El hecho de que Hidalgo ocupe el nada honroso quinto lugar
nacional en marginación y pobreza, debiera ser asunto
de preocupación permanente para todo gobernante en el
estado y junto con todos los actores políticos de la
entidad, así como la participación activa de la
sociedad civil, buscar alternativas reales para ir superando
dicha situación.
Y la sociedad civil tiene el derecho constitucional de darse
a sí misma las formas en que puede participar; esto a
través de los diferentes partidos políticos, de
organizaciones no gubernamentales o de organizaciones políticas
en general, y siendo precisamente un derecho constitucional
ningún funcionario público, ni el mismísimo
Presidente de la República debiera intentar conculcar
esas formas de organización, sino, por el contrario,
respetarlas y atenderlas.
Viene esto a colación por las recientes declaraciones
del Sr. Gobernador del Estado, Lic. Miguel Ángel Osorio
Chong, en relación al conflicto que mantiene su gobierno
con la organización Antorcha Campesina, que a más
de 7 meses de plantón, de varias manifestaciones publicas
y de infinidad de solicitudes de audiencia, verbales y por escrito,
aún no encuentra una actitud de diálogo por parte
del gobierno, mucho menos soluciones. Pero el asunto se agrava
cuando, según varios medios de comunicación, que
así lo consignaron, el Sr. Gobernador declara “que
no cederá ni un centímetro a las presiones de
Antorcha Campesina” y que “él canalizará
todo vía ayuntamientos”.
En relación al primer punto, cuando se habla de “presiones”,
creo ciertamente, que ningún gobernante debiera de necesitar
de ellas para atender justas demandas de la ciudadanía;
que ante la petición siempre debiera de correr la atención
y la solución de acuerdo a las posibilidades y no una
política, como la que se aplica a los antorchistas, de
cero atención y cero solución. Pero no son precisamente
presiones las que lleva a cabo Antorcha, sino el elemental ejercicio
de sus derechos ante la represión administrativa, al
no haber ninguna puerta abierta de diálogo y solución.
En otras palabras, es la persecución y el bloqueo oficial
lo que obliga a Antorcha a protestar.
En cuanto a la segunda cuestión, considero, por un
lado, que es incorrecta la respuesta oficial comentada, pues
muchas de las obras que reclama Antorcha están firmadas
por funcionarios del gobierno del estado e incluso algunas de
ellas, por el propio Lic. Osorio Chong en su carácter
de Secretario de Gobierno de la anterior administración.
Por otro lado, y realmente grave, es que se pretenda eliminar
con un golpe de autoridad los derechos de todo ciudadano u organización
a ser atendido, y, por lo tanto, dejar como poder omnipotente
al Estado, sea a través del propio poder estatal o de
los ayuntamientos que son parte también de él.
Es decir, significa dejar completamente en la indefensión
al ciudadano común y corriente ante todo el aparato del
poder. Además, el gobierno estatal está obligado
a llevar obras y servicios a todos los rincones del estado,
o si no ¿para qué tanta campaña y promesas
a la inmensa mayoría de las comunidades para ganarles
el favor del voto?
Así que, es nuevamente necesario insistir en que a
todos los habitantes se nos debe tomar en cuenta no solamente
a la hora de emitir nuestro voto, sino en la vida diaria, en
los planes y proyectos del gobierno, pero sobre todo se debe
considerar las peticiones sin necesidad de que la gente tenga
que permanecer meses o quizás años ante la puerta
de un palacio o en una plaza pública esperando a que
el gobernante en turno se digne atenderla. También es
necesario insistir en que es obligación de la autoridad
respetar el derecho de organización, y el derecho de
todos los hidalguenses a una vida digna. Eso solamente, es lo
que Antorcha reclama.
