Después de los graves acontecimientos de represión contra el Movimiento Antorchista por parte del gobierno de Hidalgo: el desalojo, la detención contra todo derecho de 18 Antorchistas, los golpes y patadas propinados por las fuerzas del “orden” contra los humildes colonos y campesinos y sus líderes, que se encontraban en plantón reclamando atención y cumplimiento de los acuerdos firmados; después de todo esto, el gobierno consideró que los integrantes del Comité Estatal Antorchista acudiríamos a sus oficinas prácticamente a pedir perdón por atrevernos a encabezar a un importante número de hidalguenses que reclaman cumplimiento a sus obras comprometidas desde hace años. Si no, no se entendería la actitud asumida por el secretario de Gobierno, Licenciado Gerardo González, primero, para la insistencia de una reunión donde, según se nos dijo, ahora sí se darían respuestas concretas a la problemática planteada y a los acuerdos firmados, y segundo, que fuera el propio Secretario quien, en menos de diez minutos, reventara la negociación arguyendo que no tenían recursos para realizan las obras comprometidas. Además de considerar la claudicación, su avieso propósito era evitar la realización de la marcha antorchista en la cual quedaría evidenciado el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong como lo que es: un gobierno represor que conculca los derechos ciudadanos más elementales y ajeno a los intereses de los más pobres en Hidalgo, un enemigo de los indígenas hidalguenses.
Los Antorchistas, como ya lo conoce la opinión pública, decidimos posponer nuestra marcha ante el ofrecimiento de solución por parte del gobierno, porque, como también ya lo hemos dicho hasta el cansancio, lo que nos interesa son las soluciones y no una confrontación con el gobierno, no hacer marchas por hacerlas; su realización, como la instalación del plantón, es prácticamente la última medida, al recibir solamente negativas en las diferentes instancias de gobierno. Y como, hasta el día de hoy, solamente eso hemos encontrado y represión por parte de la actual administración, el próximo lunes 10 de agosto, llevaremos a cabo la manifestación programada con 10 mil Antorchistas y reinstalaremos nuestro plantón, esperando que el señor gobernador atienda nuestras peticiones y respete el derecho a la libre manifestación consagrado en la Constitución Política, máxima ley que nos rige a todos los mexicanos, gobernantes y ciudadanos.
Lo más lógico sería, para un gobierno racional, que ante la pobreza galopante en su estado y en constante aumento, se buscaran los mecanismos para atender a esa población sufriente; pero, en Hidalgo, como en todos los regímenes dictatoriales, se pretende acallar la inconformidad con el garrote y la cárcel, pretendiendo ignorar que con esa política se genera mayor inconformidad y rabia en la población y se despiertan más consciencias para tomar el sendero de la unidad entre el pueblo pobre y la lucha organizada, único camino por el que se puede obligar a los gobiernos de este tipo a respetar a su pueblo y a que gobiernen para las mayorías.
Seguramente el gobierno hidalguense considera que transita por la ruta del bienestar de su población al buscar insistentemente y dedicando toda su atención y recursos humanos y económicos a lograr la refinería para Hidalgo, como si, con su consecución, terminaran todos los problemas para los hidalguenses: los 800 mil hidalguenses en pobreza extrema saldrían de ella, se abatiría ese 67 por ciento de la población que sufre pobreza patrimonial, se erradicaría el analfabetismo que alcanza a cerca del 50 por ciento de la población, etc. No estoy en contra de la refinería para Hidalgo, como lo expresé en su momento; probablemente, a pesar de los problemas que traiga consigo, como la contaminación, la escasez de agua, entre otros, logre reactivar un poco el empleo y con ello mejore la suerte de algunas familias, pero en Hidalgo, no todo es la refinería, señor gobernador, existen muchos problemas y miles de hidalguenses que también reclaman su atención.
* Colaboraciones anteriores