Contra toda lógica de más largo alcance, condición necesaria en un gobernante que aspire a ser considerado un verdadero estadista, y mostrando un soberano menosprecio a la gente modesta y a las organizaciones sociales, el martes 28 de julio de los corrientes fue desalojado con lujo de violencia el plantón antorchista que por más de 70 días venía reclamando cumplimiento a los acuerdos firmados de obras y servicios elementales para un importante número de familias hidalguenses.
El plantón, como le consta a la opinión pública, no estaba obstruyendo ninguna vialidad; se encontraba ocupando un pequeño espacio de la Plaza Juárez, frente a las oficinas de quienes, se supone, están encargados de atender a la ciudadanía. El plantón, como también le consta a la opinión pública, fue el resultado de largos meses de espera infructuosa para que se cumplieran los acuerdos, se atendieran las necesidades de los más pobres en Hidalgo; a las que sólo se respondía con maniobras dilatorias de los distintos funcionarios que se han encargado de “atender” a la comisión representativa de los antorchistas hidalguenses.
Cansados de todo esto y de que después de más de dos meses de plantón el gobierno se mostrara indiferente a nuestras peticiones, los antorchistas decidimos, de nueva cuenta, salir a las calles a manifestarnos y a reclamar justicia. Marchamos alrededor de 5 mil hidalguenses; el recorrido por las calles de Pachuca fue con toda tranquilidad y recibimos gran apoyo y simpatía de la ciudadanía.
Pero la respuesta a la marcha por parte del gobierno de Hidalgo, no se hizo esperar. A las 3:30 de la madrugada del martes 28, a escasas horas de concluida la manifestación, cientos de policías, sin mediar palabra, arremetieron contra los plantonistas y sus modestos enseres; destrozaron todo, golpearon sin miramiento de ninguna índole, sobre todo a los que oponían alguna resistencia o a quienes identificaban como líderes de los inconformes. El saldo: decenas de lesionados y 18 detenidos, entre los que se encontraban la mayoría de los integrantes del Comité Estatal Antorchista de Hidalgo.
Ninguno de los manifestantes cometió delito alguno, por lo que no había razón válida que pudiera esgrimirse para arremeter contra ellos ni detenerlos; fue a secas un vil acto de barbarie y un atentado a los derechos constitucionales. Fue un vulgar abuso de poder de un gobierno autoritario, soberbio, que muestra un gran desprecio al pueblo que en términos legales y constitucionales está obligado a respetar y atender.
Seguramente, los gobernantes de Hidalgo creen, por el poder caciquil semifeudal que han ejercido por décadas, que con golpes a la población inconforme, no resolviendo sus demandas y encarcelando a sus líderes, van a lograr que ésta desista de su organización, y que otros grupos inconformes (de los muchos que hay) no vean a Antorcha como alternativa para lograr atención a sus demandas. Olvidan los señores gobernantes que este atropello a la ley, estas respuestas violentas a quienes reclaman solución a sus graves carencias, siempre son repudiadas por la población, máxime ahora, cuando el pueblo mexicano se encuentra angustiado por el aumento de la pobreza y el desempleo, porque no tiene la oportunidad de curarse, ni de educarse, ni tener vivienda y servicios básicos. A pesar de estar los mexicanos en estas terribles condiciones de vida, todavía los gobernantes llegan a los extremos de insensibilidad que hoy muestra el gobierno hidalguense.
Por lo que se ve, podemos concluir que los regímenes totalitaristas en México han dejado de ser una excepción, pues hoy, gobiernos a los que por su origen partidista podría considerárseles de avanzada, se suman a otros que tienen su génesis en el oscurantismo, como el de Querétaro. En Hidalgo, como en Querétaro, se violan las garantías individuales, se toman presos de conciencia y se usa la ley como garrote para acallar la inconformidad social y el justo reclamo social.
Al gobierno de Hidalgo debería quedarle claro a estas alturas, dada la lealtad comprobada de Antorcha a sus principios y a los pobres de México, que mediante actos de fuerza no logrará impedir el reclamo de los más pobres, y que si quiere que no haya marchas, mítines o plantones, debe atender las demandas de la gente; debe escuchar a los pobres. Mientras eso no ocurra, y los pobres no sean escuchados y sus demandas efectivamente atendidas, los antorchistas hidalguenses y de todo el país estamos prestos para defendernos, como siempre, dentro del marco de derecho. Y como prueba de ello, el antorchismo nacional se ha puesto en acción (en una fraternal y vigorosa respuesta que los hidalguenses agradecemos de todo corazón), denunciando por todos los rincones de la patria al gobierno de Hidalgo, como lo que es: represor y enemigo de su pueblo. La campaña nacional seguirá, y como primera medida se prepara ya una marcha con 10 mil antorchistas, que el próximo lunes 3 de agosto recorrerán las calles de Pachuca, en busca de justicia y solución a todas y cada una de las demandas, y respeto a las garantías individuales en Hidalgo.
* Colaboraciones anteriores
