Se ha cumplido exactamente un mes de que 14 campesinos de La Piedad, municipio de El Marqués, en el vecino estado de Querétaro, se encuentran en prisión, acusados de sabotaje, peligro de devastación y resistencia de particulares, porque, como lo comenté en anterior colaboración, se decidieron a organizarse para exigir que les fuera devuelto el pozo de agua que ellos mismos, con sus manos y recursos, habían perforado, equipado y puesto en funcionamiento para contar con agua potable en sus casas, pero que un vividor de nombre Roberto Hernández Barrón, cuñado del actual Secretario General de Gobierno de aquella entidad, Alfredo Botello Montes, se había apoderado, y con el apoyo oficial venía realizando el negocio de su vida a expensas de los habitantes de La Piedad.
Desde el día de la detención, el Movimiento Antorchista se encargó de poner en conocimiento de este nuevo acto de represión del gobierno panista de Querétaro, a las autoridades federales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; se solicitó su intervención, pero han pasado los días y las autoridades federales no saben nada del asunto; no oyen, no ven, mucho menos atienden y resuelven. A los pocos días de semejante atropello y represión sufrida por los habitantes de La Piedad, el 4 de octubre, para ser precisos, se llevó a cabo una concentración de más de 5 mil antorchistas en Querétaro, exigiendo justicia y libertad para los 14 presos políticos del gobierno yunquista; obviamente, nadie atendió. Tres días después, el 7 de octubre, con las mismas peticiones, pero ahora 20 mil almas, acudimos a la Secretaría de Gobernación Federal en busca del señor Secretario, Licenciado Juan Camilo Mouriño, misma respuesta: ninguna.
Ante la actitud indiferente y complaciente de parte de la Secretaría de Gobernación, se acordó la instalación de un plantón permanente frente a las oficinas del Licenciado Mouriño, para insistir en su intervención; han pasado 16 días y ninguna autoridad se digna atender a los habitantes de La Piedad y a los integrantes del Movimiento Antorchista. Misma actitud se asumió cuando se exigía la libertad de Cristina Rosas Illescas, presa política por casi tres años de Garrido Patrón (Gobernador de Querétaro) y de Botello Montes; en aquella ocasión lo más que llegaron a responder las autoridades federales fue que “ellos no podían intervenir”; la razón: Querétaro era un estado “libre y soberano”. Cuando se les cuestionó sobre los diversos operativos policiales en varias entidades del país, si también eran “libres y soberanas”, y además a la interrogante (ante esa respuesta recibida) de qué parte del territorio nacional gobernaba el Presidente de la República (en ese tiempo Vicente Fox), si todas las entidades federativas eran “libres y soberanas”. La respuesta fue el silencio.
Hoy la respuesta del gobierno federal ante el quebranto permanente de la ley, del nulo respeto a los derecho humanos, de la represión, como en los mejores tiempos de la inquisición, por parte del gobierno panista de Querétaro, integrado por fanáticos, y por lo tanto por gente que no se conduce por la razón y la lógica, es exactamente la misma: indiferencia y complacencia; y claro está que con esa actitud se permite que la represión sea libre y soberana, a gusto de cualquier liliputiense como Garrido Patrón.
Pero la respuesta del Movimiento Antorchista también es la misma: explicar ampliamente, a través de todos los medios a nuestro alcance, que los gobiernos encabezados por fanáticos siempre serán enemigos de los derechos ciudadanos y de todo el pueblo, y por lo tanto jamás deben tener la confianza para gobernarnos en ningún lugar del planeta; exigir por todos los medios legítimos justicia y libertad, y para ello, el próximo sábado 25, los antorchistas de todo el país, a la misma hora (5 de la tarde) nos uniremos en una cruzada nacional contra el panismo represor, y el 17 de noviembre volveremos a marchar por la libertad, en esta ocasión a la residencia oficial de Los Pinos.
* Colaboraciones anteriores
