Han pasado casi dos meses de la invasión perpetrada por Edith Ibarra y su UFIC a un predio propiedad de Antorcha Campesina, destinado a la construcción de la unidad deportiva para beneficio de todos los habitantes de la zona norponiente de la ciudad de Pachuca, y, a casi dos meses, como lo denunciamos en su momento, la aplicación de la ley brilla por su ausencia; y ahora, no solamente mantiene invadida el área en cuestión, sino que desde hace aproximadamente un mes, también las baquetas y parte del arroyo vehicular de la avenida principal de las diferentes colonias antorchistas de la zona. La denuncia formal está interpuesta en la Procuraduría del Estado, la solicitud de intervención y aplicación de la ley ha sido reiterada y visible para todos ante las puertas del palacio de gobierno, y los compromisos de solución por parte de los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, en particular del Lic. Carlos Moreno López, Subsecretario de dicha dependencia, también han sido reiterados, pero lo cierto, es que todo, hasta el momento, ha quedado en puras promesas, lo que revela, que, si no son ellos mismos los promotores de dichas invasiones y de violentar la ley son, al menos, igualmente cómplices y responsables por omisión. Tanto en este asunto, como en otros, que el gobierno se comprometió a resolver, lo único que han hecho los funcionarios en cuestión es mentir y mentir, con el propósito, quizás, de mantener calmados a los antorchistas sin cumplirles nada, o bien con la intención, ingenua, de ganar tiempo para que, por un lado, los invasores se vuelvan el día de mañana posesionarios y con ese argumento menos se les aplique la ley, y para el caso de las demandas y acciones sociales comprometidas, que termine el periodo de la actual administración y los pobres de Hidalgo se queden esperando el cumplimiento de los compromisos firmados.
Tanta demora y tanta “prudencia” para hacer justicia y detener a un grupo de facinerosos por los encargados de aplicar la ley y mantener la paz social, por quienes debieran cumplir con su obligación motu proprio, es decir, sin necesidad de ninguna insistencia ni presión por parte de los afectados, sino movidos solamente por el deseo de cumplir con las obligaciones y funciones para las cuales fueron electos o contratados, revelan, mínimamente que están de acuerdo, que es un plan trazado desde las altas esferas del gobierno, pues como lo recordará la opinión pública, el Gobierno de Hidalgo, desde hace ya rato, hoy, a través de Edith Ibarra y su UFIC, antes, de un tal Víctor Pérez Castelazo, que supuestamente representaba a una asociación civil de nombre “Belisario Domínguez” se ha propuesto reunir a la hez del lumpen desclasado de las colonias populares de Pachuca y con ello mantener un grupo de choque permanente para acosar, calumniar y atropellar al Movimiento Antorchista y tratar de detener con ello su marcha y minimizar sus logros, y de ser posible, llevarnos a un enfrentamiento que culmine con el encarcelamiento de los principales líderes del antorchismo en Hidalgo.
A pesar de todas estas maniobras, burlas y engaños, los Antorchistas afectados por las invasiones y por el retraso al cumplimiento de los acuerdos signados el pasado 11 de septiembre, seguirán insistiendo por todas las vías a su alcance hasta lograr la aplicación de la ley y la ejecución de todas las obras comprometidas. Si tarda en llegar a los delincuentes invasores la vara de la justicia, simplemente se volverá a demostrar, en primer lugar, que en Hidalgo, como en muchos estados de la República, la ley se usa para golpear y reprimir a los que se considera enemigos políticos, en segundo, que el grupo de pandilleros que encabeza Edith Ibarra es propiedad del gobierno del estado, y finalmente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que a los funcionarios de Hidalgo poco les importa la suerte de los pobres de su estado. Al tiempo.
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