Por estos días, nuevamente, se vienen conociendo declaraciones
de connotados funcionarios públicos en torno al problema
de la vivienda y de lo que gustan llamar “asentamientos
irregulares”; sobre todo llaman la atención las
explicaciones que pretenden explicar causas y recomendar soluciones.
....En particular, llama la atención
porque también ante este problema se pone de manifiesto
una línea de pensamiento y de conducta política
muy marcada, que tiene su expresión más agresiva
a raíz del arribo de la derecha al poder en el 2000.
Esta orientación se caracteriza, por un lado, por una
agresión permanente a las organizaciones sociales; por
considerar delito prácticamente todos los derechos y
garantías individuales consagrados en la Constitución,
tan pronto como los pobres pretenden acogerse a su protección.
En segundo lugar, se caracteriza por la imposición de
una política totalmente reaccionaria, oscurantista, donde
todas la explicaciones estructurales de los problemas económicos,
sociales y políticos que afectan a las grandes mayorías
(en nuestro país, según datos oficiales alrededor
de 70 millones de pobres), la responsabilidad no recae en el
Estado ni en las clases económicamente poderosas, sino
que todos los sufrimientos, necesidades de servicios e injusticias
que padecen los pobres, los producen ellos mismos; son culpa
de ellos y, por tanto, son también ellos los responsables
de encontrarles solución o de soportar sumisamente los
costos de su actuar e incapacidad para ponerles remedio.
....Así, por ejemplo, le
dicen a una familia: “si no tienes luz, es tu culpa; tú
decidiste irte a vivir a tal o cual colonia o zona que no tenía
ese servicio; o bien, si vives en zona de riesgo también
es tu problema; nadie te mandó allá, etc., etc.
(olvida el funcionario que a los pobres los llevó la
necesidad a vivir donde están), de manera que yo, como
autoridad, aunque recaude los impuestos de todos, reciba los
beneficios del petróleo, etc., no esto estoy obligado
a darte servicios porque vives en una colonia irregular”.
....Es decir, para la mayoría
de los gobiernos actuales, organizarse para conseguir un lote
y poder edificar poco a poco una modesta vivienda, de acuerdo
con sus raquíticos ingresos, viene convirtiéndose
en un delito, que debe perseguirse y castigarse como tal (ejemplo
claro de ello, el gobierno de Querétaro), justificándose
asimismo la negativa a introducir los servicios básicos.
Vemos pues, que gobiernos estatales y municipales han convertido
en una moda las ideas y políticas ultraderechistas del
gobierno federal, según las cuales, los problemas de
vivienda los ocasionan los líderes sociales y no la injusta
distribución de la riqueza, por lo que la solución
no es otra que meterlos a todos a la cárcel.
....A estos funcionarios, que no
entienden en lo más mínimo la situación
de precariedad en que vive la inmensa mayoría de la población,
no les pasa por la cabeza que el verdadero fondo del problema
es que existen millones de mexicanos que no ganan ni el salario
mínimo y que, por tanto, jamás podrán pagar
el enganche y las mensualidades de las viviendas “de interés
social” que se les ofrecen a través de los programas
oficiales, o por conducto de las compañías constructoras
que, esas sí, lucran con la necesidad de vivienda de
las mayorías desvalidas. Eso, aparte de que muchas familias
rechazan esas casas que dan “buena” imagen urbana
porque son verdaderos palomares en los que para entrar los hijos
se tienen que salir los padres, pues no caben todos al mismo
tiempo.
....Es cierto también que,
como ya lo ha planteado Antorcha Campesina, “por esta
vía, algunos líderes vivales (cuyo número
se ha exagerado con toda intención) amasaron cuantiosas
fortunas personales y lograron una respetable fuerza política
que les permitía, además de ampliar el negocio,
reclamar y conseguir puestos políticos y prebendas económicas
para ellos y sus más cercanos “colaboradores”;
pero es absolutamente cierto también que, por este camino,
han adquirido vivienda muchos miles de mexicanos, millones tal
vez, que de otra manera jamás habrían tenido acceso
a ella dada su condición de precaristas extremos. Incluso,
bien analizado el problema, es fácil darse cuenta que
la falla no es imputable al procedimiento como tal, sino que
la corrupción se hace presente sólo cuando hay
contubernio entre los líderes y los funcionarios respectivos,
pues es en ese caso, y sólo en ese caso, que se produce
el intercambio de favores: a cambio de apoyo político
al burócrata en turno, se le deja al líder espurio
manos libres para hacer y deshacer, es decir, para traficar
deshonestamente con los lotes y para emplearlos como medio de
control político sobre los solicitantes. Si no hay apoyo
de la autoridad competente, el chalaneo político y económico
se vuelve prácticamente imposible”.
....Pero además queda en
el aire otra pregunta: si ese es el pretexto, perdón
el argumento, para negar los servicios básicos a un gran
número de colonias populares, y se dice que por ello
no les han resuelto sus peticiones, entonces, ¿cuál
es para aquellas comunidades campesinas que tienen más
de 50 ó 100 años de existencia y que aún
carecen de servicios como agua potable o electricidad?
....Así que como el problema
es de intereses, de ideología, y muy ocasionalmente,
de recursos disponibles para resolverlo, la solución
sigue estando en la unidad de los sin-casa para luchar y defender
sus intereses.
