En mi colaboración anterior, donde hablaba de las amenazas
y calumnias del gobierno del estado al Movimiento Antorchista
a través de un diario nacional, y de su política
de cero diálogo y cero solución, terminaba diciendo
que: “los gobernantes optan por la fuerza y no por el
diálogo”. Y no tuvo que pasar mucho tiempo, desgraciadamente,
para corroborar mi hipótesis; dos hechos se presentaron
en la semana: primero, Atitalaquia, conocido por todo el país
debido a su magnitud y difusión, donde se empleó
la fuerza publica como medida para resolver un conflicto poselectoral
y social. El saldo todos lo conocemos: mas de 80 detenidos,
un número no muy claro de heridos, y un gran enojo y
resentimiento social en todos los habitantes del municipio,
independientemente del partido a que pertenezcan, y creo que
entre gran parte de los hidalguenses, pues difícilmente
alguien puede estar de acuerdo en que se golpee de manera tan
brutal a la población.
Ciertamente, como lo declaró el Sr. Gobernador, que
“a él lo eligieron para aplicar la ley”,
pero yo me pregunto: ¿utilizar la fuerza contra ese pueblo
que lo eligió es aplicar la ley? ¿No existían
otros mecanismos para resolver el conflicto? ¿Se habrán
preguntado las autoridades por que tanto enojo de la población,
que sumó quizás a más de lo previsto por
los mismos convocantes? O quizá, por la experiencia propia,
me surge la interrogante ¿imperó un monólogo
en los encargados de la política interna y una imposición
de sus criterios?
Creo que también es importante recordar a las autoridades
estatales, que el pueblo los eligió para que atendieran
sus demandas, sus peticiones y que, a una parte de ese pueblo
lo tienen a las puertas del palacio de gobierno esperando, precisamente,
que el gobierno los atienda ¿aquí por qué
no se es tan expedito, si también es un mandato del pueblo?
Recogiendo las palabras del señor gobernador, me viene
la duda: ¿No lo habrán elegido también
para escuchar y dialogar?
El otro hecho, fue la agresión que sufrieron los Antorchistas
del municipio de Chapulhuacán el lunes 13 de los corrientes,
a manos de policías municipales vestidos de civil, a
la cabeza de un grupo de personas que no solamente agredieron
físicamente a los antorchistas, que se encontraban realizando
una faena, entre ellos a la dirigente regional, a la Profra.
Evelia Bautista Gómez, sino que en un acto, que solamente
concebible cuando quien lo hace se siente no solamente protegido,
sino instruido para ello, despojaron a los antorchistas de buena
parte del predio adquirido y habitado por ellos desde hace más
de dos años. Desde que el Sr. Fermín Castillo
González, actual presidente municipal de Chapulhuacán,
era candidato, fue vox populi la promesa a sus incondicionales
de que arrebataría el predio en cuestión a los
antorchistas, y exterminaría a Antorcha Campesina en
el municipio, para lo cual contaba, así lo declaraba,
con el apoyo del gobierno del estado.
Cierto o no esto último, el hecho es que ninguna autoridad
competente se ha dignado recibir a los antorchistas para tratar
el asunto; al contrario, en la agencia del Ministerio Público
de Chapulhuacán (en una cínica violación
de la ley) se negaron en redondo a recibir la denuncia de los
hechos y en Palacio de Gobierno hacen como que nada saben y
nada entienden. Más parece que se empiezan a cumplir
las amenazas proferidas por las autoridades estatales.
Por lo pronto, los antorchistas de Chapulhuacán ya
se están preparando para llevar a cabo, en los próximos
días, una manifestación pacífica, exigiendo
el cese a las agresiones, la devolución del predio y
la solución a las demandas de los antorchistas de las
diferentes comunidades.
Y de nueva cuenta, y con el riesgo de parecer disco rayado,
tendremos que decir que la política de utilizar la ley
como garrote, y la falta de oficio político en las autoridades,
sólo genera mayor inconformidad e irritabilidad social.
