Son muchos los problemas y carencias que aquejan a los mexicanos, desde la seguridad, la falta de empleo, servicios, salud, educación y vivienda, entre otros; la mayoría de ellos tiene como causa profunda la distribución inequitativa de la riqueza que se genera en el país y un desarrollo científico y tecnológico insuficiente y atrasado, en un mundo que se rige por la competencia y el ansia desmedida de acumular riqueza a costa de lo que sea. Hoy, de nueva cuenta, quiero referirme, al problema de la vivienda, motivada, en primer lugar, porque soy testigo permanente de su carencia, de las penurias que provoca en miles de familias, y en segundo, por la nula sensibilidad de autoridades municipales, estatales y federales ante esta problemática, hay muchos ejemplos al respecto, pero el más reciente lo tenemos hoy en Zacatecas, donde la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia federal, se niega en redondo a atender a miles de zacatecanos, y ha iniciado ya, como es prácticamente regla, una avalancha de ataques contra los dirigentes de los peticionarios, en particular, contra el Profesor Osvaldo Ávila Tizcareño, líder del Movimiento Antorchista en aquella entidad.
El problema de la vivienda se reduce para los funcionarios a mera cuestión de normas, leyes y decretos; de planes de desarrollo urbano y de asentamientos humanos, y para muchos es simplemente un negocio. Para otros, no es un asunto en el que deba intervenir el Estado, pues consideran que no es de su incumbencia, poniendo de manifiesto, como ya lo he señalado, “una política totalmente reaccionaria, oscurantista, donde la responsabilidad de los problemas económicos, sociales y políticos que afectan a las grandes mayorías no recae en el Estado ni en las clases económicamente poderosas, sino que todos los sufrimientos, necesidades de servicios e injusticias que padecen los pobres, los producen ellos mismos; son culpa de ellos y, por tanto, son también ellos, los responsables de encontrarle solución o, en su defecto, soportar sumisamente los costos de su actuar e incapacidad para ponerles remedio”.
Y actuando en consecuencia, quienes así piensan, viendo la escasez de vivienda como un asunto que deben resolver por sí solos quienes carecen de ella, y que el Estado en sus diferentes niveles no está obligado a dotar de casa ni apoyar a nadie, ni a instrumentar mecanismos para reducir el número de los sin casa que, según cifras oficiales ronda los 3.5 millones de familias, dejan de lado u omiten ver la realidad: la imposibilidad de que por sí solas las familias puedan obtener una vivienda, pues quien gana uno o dos salarios mínimos (alrededor de 600 pesos a la semana), tiene, con ese raquítico ingreso, que comer, vestir, pagar transporte, renta, agua, luz, etc. Así, ¿Cuándo podrá ahorrar para adquirir una vivienda?
Pero además, quien vive en casa rentada debe destinar gran parte de su salario para pagar la renta, como dicen los economistas, “para comprarle al arrendador o propietario el disfrute temporal de una vivienda”. Y también, como ya sabemos, en las ciudades en crecimiento, como pasa con resto de las mercancías, el monto de las rentas está subiendo constantemente, en respuesta a la ley de la oferta y la demanda: al llegar más personas a las ciudades en expansión, demandan más vivienda y ello hace subir los precios del alquiler. Consecuencia: las familias de menos ingresos se ven obligadas a abandonar la vivienda que alquilan debido al incremento en la renta y resignarse a ocupar, también rentando, cuartuchos mugrosos de vecindad, donde el mismo sanitario es usado por todos sus habitantes.
Pero también se soslaya frecuentemente que las condiciones deplorables de la vivienda de la inmensa mayoría de los trabajadores trae como consecuencia una vida insalubre y una constante degeneración moral debido al hacinamiento, que impide a las personas disponer del espacio vital mínimo necesario para una vida sana, tanto física como mentalmente. Esta situación también es causa de epidemias que afectan a toda la sociedad.
Como puede concluirse, no estamos ante un asunto menor, y su solución en realidad incumbe a toda la sociedad y directamente al Estado. Éste debe resolver de manera expedita y con sentido de solidaridad social el problema de los servicios básicos en las colonias populares, y facilitar a la población carente de vivienda las facilidades necesarias para obtenerla. El derecho constitucional a la vivienda no debe quedar en letra muerta, debe materializarse para todos los mexicanos; en Zacatecas y en cualquier estado de la República.
* Colaboraciones anteriores
