Seguramente, a quienes aún tengan capacidad de asombro,
no dejarán de sorprenderles las “respuestas”
que el Gobierno del Estado, a través de su Secretario
de Gobierno, Francisco Olvera Ruiz, da a la ciudadanía
que solicita atención a sus ya de por sí añejas
carencias. Como lo sabe la opinión pública, los
antorchistas de Hidalgo llevamos cinco meses en plantón,
esperando ser recibidos por una autoridad competente y con capacidad
resolutiva. Nuestra protesta se originó después
de reiteradas y arbitrarias negativas del gobierno a resolver
las demandas planteadas por los diversos grupos antorchistas
de la entidad, en su mayoría con una solución
prometida y firmada, bajo un compromiso expreso del gobierno.
Ahora, después de cinco largos meses de plantón,
en la Plaza Juárez, cinco meses de penurias, de soportar
todo tipo de inclemencias, pero también de mucha constancia
por parte de los demandantes de agua, luz eléctrica,
drenaje, caminos, clínicas, escuelas, etc., se nos quiere
doblegar con la amenaza de cárcel para los principales
líderes del Movimiento, principalmente para quien esto
escribe; amenaza abiertamente expresada por el titular de la
Secretaría de Gobierno, como consta en sus declaraciones
a Milenio Hidalgo del 30 de noviembre, donde insta a un supuesto
grupo de inconformes, inventado, inflado y protegido por él
mismo, a integrar denuncias penales ante el ministerio publico.
Además, y en insólita confesión de su íntimo
desprecio por la ley, el Secretario dice que el Gobierno no
se dejará “chantajear y presionar” por Antorcha
Campesina. Ahora resulta que, después de meses enteros
haciendo antesalas, esperando el cumplimiento de la palabra
empeñada y de los acuerdos firmados, y cuando cansados
de dicha espera, maniobras y engaños, nos decidimos a
hacer uso de nuestro derecho de manifestación y reiteramos
el de petición, entonces estamos “chantajeando”
al gobierno. Es decir, a este gobierno le gustaría, que
hiciéramos, lo que muchos indefensos: que aceptáramos
siempre sus negativas, y, además, sin chistar. Lo más
grave es que el propio Secretario admite que para él
el derecho de manifestación y petición es sólo
un “chantaje”, y debe ser combatido. ¡Ese
es el respeto que le merecen los postulados de la Constitución
Mexicana!
Como ni el tiempo ni las inclemencias del clima han doblegado
el ánimo de los antorchistas, y seguimos insistiendo
en ser atendidos por el Señor Gobernador del Estado,
y en la pronta solución a nuestras demandas, ahora, se
nos amenaza abiertamente con cárcel. Desde hace días
se viene preparando el terreno para la represión, instrumentando
una campaña mediática de calumnias y ataques,
valiéndose, para ello, de hombres de paja, de una sedicente
asociación civil, evidentemente manipulada por la Secretaría
de Gobierno. Así, en lugar de respetar el derecho de
organización y petición, se trata de destruir
a las organizaciones que se atreven a reclamar atención
para los más humildes.
Por nuestra parte, no nos dejaremos intimidar, pues sabemos
que la ley y la justicia están de nuestro lado, y seguiremos
buscando el diálogo respetuoso, del que resulten soluciones
efectivas a las necesidades de la gente pobre. Nuestro mejor
amparo es la Constitución, la legitimidad de nuestras
demandas, y el decidido respaldo de los miles de antorchistas
de Hidalgo y de toda la República Mexicana que, a no
dudar, sabrán responder enérgicamente a las agresiones
del gobierno del Estado. Apreciamos, de manera destacada, el
apoyo solidario prestado por los ciudadanos de buena fe, honrados
y generosos de todo el Estado de Hidalgo, ante quienes reiteramos
que el deber del gobierno es dialogar, no golpear. Así
se lo ordena la ley y así lo demanda la sociedad.
