Muy probablemente los hechos suscitados en el municipio de
Chapulhuacán, donde fue agredida una manifestación
pública no sea tema para muchos columnistas, ya sea porque
para algunos no merezca comentario alguno por tratarse de campesinos
antorchistas, a otros sus prejuicios contra el movimiento Antorchista
no se los permita y a otros, los menos quizá, no se lo
permitan sus jefes.
Pero ante los graves acontecimientos, creo que los que tienen
voz en cualquier medio debieran de pronunciarse condenando el
hecho, hoy se trata del Movimiento Antorchista, pero lo cierto
es que si se consienten este tipo de prácticas, el día
de mañana podrá ser cualquier otra organización
e incluso partido político opuesto a los intereses del
partido al que pertenezca el alcalde en turno.
Para la vida democrática del país, acontecimientos
como los del domingo 15, vienen a poner ante los ojos de la
sociedad una realidad que muchas veces no queremos ver, una
realidad que consideramos que se presentó de ésta
manera, no porque “el sistema democrático”
en que vivimos lo permita, sino porque los agredidos lo provocan
con su atrevimiento y exigencia; y esto es precisamente lo grave,
que con un argumento u otro los mexicanos aprobemos con nuestra
omisión y silencio acontecimientos tan graves como los
de Chapulhuacán, en el estado de Hidalgo.
Con estos hechos se viene a demostrar que las libertades de
las que se supone gozamos todos los mexicanos y se encuentran
plasmadas en la Constitución, no son tal, que aun existen
regiones del país donde impera un feroz cacicazgo que,
cuando ve afectados sus intereses y poder se vuelca con todo
ante los indefensos y más pobres de su municipio; es
decir, el uso del poder para violar la ley, para pervertirla
o para hacer caso omiso de ella está a la orden del día.
Y como ejemplo tenemos, no solamente Chapulhuacán, sino
también el caso de Napoleón Gómez Urrutia,
donde se trató de prostituir la ley por el propio Presidente
de la República, por Vicente Fox, el primer mandatario,
que es al mismo tiempo, el primer obligado a respetarla y hacerla
respetar. Tenemos también el caso archí tratado
de Cristina Rosas Illescas en Querétaro, donde también
se acomoda la ley a los intereses del gobernador panista de
ese estado y se permite tener en las mazmorras a una inocente.
Lo grave del hecho provocó una reacción en todos
los medios de comunicación, dando a conocer al país
entero de los sucesos en este lejano municipio de la Sierra
Gorda de Hidalgo, lejanía de la cual se aprovechan los
caciques del lugar y las autoridades locales para hacer de las
suyas, para maltratar, humillar, golpear, etc., a los que consideran
sus enemigos políticos o agentes perturbadores para la
ejecución de sus planes económicos o políticos;
y desgraciadamente Chapulhuacán no es la excepción
en Hidalgo. Se sigue viviendo en varios municipios como Tlanchinol,
Pisaflores, Yahualica, Xochitipan, etc., situaciones tan humillantes
para la inmensa mayoría de la población que vive
en extrema pobreza, dignas de las mejores épocas del
porfiriato. En estas regiones del estado, cuando un campesino
se atreve a solicitar una obra para su comunidad, sale de la
oficina del funcionario, no solamente con respuestas negativas,
sino regañado y amenazado, acusándosele incluso
de ingrato, mal agradecido y renegado.
La tan sonada democracia mexicana y la alternancia del poder
no han remediado situaciones tan denigrantes para el pueblo
de México, pues aun se puede censurar y agredir a una
manifestación pública y pacifica. Ante esta realidad,
que de nueva cuenta, viene a ponernos frente una evidencia más
de que a los pobres de México no les vendrá el
cambio de arriba, de los poderosos, sino de su propio quehacer
diario, de su propia organización y lucha. Que solamente
con educación y organización podrán lograr
una vida y un trato más digno y un país más
justo y equitativo con los productores de la riqueza nacional:
el pueblo de México.
