En las últimas semanas ha sido noticia la retención ilegal de algunas personas en Hidalgo, en comunidades pertenecientes a municipios de Tasquillo e Ixmiquilpan, fundamentalmente, que escudados en los usos y costumbres de la comunidades indígenas han puesto en peligro la vida de algunas personas, como en el caso de San Juanico, municipio de Ixmiquilpan, donde un jovencito de escasos 15 años cumple ya dos semanas en manos de sus verdugos, al no poder completar su familia la cantidad de 250 mil pesos que se le exige por el rescate.
Desde mi muy modesto y poco importante punto de vista, los usos y costumbres de los pueblos indígenas, en un principio tuvieron la finalidad de lograr un trabajo comunitario con el propósito claro de hacer progresar su pueblo y hacer un trabajo colectivo, donde todos fuesen partícipes y beneficiarios de dicho trabajo; también, es cierto, que tenían la finalidad de defender sus derechos y sus tierras y poner una coraza firme a las arbitrariedades y abusos de las autoridades. Esto es cierto, fue una forma de trabajo, autodefensa y convivencia de las comunidades indígenas; pero lo que en su tiempo fue útil para el desarrollo de los pueblos indígenas, hoy se está volviendo en contra de su propio desarrollo y de la sociedad; además, en algunos otros lugares, dichos usos y costumbres son usados por las propias autoridades municipales para obligarlas a realizar trabajos que les corresponden a las propias autoridades, por ejemplo, conozco de comunidades de los municipios de Huejutla, Tlanchinol y Xochiatipan, que cuando solicitan una obra, les exigen a los pobladores que realicen el cien por ciento de la mano de obra, la cual siempre está presupuesta dentro del costo total de la obra, pero que de esta manera la constructora se la ahorra, es decir, recibe el pago que corresponde a todo el trabajo, pero los habitantes no, es decir, se queda con el pago que les corresponde a los trabajadores, pero que se les obligó a realizar so pena de cárcel en su propia comunidad o de pagar altas multas. Las comunidades, ciertamente, tienen que contribuir en la realización de algunas de sus obras, como parte de la colaboración comunitaria, pero ésta debe ser proporcional a sus capacidades y no sustituyendo lo correspondiente a la autoridad o constructora que se contrató para tal fin.
Dentro de estos usos y costumbres se encuentra también el castigo de la comunidad a quién comete una falta que ofenda o vaya en perjuicio de sus habitantes, y en este contexto se enmarcan las retenciones de las últimas semanas, cuando a uno, como en el caso de Tasquillo se le retiene y se le golpea porque era presunto ladrón de autos, a otro, como en caso de Ixmiquilpan, se le castiga por atropellar y dar muerte de manera imprudencial a una persona.
Estas acciones, que han venido prosperando porque se encuentra ausente la justicia social y el combate a la delincuencia por parte de las autoridades correspondientes, tienen su base en el hecho de que generalmente a las comunidades indígenas se les ha ignorado en sus peticiones y las más de las veces pisoteado. Ahí tiene su génesis, pero, también es cierto, que las viene dejando prosperar, por un lado, la propia incapacidad gubernamental para darle seguridad a la población y por otro, al hecho de que las autoridades siempre actúan tarde, y a la desconfianza permanente de los pueblos en sus gobiernos.
También debemos considerar que a muchas de estas comunidades no ha llegado la civilización en todos sus aspectos, desde la educación, hasta los servicios elementales como la electrificación, agua potable, drenajes, caminos, etc. que los enrumbe por la senda del progreso y desarrollo; siempre han sido marginados y considerados menos o ciudadanos de tercera dentro del sistema social que vivimos; también es cierto que hay quienes han hecho de los usos y costumbres su modus vivendi a falta de oportunidades de un empleo y de una actuación clara y oportuna de la autoridad.
Una de las declaraciones más comunes que hemos escuchado de los gobiernos en general, pero en particular de Hidalgo, y sobre todo de este último, es que nadie estará por encima de la ley. Siempre que se presenta la ocasión se hace la declaración, dejando ver en el tono y forma de decirlo toda una dureza y seguridad para mandar el mensaje que se cumplirá con lo dicho. Por lo tanto es inconcebible que prácticamente a dos semanas de retenido un jovencito en Ixmiquilpan, las autoridades estatales no hayan podido resolver el asunto y rescatarlo para ponerlo en manos de la autoridad competente y pueda ser juzgado conforme a las leyes que nos rigen a todos los mexicanos; es igualmente inconcebible que ahora los patios de los domicilios se empiecen a convertir en panteones, ante la intolerancia religiosa y la casi nula capacidad de negociación del gobierno municipal y estatal. En estos eventos violentos, la justicia, como en otros casos se encuentra ausente.
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