Se ha vuelto una costumbre, con la que, racionalmente no se puede coincidir, el hecho de que ante cualquier inconformidad, de un cierto grupo de ciudadanos, se proteste públicamente bloqueando avenidas, cruceros o calles. Se cree que por el hecho de realizar tal acción se es un gran revolucionario y se les debe considerar como muy valientes o bien, simplemente, se tiene la razón y se justifica tal medida. Los antorchistas, aunque alguien pudiera catalogarse de incongruente, no coincidimos con esta manera de actuar políticamente.
Las razones son por demás elementales.
Primero: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de el libre tránsito de las personas. Quien bloquea las vías de comunicación está atentando contra este derecho y cayendo fuera de la ley, lo cual, legal y políticamente puede ser usado para meter a la cárcel a quienes se ponen a protestar de ésta forma.
Segundo: no todos los que tapan calles lo hacen porque no tengan otra forma de protestar, muchas veces no se pretende encontrar una forma de hacerse oír por parte de las autoridades o bien de hacer que éstas accedan a tal o cual petición, que muchas de las veces no representa un bien social, sino que se pretende, por la vía de la presión ilegítima, lograr la aprobación de objetivos de carácter personal o bien, de obtener caprichos inconfesables públicamente. Es decir, el bloquear calles, algunas veces es utilizado como chantaje económico o político.
Tercero: quienes impiden el paso de vehículos por las calles o carreteras del estado, creen y piensan, que a quien van a afectar es al gobierno estatal, pero, todo mundo sabe (cuando menos quien razone con una lógica sana), que los funcionarios del gobierno, poco, muy poco se ven afectados por dichos bloqueos. Si por uno de éstos, no llegan a su trabajo, para ellos mejor. O si se paralizan todas las oficinas gubernamentales, tienen el pretexto, plenamente justificado, para no trabajar. En todo caso, si tienen asuntos importantes que tratar, simplemente, buscan el lugar adecuado o por vía telefónica y arreglan sus problemas.
En realidad a quien afectan, les guste o no, a los bloqueadores es a una parte importantísima del pueblo trabajador; amas de casa que tienen que ir hasta el mercado y cargar posteriormente los alimentos familiares; albañiles y peones que tienen que caminar hasta sus lugares de trabajo; empleados de oficina que tienen que pagar taxi para llegar a su empleo, etc. Es decir, que quienes bloquean no afectan al gobierno, sino al pueblo, al cual dicen representar y querer ayudar.
Cuarto: aun en el caso de que el objetivo fuera válido, la verdad es que, si bien es cierto, todos tenemos derecho a buscar los medios para lograrlo, eso no implica que tengamos el derecho de afectar, con éste tipo de protesta pública el derecho de los demás, pues tan válido es lo que yo necesito, como lo que los demás requieren.
Pero quienes han usado y abusado de ésta manera de hacer política tienen en su prestigio, en su simpatía y en su cariño y aceptación por parte del pueblo, la prueba más fehaciente de si las medidas que toman son correctas y les sirven para los objetivos planteados. Seguramente no es absoluto, pero la verdad es que cuando el ciudadano común se encuentra con un bloqueo de calles o cruceros, al primero que repudia, a grado tal de casi estar a punto de agredirlo, es al que, o a quienes, impiden el libre tránsito ciudadano. El razonamiento es muy sencillo “si tienen problemas con el gobierno, que lo arreglen con él”: ¿yo qué tengo que ver? La verdad es que organizaciones como la autodenominada APPO, la Sección XXII, algunos sindicatos o estudiantes universitarios, poca, muy poca simpatía obtienen del pueblo trabajador pues lo afectan de la manera señalada.
Las observaciones anteriores evidentemente no podrán ser tomadas en forma positiva, por quienes resultan señalados como torpes o equivocados, pero son un punto de vista consensado con una buena parte de la población oaxaqueña. Es claro que en la lucha política no se puede ser pacifista a ultranza pero tampoco radical desequilibrado sin noción de las repercusiones negativas del actuar político.
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