La presente colaboración la tenía destinada a demandar del gobierno del Estado de Hidalgo cumplimiento a diferentes acuerdos de obras y servicios, como la autorización de la ruta del transporte en Pachuca, la pavimentación del camino a la comunidad de Temango, en Tlanchinol, la entrega del mejoramiento a la vivienda en regiones de la Huasteca, de la Sierra Otomí-Tepehua y a los damnificados de Omitlán, Huasca y Atotonilco; el pago a los profesores de dos escuelas en Pachuca, la electrificación para la comunidad de Santo Domingo en Huasca, etc. Pero los acontecimientos en Querétaro, por su gravedad, me obligan a ocuparme del tema y dejar para una próxima semana el desarrollo de la problemática que seguimos padeciendo los antorchistas hidalguenses.
Como si se tratará de una bestia que ataca de nuevo, así el gobierno panista que encabezan el gobernador Francisco Garrido Patrón y su secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, arremete nuevamente contra el pueblo inerme de Querétaro, ante la defensa decidida que viene realizando de sus derechos, en particular el derecho al agua potable, defensa que desde hace años mantiene a habitantes del poblado La Piedad, municipio de El Marqués, decididos a exigir justicia y la devolución del pozo de agua que desde hace 11 años “administra” y usufructúa un cuñado del actual secretario de gobierno de Querétaro. Hoy, a los pobladores de La Piedad les tocó vivir la represión y el encarcelamiento de 23 personas por el “delito” de organizarse y exigir justicia.
Los habitantes de la comunidad mencionada sólo quieren recuperar el pozo que ellos mismos perforaron y pusieron en funcionamiento, mismo que, mediante mil y un trucos jurídicos, un comité espurio, encabezado por el cuñado de Botello Montes, ha venido “administrando” durante 11 años, sin entregar cuentas a la comunidad y cometiendo una serie de abusos y arbitrariedades en el cobro y en el servicio. Ante esta situación decidieron destituir a todo el comité y solicitar al gobierno queretano avalara la decisión soberana y democrática ejercida por los pobladores, puesto que, obviamente, los vividores se resistían a dejar el puesto (y el dinero que les reditúa) y entregarlo al nuevo comité elegido por la inmensa mayoría de los habitantes de la Piedad. La respuesta del Gobierno de Querétaro ante tal demanda no se hizo esperar: el lunes 29 de septiembre, más de 250 granaderos arribaron a la comunidad y arremetieron contra los pacíficos pobladores que se encontraban en el exterior de las instalaciones del pozo, resguardándolas, ante la amenaza creciente de despojo que el propio gobierno pretende llevar a cabo, contra todo derecho. El saldo: varios lesionados y 23 detenidos, entre los que se encuentran 9 menores de edad; los 14 adultos ya fueron consignados con suma rapidez y remitidos al penal de San José El Alto, acusados de sabotaje, peligro de devastación, obstrucción a la justicia, resistencia de particulares y lo que resulte, delitos que en Querétaro no alcanzan el beneficio de la libertad bajo caución.
Pero esto no es todo. Al Movimiento Antorchista ha llegado información a través de una fuente cercana a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el sentido de que se está fabricando una averiguación en contra del profesor Jerónimo Gurrola Grave, dirigente estatal de Antorcha Campesina en aquella entidad, acusándolo de motín e incitación a la violencia, por la simple razón de que el profesor ha venido apoyando y solidarizándose con los habitantes de La Piedad en su lucha por la defensa del pozo de agua potable, y dice la misma fuente que igual suerte va a correr la representante legal de los vecinos de la comunidad, la licenciada Yesenia Valdez Flores. El propósito es encarcelarlos por mucho tiempo, pues los delitos que se les están cuadrando tampoco alcanzarían libertada bajo caución.
Dicha amenaza no puede ser pasada por alto, pues, como conoce la opinión pública, el gobierno de Querétaro mantuvo presa casi por tres años a Cristina Rosas, dirigente en ese momento de los antorchistas queretanos; ha golpeado y encarcelado a cientos de antorchistas; ha lanzado graves amenazas de muerte, después de las cuales fue asesinado el joven antorchista Jorge Obispo Hernández en el domicilio particular del Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional.
Ante tal situación, violatoria de todo derecho, donde la ley sirve como garrote contra los débiles, a quienes se les considera enemigos políticos, el pueblo organizado volverá a levantar su voz de protesta el próximo 3 de octubre, en una marcha en la ciudad de Querétaro, con más de 10,000 personas exigiendo libertad y justicia.
Considero que ante la problemática que vive el país entero, de pobreza, desempleo, inseguridad, y que se puede agravar ante la crisis financiera que está sufriendo el vecino del norte, lo que menos debiera hacer el gobierno federal es solapar este tipo de actos represivos, pues el pueblo mexicano carga ya una pesada losa, y su capacidad de resistencia puede estar llegando al límite, lo que se volvería grave y peligroso para la paz social, y si a esta situación le sumamos actos de represión como el aquí narrado, entonces, ¿a dónde queremos llevar al pueblo? ¿Qué opción le estamos dejando?
Mientras tanto, todos los mexicanos y los hidalguenses en particular (porque estamos en vísperas de elecciones) debemos sacar la lección que jamás debemos votar y llevar al poder a gobiernos represores, como el de Garrido Patrón, emanados del partido de la derecha más reaccionaria y rancia en México, del PAN, pues quién reprime al pueblo, es enemigo del pueblo.
Pachuca, Hidalgo, a 1 de octubre de 2008
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