Decía en colaboración anterior que los ciudadanos estamos ansiosos de encontrar funcionarios que sean la excepción a la regla (hablo de que es regla prometer o comprometerse con la ciudadanía y no cumplirle); interesados realmente en contribuir a la solución de la problemática de sus gobernados; ser actores de un verdadero cambio que genere desarrollo y progreso en la población, y pasar a la historia como quien hizo el esfuerzo por mejorar la suerte de los más débiles por su condición social y económica.
Sé que pensar que esa excepción a la regla se puede dar en una sociedad como la nuestra es una utopía, es decir, imposible, en una sociedad dividida en clases, donde una de ellas, integrada por la minoría, se apropia la mayor parte de la riqueza nacional, y la otra, compuesta por la mayoría, padece de todas las necesidades porque la proporción de la renta nacional que se le asigna no le alcanza ni para lo minino indispensable, o sea, ni para comer. Y en este tipo de sociedad, como lo han manifestado grandes científicos, los gobernantes son los representantes de esa clase minoritaria. Lo es el funcionario, pero fundamentalmente el aparato del Estado el que tiene bajo su responsabilidad cuidar de los intereses de los poderosos y contribuir a generarles mayores dividendos a través de los propios recursos del Estado o mínimamente a crearles las mejores condiciones para ello.
Y ciertamente éste es el actuar permanente de los gobernantes: por un lado mantener su función de guardianes de los intereses de las clases poderosas y de los propios, todo esto, obviamente, en detrimento de su responsabilidad supuesta como representantes de toda la población, que permanentemente sigue en espera de que sean atendidas sus necesidades, derecho que le asiste por ser la productora de la riqueza nacional. Pero, como ya sabemos, no solamente no se le respeta este derecho, sino que incluso se le maltrata y humilla cuando se atreve a reclamarlo; ejemplos mil podemos dar a lo largo y ancho de la República Mexicana y del mundo entero.
Así las cosas, pensar que por su propia iniciativa los gobernantes cumplirán con la función asignada por la Constitución, es una utopía. Entonces ¿qué hacer? ¿Debe resignarse la ciudadanía? Es aquí precisamente donde está la responsabilidad de la mayoría de la población, que ante las mismas prácticas repetidas una y otra vez, ante la misma demagogia e inconsecuencia de los partidos políticos y sus gobernantes, debe actuar, poner en movimiento toda su capacidad numérica y obligar así a cambiar la manera de gobernar y lograr que los recursos públicos se utilicen para lo que están destinados, y no, por ejemplo, para financiar campañas políticas e imágenes de funcionarios y gobernantes en turno.
Si las cosas se hacen así, si toman este giro, segura estoy que podemos hacer de un funcionario la excepción a la regla. Y precisamente eso intentarán los antorchistas del municipio de Pachuca el próximo miércoles 6 de agosto, al acudir a la casa Rule a exigir cumplimiento de los acuerdos firmados por parte del edil pachuqueño, Licenciado Omar Fayad Meneses, y de sus funcionarios y no desistirán de su propósito hasta verlo coronado, aunque para ello tengan que pasar frente a la presidencia municipal cientos de días con sus respectivas noches, al menos lo que le resta a la actual administración.
* Colaboraciones anteriores
