Hoy, el escenario político en el estado de Hidalgo,
me recuerda una tesis planteada, hace ya algún tiempo,
por el Ingeniero Aquiles Córdova Morán, Secretario
General del Movimiento Antorchista, en relación con los
gobiernos que no atienden los problemas de sus gobernados, pero
que sí mencionan a toda hora, venga o no a cuento, en
cualquier oportunidad y a la menor provocación, la palabra
“democracia”; como si ésta fuera la “solución
mágica” a todos los problemas o como si colgándose
de ella un funcionario o gobierno pudieran recomponer su maltrecho
prestigio; o bien, es permanentemente utilizada por aquel gobierno
que quiere cubrirse con una vestidura de progresista. Todos
recordamos, por ejemplo, que los medios de comunicación
daban cuenta que en su quinto informe, el presidente Vicente
Fox, pronunció ¡más de 40 veces! la palabra
democracia, en un lapso de aproximadamente una hora.
“Ciertamente, democracia es, en su esencia más
profunda, un régimen social en el cual compete a los
ciudadanos, y sólo a ellos, poner y quitar gobernantes
mediante su voto libremente emitido en las urnas. Pero es obvio
que, cuando la ciudadanía elige a sus funcionarios, no
se está dando a sí misma un dictador; no está
firmando un cheque en blanco a los escogidos para que, una vez
instalados en la silla del poder, hagan y deshagan a su arbitrio
con el destino de los electores. Todo lo contrario, la gente
vota pensando en que, por ese medio, nombra a un servidor leal
y eficiente de sus intereses, a un mandatario dispuesto a obedecer
y a sujetar su conducta siempre, invariablemente, al mandato
tácito o expreso que emana de la voluntad popular.”
“De aquí se sigue que, para que la democracia sea
verdadera, genuina, para que realmente sirva a quien tiene que
servir, no sólo debe garantizar los derechos de elegir,
y deponer en su caso, a los gobernantes, sino que también
debe de incluir, y de modo preponderante, la facultad de supervisarlos
y vigilarlos en su quehacer cotidiano; proveer los instrumentos
idóneos para exigirles, en forma expedita y oportuna,
el cumplimiento de su deber y de los compromisos contraídos
con las mayorías. Una democracia en la cual el gobernante,
una vez elegido, se vuelve prácticamente intocable, y
queda colocado más allá de todo control y de todo
reclamo por parte de la sociedad, es, en el fondo, una dictadura
encubierta, apenas disfrazada con el ropaje de “la ley”.
Para garantizar el cumplimiento de este requisito, los mexicanos
tenemos los artículos octavo y noveno de nuestra Constitución,
que nos señalan que todos los ciudadanos somos libres
de organizarnos con quien más convenga a nuestros intereses,
y nos otorgan también el derecho de manifestación
pública ante cualquier acto arbitrario de la autoridad;
pero también, y hoy en día lo oímos con
mayor frecuencia, en la campaña mediática que
ha instrumentado la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, dichas autoridades están obligadas a atender
cualquier petición y de no hacerlo están violando
la ley. Están obligadas a escuchar a sus peticionarios,
a entablar un diálogo serio, respetuoso y buscar las
posibles alternativas de solución a las demandas planteadas.
Por tanto, un funcionario que responde con soberbia; que ve
con indiferencia y arrogancia una manifestación pública,
como en el caso de Hidalgo; que ve cómo cientos de familias
tienen que soportar todas las inclemencias del tiempo para lograr
llamar la atención de sus gobernantes, y ser escuchados
y atendidos, no sólo está incurriendo en la mayor
insensibilidad política y cometiendo una gran injusticia,
sino que está violando la Constitución General
de la República, misma que juró cumplir y hacer
cumplir. Los antorchistas seguiremos insistiendo, una y otra
vez, por que sea respetada nuestra Carta Magna y sean atendidas
las demandas de las mayorías, para que así la
“democracia mexicana”, sirva también al gran
pueblo trabajador.
Dirigente estatal del Estado de Hidalgo
