En su reciente visita a Oaxaca, el Secretario de Gobernación, Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo, además de expresar la visión sobre temas de la agenda nacional, tales como la Reforma Energética, la Seguridad Alimentaría y la Seguridad Nacional, además de informar diferentes medidas, como el incremento de la cantidad de elementos policíacos, así como de equiparlos con tecnología de punta, y otras medidas, seguramente necesarias, también abordó el problema de la seguridad, informando a sus asistentes que va a crearse, dentro de poco, un número telefónico que el denominó 089, a través del cual, se puede hacer todo tipo de denuncias públicas en contra de quien se desee, (se supone que contra los delincuentes).
La ventaja de dicho número estará en que no se va a poder saber quién hace la denuncia, pues se bloqueará el remitente y por lo tanto no se podrá saber nunca, por parte de nadie, quien informó sobre: grupos delincuentes, nombres de narcotraficantes, lugares de reunión de la mafia, actitudes sospechosas de individuos, presunción de actos terroristas o inmorales etc. Esta iniciativa, aparentemente es correcta, pues así se podría evitar que los denunciados tomen represalias o venganzas contra sus denunciantes y con ello, el hecho de que violente su integridad física.
Pero en realidad, a mi juicio, es un arma de doble filo, porque permitirá, a quien quiera que lo deseé, denunciar a otros sin causas ni fundamentos; seguramente algunas veces, movidos por problemas de carácter personal o de tipo económico, con la intención de afectar a su enemigo.
En realidad, la medida no es nueva. En la edad media, en la época del oscurantismo feudal, cuando la iglesia jugó el negro papel de juez y verdugo, se propiciaba y ocurría lo mismo, pues, como ya lo he mencionado en colaboraciones anteriores, la iglesia católica tenía una infinitud de informantes; prácticamente, todo lo que ocurría en las ciudades o en las diferentes regiones, era informado a las altas esferas de la Santa Inquisición y esos informes se convertían en denuncias anónimas, sobre las cuales se procedía a la detención, enjuiciamiento y tortura del denunciado, situación que muchas veces implicaba, según el criterio de la iglesia el castigo inmediato del condenado. Pudiendo ser éste la cadena perpetua o la muerte, haciéndolo bajo juicios sumarísimos.
La cadena de crímenes y asesinatos por esta vía fue muy grande y, por lo tanto, también de injusticias, pues muchas veces los denunciantes lo único que tenían que hacer era justamente afirmar su acusación, sin ninguna prueba y, con esto, era suficiente para que se mandara a la hoguera o a la cárcel al indiciado. La historia ya tiene registros macabros y dolorosos en este sentido, y si queremos aprender de ella, debemos evitarlos a como dé lugar, pues, lo único que nos causarían son males. Por esta razón, la propuesta del Secretario de Gobernación aunque pudiera ser positiva y probablemente lo será, en algunos otros casos, significará tragedias irremediables. Esto significará una revivificación de las denuncias anónimas de la época del Santo Oficio y los resultados, en la mayoría de los casos, van a ser las mismos.
No cabe duda de que el PAN, conoce perfectamente la historia y que ha estado de acuerdo con métodos tan abusivos de aplicación de la justicia y que, no en vano, se ha ganado el mote de “mochos y reaccionarios” pues ahora, como en tiempos de la Santa Inquisición, ellos son los que tienen el poder político y podrán o querrán aplicar la justicia a su manera, afectando así los intereses de una inmensa mayoría de la población. Por esta razón no coincido ni creo que vaya a resultar nada bueno de la propuesta del número 089, para poder realizar denuncias anónimas, inculpando irresponsablemente a quien se desee y, de seguro, procediendo jurídicamente contra quien se denuncie. Si esto se realiza estaremos otra vez en los tiempos oscurantistas.
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