El problema de la vivienda tiene en lo fundamental dos vertientes: una, la falta total de ella, que según cifras oficiales, rebasa los 3.5 millones de familias, es decir, alrededor de 17.5 millones de mexicanos carecen de un techo propio. La otra, quienes cuentan con una, aunque muchas de las veces son verdaderas palomeras, sumamente reducidas para la sana convivencia de una familia de cinco miembros o bien verdaderas chozas, que cuando mucho tiene una pequeña habitación donde es dormitorio, estancia y muchas veces hasta cocina.
La Constitución Mexicana reza que todos los mexicanos tenemos derecho, entre otros, a una vivienda digna, pero parece que este derecho, y por lo tanto la obligación de los gobiernos de contribuir a hacer efectiva esta ley, no solamente se les ha olvidado sino que en muchos casos la han vuelto en su contrario, en un delito. Para casi todo gobernante, independientemente del partido que haya emanado, se viene volviendo una práctica común convertir en un delito sumamente condenable la lucha por la vivienda popular y obviamente contra quienes la encabezan.
Ejemplos, desgraciadamente, muchos, el más representativo sigue siendo el gobierno panista de Querétaro, quien desde hace más de dos años mantiene en prisión a la líder de los antorchistas de aquel estado, a la valiente luchadora social Cristina Rosas Illescas. Mismo derrotero sigue en estos días un gobierno de “izquierda”, el de Constanzo de la Vega Membrillo, edil perredista del mexiquense municipio de Texcoco, quien ha iniciado toda una campaña de calumnias, injurias y amenazas contra un humilde grupo de solicitantes de vivienda y sus líderes; este liliputiense metido a alcalde y emanado de un partido cuyo lema, o mejor dicho eslogan para vender mejor, es “primero los pobres” no le envidia nada al yunquista de Querétaro; sus argumentos para negar la vivienda son los mismos y sus prácticas para frenar al grupo demandante también.
Por todo esto y por la pobreza en que vivimos la inmensa mayoría de los mexicanos, la consecución de una vivienda es una verdadera odisea y el conseguirla una proeza. Las cosas, en este terreno (y también en otros), en Hidalgo no son muy diferentes. Vemos cientos, miles de pichoneras, que aparecen casi de la noche a la mañana en los municipios mas importantes de la entidad, como si las hubieran sembrado, pero a pesar de ello miles de familias hidalguenses siguen careciendo de una vivienda (más del 60 por ciento de los hidalguenses sufre de pobreza patrimonial), no pueden aspirar ni a una pichonera, pues no están construidas pensando en resolver un problema social, sino en hacer negocio y grandes negocios; como en todo negocio, meten dinero (en su construcción) para sacar más. Quedan pues, este tipo de viviendas, fuera del alcance de obreros que ganan el mínimo, de trabajadores del volante, de empleados de pequeños o medianos negocios, de trabajadoras domésticas, etc.
Decía que el problema tiene dos vertientes, la otra, la que enfrentan los mexicanos que cuentan con un techo, pero insuficiente en espacio y condiciones para albergar una familia. Aquí, lograr un apoyo gubernamental considerable o suficiente para ampliar o mejorar la casa, o bien un crédito, es una utopía; les piden a los demandantes cubrir una serie de requisitos imposibles, por sus condiciones, de cubrir. Les solicitan, vaya, hasta la cartilla de vacunación y pasan meses yendo y viniendo tratando de lograrlo y hasta años para que el funcionario encargado concluya y les responda que “lo siente mucho” pero que no son sujeto de crédito.
Me sentí en la necesidad de volver a tratar el tema, por Cristina, por la situación que enfrentan actualmente los solicitantes de vivienda de Texcoco y porque recientemente me respondió un funcionario del gobierno estatal hidalguense, que ya “habían revisado” la petición de vivienda de 400 familias de Tizayuca, de alrededor de 300 en Huejutla, cerca de mil en Pachuca y 150 en Huehuetla y que habían concluido que el gobierno “no tiene recursos” para resolver la demanda de los peticionarios, ni alternativa. Así que la historia de las negativas y “las razones” se repite, pero los demandantes de vivienda, en Hidalgo y en cualquier otra región del país, deben tener claro que la solución está en sus manos, en su fuerza de todos los sin casa, en su unidad y en su lucha por la verdadera aplicación de la ley, pues tener una casa digna es un derecho, una ley emanada de nuestra Carta Magna.
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