Ya son varias ocasiones en que me he visto obligada a escribir sobre el tema de la impunidad de que gozan algunos personajes en Hidalgo, sobre todo aquellos que, según muestran sus hechos, están al servicio del propio gobierno, con la finalidad de fungir como muros contenedores para las organizaciones sociales, fundamentalmente para Antorcha Campesina. La opinión pública recordará seguramente el grupo de choque que traía a su servicio el presidente municipal de Chapulhuacán, Fermín Castillo, y que después de todos los desmanes y agresiones cometidas en contra de un grupo de antorchistas del municipio, siguen sin castigo. Situación más complicada todavía viven los antorchistas de Tlanchinol, que a cada paso que dan deben estarse defendiendo de agresiones, físicas y verbales, y las autoridades, obviamente, nada hacen para que se respete el estado de derecho y la integridad física de los antorchistas de la región.
En el caso de Pachuca, como también es sabido, se ha venido alentando y consintiendo los actos delictivos de un grupo de choque del gobierno, fundamentalmente de vándalos, que comanda Edith Ibarra, a quien se ha permitido invadir varias parcelas en la zona norponiente de la ciudad, secuestrar unidades del transporte público, atacar vías de comunicación, e incluso agredir físicamente a autoridades del ministerio público cuando éstas titubean un poco ante sus órdenes. Pues bien, el pasado jueves 15 de mayo esta persona agredió y pretendió secuestrar unidades de transporte pertenecientes a la cooperativa Antorchista; la razón: que ella también quería concesiones de transporte. Como el niño berrinchudo, quiere lo que logra conseguir el hijo del vecino y él no lo tiene; entonces grita, patalea, berrea, etc., para que se lo den.
Pero más allá de las órdenes que recibe de sus patrones esta señora, lo cierto es que el transporte público constituye una necesidad que debe resolverse: los habitantes de la zona, desde las colonias Jorge Obispo, Pirules (colonias organizadas en el Movimiento Antorchista), hasta la Mártires 18 de agosto, tienen que hacer recorridos de más de tres kilómetros para llegar hasta los mercados, o en el caso de los niños, para llegar a las escuelas en Piracantos. También es verídico que la introducción de las unidades de transporte en una nueva ruta (Jorge Obispo- Pirules- Piracantos) es un acuerdo firmado por el Secretario de Gobierno con Antorcha Campesina el pasado 28 de marzo, acuerdo que surge precisamente de la necesidad que tiene del transporte dicha zona, y que emana del dictamen del Instituto Estatal del Transporte, que establece la urgencia de resolverla con seis unidades.
Ahora queda claro es que el Gobierno del Estado firmó el acuerdo, con la aviesa intención de impedir su cumplimiento, lanzando contra los permisionarios y usuarios el grupo de choque que en los últimos tres años ha venido formando con el membrete de UFIC (Unión de la Fuerza Indígena y Campesina), que da apariencia de organización “política” a un grupo de pandilleros que, mediante el pago correspondiente, se ponen al servicio del mejor postor. Por eso, los antorchistas sabemos que al denunciar ante las autoridades los actos delictivos de este grupo, es como quejarnos con Poncio de lo que hizo Pilatos.
Lo cierto es que los antorchistas de Pachuca y de todo el estado estamos convencidos de la justeza de nuestras demandas, en Tlanchinol, Chapulhuacán, Pachuca y en el resto de municipios; insistiremos a través de todos los medios para lograr su realización y mantendremos nuestra postura de seguir organizando y educando al pueblo pobre para que se atiendan sus demandas y se cumplan los acuerdos firmados, aún contra de la voluntad de quien los firmó y de todas las maniobras, agresiones y amenazas que se viertan para tratar de impedírnoslo. Por lo pronto, al no quedarnos otro camino, volveremos a hacer uso de nuestro derecho de manifestación hasta que se cumplan los acuerdos y se garantice la seguridad e integridad física de los transportistas, los usuarios y las unidades. Lo que acontezca será responsabilidad directa del propio Secretario de Gobierno y del Subsecretario, Federico Vera Copca, quien ha sido la instancia para dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos, pero también, por lo que los hechos demuestran, de armar las nuevas triquiñuelas.
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