Quiero compartir, el día de hoy, con mis escasos lectores
la respuesta de la CNDH a la solicitud de la Dirección
Nacional del Movimiento Antorchista en relación al injusto
encarcelamiento de la Profa. Cristina Rosas Illescas, al asesinato
de nuestro compañerito Jorge Obispo y a las amenazas
de muerte recibidas por parte de los dirigentes de Antorcha
Campesina. Dicha respuesta dice a la letra:
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó
a los gobernadores de los estados de México y Querétaro,
Enrique Peña Nieto y Francisco Garrido Patrón,
respectivamente, así como al jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, la aplicación
de medidas cautelares de protección en favor de los integrantes
del movimiento Antorcha Campesina, tendentes a evitar la consumación
de actos que atenten contra los derechos a la vida, a la integridad
física y psicológica, de legalidad y de seguridad
jurídica de esas personas.
Lo anterior, en respuesta a la queja presentada ante este Organismo
nacional por el Comité Ejecutivo Nacional de dicha organización,
en las cuales denuncia la realización de campañas
de hostigamiento, intimidación, represión y malos
tratos que han recibido sus integrantes en diversas entidades
del país, especialmente en el estado de Querétaro.
Los agraviados consideran que las amenazas en contra de representantes
de Antorcha Campesina se reflejan en el homicidio del señor
Jorge Obispo Hernández, en Naucalpan, Estado de México;
en la falta de respuesta favorable por parte de la Secretaría
de Gobernación del gobierno federal para atender este
caso, así como en la inactividad de las procuradurías
generales de Justicia del Distrito Federal y del Estado de México,
que hasta el momento no han integrado las averiguaciones previas
correspondientes.
Esta Comisión Nacional considera que resulta fundamental
la observancia y protección de los derechos humanos por
parte de todas las autoridades y servidores públicos,
ya que con base en nuestro sistema jurídico las instituciones
de los tres niveles de gobierno deben privilegiar las acciones
preventivas necesarias para evitar su trasgresión.
Las solicitudes de medidas cautelares –-dirigidas a los
gobernadores Peña Nieto y Garrido Patrón, así
como al jefe de Gobierno del Distrito Federal— se fundamenta
en lo dispuesto en los artículos 2°, 3°, 6°
fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, así como 1° y 112 al 115
de su Reglamento Interno” Obviamente, aparte de dar a
conocer esta valiente respuesta de la CNDH, quiero también
reconocer que, con esta acción dicha comisión
cumple con su cometido y con los preceptos que le dieron vida:
garantizar los derechos humanos, aun en el más humilde
de los cristianos y el derecho a disentir de la autoridad siempre
en el marco de la ley y del derecho y poner freno a los abusos
del poder trátese del funcionario que se trate.
Los antorchistas estamos claros de la gran importancia de dicha
recomendación, no sólo porque protege nuestras
vidas, sino por el precedente que sienta de cumplir cabalmente
su papel y el poder garantizar para todos los mexicanos sus
derechos constituciones y el don más apreciado, la vida.
