniciados en contra de los antorchistas huitziltecos es una cortina de humo para encubrir crímenes tan horrendos como los homicidios de Ignacio Gómez Cipriano, Francisco Luna Gobierno (ambos presidentes municipales) y de Máximo de la Cruz Rivera, activista de Antorcha Campesina.
Por la paz, la tranquilidad y el progreso de Huitzilan de Serdán, el Gobierno del estado debe poner un alto a la campaña de desestabilización que Fernando Cuellar y La Jornada de Oriente vienen implementando. Debe ser hoy, mañana será demasiado tarde.
