Ante la persistencia de los antorchistas hidalguenses, que
llevan ya más de siete meses en plantón, en la
Plaza Juárez, y ante lo legítimo de su movimiento
y sus demandas, el gobierno del estado, encabezado por el priísta
Miguel Ángel Osorio Chong, ha emprendido nuevas acciones
contra el Movimiento Antorchista con el fin de hacerlo desistir,
y seguramente llevar a la cárcel a sus líderes,
como hoy en día viene haciendo la derecha cavernaria
en Querétaro.
Pero al no encontrar argumentos ciertos para negar las soluciones
y para desprestigiar a la organización popular, nuevamente
se vale de medios y plumíferos, para esconder la mano
que los mueve. Y aquí aparece, de nueva cuenta, el diario
LA JORNADA, especialista en estos menesteres, que ni tardo ni
perezoso, hace eco de las acusaciones sin fundamento propaladas
por el gobierno del estado, mismas que se prestó a firmar
como nota un tal Carlos Camacho, reportero de La Jornada en
Hidalgo. Este señor, con absoluto desparpajo y sin preocuparse
de presentar absolutamente ninguna prueba de sus dichos, arremete
contra Antorcha Campesina y sus líderes, en un acto por
demás deshonesto, falto de la mínima ética
profesional que debe caracterizar a un buen comunicador, y en
flagrante violación a cualquier sindéresis y a
la más elemental coherencia lógica.
Pues bien, la nota de referencia la publica la Jornada el
pasado 31 de enero y dice que: “militantes de la organización
Antorcha campesina denunciaron ante la Procuraduría de
Justicia estatal y de la Comisión de los Derechos Humanos
de Hidalgo, que dirigentes de esa agrupación los amenazaron
con secuestrar a sus familiares si no se mantienen en plantón...”
El Sr. “reportero” no dice en primer lugar, quiénes
son esos supuestos “militantes”; no da ni un solo
nombre, pero además, como lo señala más
adelante, dice que estos pretendidos acusadores han decidido
sumarse a otra agrupación denominada Belisario Domínguez.
Entonces, ¿son o no son militantes de Antorcha Campesina?
Prosigue nuestro flamante “comunicador”, diciendo
que: “los quejosos señalan directamente a los dirigentes
Guadalupe Orona Urías, Adaucta Mota Alvarez, Ciristina
Rojas (sic) Illescas, Martha García Veloz y Joaquín
Gamboa, de ser quienes, en una incursión a las colonias
Condesa y Europa causaron destrozos y amenazaron con destruir
las viviendas y secuestrar a los hijos de quienes se nieguen
mantenerse en el “movimiento”...” y que “el
26 de enero un grupo de antorchistas con el rostro cubierto,
encabezados por Adaucta Mota Alvarez entraron a las casas de
las colonias Condesa y Europa...” Sería muy interesante
que el plumífero de marras y la propia Jornada nos dijeran
cómo hizo la profesora Cristina Rosas (no Rojas) Illescas,
presa política del gobierno de Querétaro, para
poder salir del penal de San José El Alto y encabezar
una incursión intimidatoria contra colonos en Pachuca;
pero además, convendría que nos aclarara, si todos
los mencionados iban encapuchados, ¿cómo los identificaron?
Además, como lo saben perfectamente los habitantes de
las colonias aquí mencionadas, Antorcha Campesina no
tiene agremiados ni en la colonia Condesa ni en la Europa; entonces,
¿cómo se concibe que los líderes vayan
a “amenazar” a gente de colonias que ni conocen,
donde no tienen agremiados, ni están participando en
el plantón?
Entre tantas otras sandeces, dice que estos supuestos antorchistas
son obligados a asistir a las asambleas, pagar cuotas, participar
en marchas y plantones, etc, etc. Lo cierto aquí, es
que al gobierno no le cabe en la cabeza que haya hidalguenses
pobres capaces de luchar y defender lo que por derecho les pertenece,
y que ellos les niegan de manera reiterada; no quieren reconocer
que en Antorcha milita gente pensante y que todo lo que hace,
desde una simple faena, gestión, hasta una gran marcha,
plantón o evento cultural, lo hace de manera decidida
y convencida de que en su unidad y organización está
la solución a sus grandes carencias y necesidades, y
no en la buena “voluntad” del gobernante en turno,
que por lo demás, no existe.
La maniobra es, pues, bastante burda: por un lado se niegan
absolutamente las soluciones y por otro se sataniza y se lanzan
amenazas veladas (a través de los medios que se prestan
para hacer el trabajo sucio al gobierno) en contra de las movilizaciones
sociales legítimas, única defensa de los débiles
y marginados, es claro que se está tratando de llevar
a estos últimos y a sus dirigentes a una encrucijada
del tipo de aquellas en que el poderoso siempre gana: o renuncian
a seguir insistiendo en la solución de sus problemas
o se exponen a que sobre ellos caiga “todo el peso de
la ley” en forma de acusaciones y delitos prefabricados,
es decir, a la represión abierta y descarada. Lo grave
de todo esto es que tanto desprecio a la lógica y a la
inteligencia de la sociedad, es síntoma inequívoco
de que los gobernantes optan por la fuerza y no por el diálogo.
