La filosofía enseña que no hay efecto sin causa,
y que cuando aparece un problema, la más elemental racionalidad
indica que para resolverlo deben buscarse y corregirse sus causas;
sólo así el efecto desaparecerá; mientras
no se proceda así, por mucho que se combatan los efectos,
éstos continuarán manifestándose. Todo
ello parece bastante obvio, pero la realidad social y política
de Hidalgo nos muestra que no lo es. Paso a explicarme.
En días pasados en el municipio de Tlanchinol, los habitantes
de las comunidades de Apantlazotl y Santa Lucía, cada
una actuando independientemente, retuvieron a varios funcionarios
del Ayuntamiento con el propósito de hacer cumplir sus
compromisos al Presidente Municipal, Teodoro Linarte. Las comunidades
procedieron así, empujadas por su desesperación
e inconformidad ante las promesas incumplidas; sintiéndose
burladas por enésima ocasión, y viendo como termina
el trienio el actual alcalde, sin cumplir las promesas que como
candidato, y ya como edil, hiciera a los pueblos.
La respuesta del gobierno del estado no se hizo esperar, e inmediatamente
arribaron cientos de granaderos a ambas comunidades (alrededor
de cuatrocientos sólo en Santa Lucía), y sin mediar
negociación alguna, al menos en esta última, arremetieron
brutalmente contra los inermes campesinos, dejando un saldo
de más de 40 lesionados y 9 detenidos.
Como es sabido, el recurso espontáneo empleado por las
comunidades, es de frecuente aplicación en la Huasteca
y la Sierra alta, y auque no comulguemos con estos métodos,
tratamos de entenderlos y buscar sus causas, algo que, desde
mi punto de vista, debieran hacer también los gobernantes
de todos los niveles.
¿Porqué se vuelve cada día más frecuente
en esa región amarrar y/o retener funcionarios? En mi
opinión hay dos razones. La primera es el alto grado
de marginación y pobreza en que vive la gran mayoría
de las comunidades; ignoradas siempre por administraciones estatales
y municipales, que van y vienen, prometen siempre en las campañas
electorales para ganar votos, pero una vez en el poder olvidan
lo prometido y reniegan de su palabra, como si el pueblo no
tuviera memoria, burlándose de él, y si éste
insiste, se le amenaza o, de plano, se le golpea o encarcela.
Pero todo en la vida tiene un límite y la gente está
llegando a la desesperación al no encontrar respuestas
efectivas a sus añejas necesidades.
La segunda causa, combinada con la anterior, es que los gobiernos
municipales y estatales han venido cometiendo el error de cancelar
la vía política de solución, la vía
legal y ordenada, que la Constitución ofrece a todo mexicano
para expresar sus demandas e inconformidades. Se han cancelado
de facto el derecho de organización, de petición,
de manifestación, de réplica y de libre expresión
de las ideas. Se cancela, pues, ese camino y además se
burla y da “capotazo”, haciendo a los representantes
de los pueblos a acudir cientos de veces a oficinas y pasar
allí días enteros en espera de soluciones, para,
al final de cuentas, salirles con el consabido “argumento”
de que “no hay recursos”. Y cuando, hartos ya, ejercen
su derecho de manifestación, se les responde con arrogancia,
que la autoridad “no cederá a presiones ni a chantajes”
o bien, simplemente se les ignora o engaña con la firma
de minutas que, obviamente, no se piensa cumplir.
Considerando las dos circunstancias mencionadas, y sin caer
en la legitimación de dichos métodos, cobra lógica
lo ocurrido en Tlanchinol y en tantas otras comunidades de la
Huasteca. Y es que no se han atendido las causas, y por eso
precisamente yerra y simplifica las cosas quien piense que todo
es cuestión de encarcelar y “aplicar todo el peso
de la ley”. Mientras aquéllas no se corrijan, seguirán
manifestándose de una forma u otra.
En conclusión, la solución de un problema social
debe ser igualmente social, y la política es un medio
para aplicarlo. El recurso judicial, predilecto de muchos, crea,
por el contrario, más problemas de los que resuelve y
complica los ya existentes, pues la inconformidad va en aumento,
y el hambre y las necesidades apremiantes de la gente no se
curan ni remedian con cárceles ni toletazos, sino con
una política sensible y de soluciones para quienes siguen
aún condenados a la miseria y la marginación.
Por lo pronto, tratando de hacer válida la vía
política, y haciendo uso de sus derechos constitucionales,
los habitantes de Santa Lucía, como otras comunidades
de Tlanchinol, y de todo el estado, se sumarán a la gran
marcha antorchista a realizarse en las primeras semanas de enero
en busca de soluciones definitivas al largo pliego de necesidades
sin atender.
