El pasado 2 de septiembre, nuevamente, aunque ahora en un grado
más delicado, fueron agredidos tres antorchistas del
municipio de Chapulhucán por un grupo que comanda el
actual edil, Fermín Castillo González. El grupo
de agresores conformado por alrededor de unas 30 gentes se dirigieron
a la casa de la Señora Bonificia Hernández, entraron
violentamente y le propinaron una golpiza a ella y a su hija
Ana Rosa Mota Hernández; misma suerte corrió el
joven Nicolás Martínez Mejía, quién
al acudir a auxiliarlas, la horda arremetió contra él,
golpeándolo hasta dejarlo inconciente y con varias fracturas
en el cuerpo, lo cual lo mantiene hospitalizado. Al momento
de la agresión, el delegado de la comunidad tuvo a bien
llamar a la policía municipal, que, obviamente…
nunca llegó.
Tenemos meses (desde el pasado 13 de febrero, fecha en que fueron
despojados de su predio los campesinos antorchistas por parte
de las huestes del presidente municipal), denunciando ante la
opinión pública y ante las autoridades estatales
toda la serie de agresiones perpetradas contra los antorchistas
de Chapulhuacán y sus líderes, agresiones que
por todos los indicios y testimonios, han sido dirigidas por
el propio alcalde. También han pasado meses desde que
se interpuso la denuncia ante el ministerio público correspondiente
por el delito de agresiones y despojo en contra del alcalde
y sus secuaces, denuncia que hasta el momento seguramente sigue
durmiendo “el sueño de los justos”, pues
ninguna autoridad ha intervenido para detener toda esa ola de
agresiones en contra de campesinos inermes.
Ante estos hechos duros, ante esta realidad, vale la pregunta:
¿la ley en Hidalgo, es solamente para aplicarla a unos
cuantos, a quienes las autoridades consideren sus adversarios
políticos, y no para aquéllos que cometan delitos
tan flagrantes como es el caso?
Y tendré que volver a preguntar, como lo hice en una
colaboración anterior: el alcalde de Chapulhuacán,
¿está por encima de la ley? ¿Quién
protege a dicho personaje? Ante tanto atropello, no puede uno
menos que esperar, nuevamente, que se haga realidad el slogan
oficial de que nadie está por encima de la ley; por ello,
es urgente y necesaria la intervención de las autoridades
estatales para hacer justicia, devolviendo el terreno a sus
legítimos propietarios y castigando a los responsables
materiales e intelectuales de las agresiones, y para que sean
atendidas las demandas de obras y servicios públicos
que se han venido solicitando a las autoridades municipales.
En estos días donde tanto se habla del respeto a las
instituciones, éstas debieran de preocuparse un poco
más no solamente para ser respetadas por todos los ciudadanos,
sino, además, para patentizar que atienden y resuelven
los problemas que aquejan a la ciudadanía y así,
sin necesidad de tanta propaganda, se consolidará el
respeto ciudadano y la credibilidad.
Por lo pronto, seguiremos trabajando y luchando por una solución
justa al problema, sin parcialidades como hasta ahora; por la
atención de las necesidades de los antorchistas de Chapulhuacán,
y por el castigo a quienes, abusando de su poder, se atreven
no solamente a ignorar a sus gobernados, sino a agredirlos para
acallar su voz.
