Seguimos con la tarea de dar a conocer el proyecto de Antorcha Magisterial. Hoy exponemos el capítulo referente a la Carrera Magisterial.
“Si el Estado respetara realmente los derechos fundamentales del trabajador docente (formación, actualización y superación de alto nivel, salario profesional, vivienda digna, tiempo para la investigación científica, esparcimiento, etc.) tal como lo establece nuestra Carta Magna y, de manera más precisa, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), evidentemente que saldrían sobrando programas como el de “Carrera Magisterial” que, en esencia, lo único que ha logrado es formar un ejército de maestros cuyos ingresos no corresponden de ninguna manera con sus resultados académicos. Su manejo actual ha hecho de él un programa cuyos incentivos están totalmente mal orientados si no se pierde de vista que el propósito esencial que le dio origen es elevar la calidad educativa de los docentes. En vez de ello, ha despertado en muchos maestros el deseo desmedido de acumular el máximo nivel de puntos a costa de lo que sea, sin que les preocupe realmente la mejora sustantiva de la educación sino los beneficios económicos que se prometen a quienes alcancen dicho nivel máximo de puntos. Su manejo clientelar genera, por otra parte, una estratificación inadecuada del magisterio porque, en la mayoría de los casos, los que merecen no reciben y los que reciben no merecen; se refuerza así el interés egoísta que necesariamente hace a un lado la parte más noble y esencial de la tarea del maestro, es decir, la de forjador de hombres mejores, más capacitados en el terreno de las ciencias y con un verdadero espíritu solidario hacia los que menos tienen. En resumen, auténticos transformadores de la realidad social y económica del país.
A la vista de todo esto, proponemos:
Hacer, a mediano plazo, una revisión a fondo de la relación costo-beneficio del programa mencionado para saber, con cifras confiables en mano, qué tan justificada está la inversión comparada con los resultados académicos realmente obtenidos.
Para el corto plazo proponemos:
Diseñar y poner en práctica, en el menor tiempo posible, métodos rigurosos y confiables para medir el aprovechamiento de los alumnos ya que, a nuestro juicio, resulta indispensable que sean los resultados en este terreno el indicador fundamental para la correcta evaluación del programa. El o los instrumentos de evaluación deberán basarse en un riguroso conocimiento de los planes y programas de estudio en vigor, y deberán medir con toda precisión conceptos tales como conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos de los alumnos, sin olvidarse, en ningún momento y por ningún motivo, de las metas y de las competencias básicas que se persiguen en este nivel educativo.
Cursos de actualización que deben abarcar los ámbitos académico, filosófico, pedagógico, psicológico y metodológico; que sean además congruentes con el desempeño profesional que se espera del docente y que tomen en cuenta las necesidades reales de su tarea. Estos cursos deben reforzar, hasta garantizarlo plenamente, el dominio suficiente de los conocimientos científicos del área que se imparte, y, junto con ello, la actitud progresiva del maestro en el terreno social de modo que nunca oponga reparos al trabajo en beneficio de la colectividad.
También consideramos indispensable generar mecanismos confiables y rigurosos para medir el desempeño profesional del personal de las tres vertientes del programa. La idea es conocer siempre, de modo preciso, los avances que se vayan logrando en la calidad educativa por parte del docente, mismos avances que deberán ser avalados y reconocidos por otras fuerzas decisivas en la vida y el buen desempeño de las instituciones como son los propios educandos, el pleno de los maestros, los padres de familia y las autoridades educativas, que podrán intervenir en el proceso a través de sus representantes legítimamente electos. El instrumento evaluatorio buscará medir lo logrado por el maestro a lo largo de todo el ciclo escolar como resultado indiscutible de su desempeño pedagógico y de la entrega profesional a su tarea, ideando índices de calidad susceptibles de ser documentados, validados y comprobados por los facultados para certificar su autenticidad; igualmente deberá medir aportaciones significativas, dignas de ser tomadas en cuenta como aportaciones valiosas al proceso formativo de los alumnos, y evitar así cuidadosamente los vicios del actual Órgano Escolar de Evaluación, el cual pone la evaluación en manos de los involucrados con lo que la convierte en una auténtica simulación.
Resulta obvio que para echar bases sólidas con vistas a forjar futuros profesionistas con alta capacidad científica y profundo espíritu humanista y solidario, tal como lo demanda la época que nos tocó vivir y los evidentes rezagos del país en este terreno, se requiere que el nivel básico, cimiento de todo el edificio educativo, esté integrado por docentes de un alto nivel de preparación y con un dominio suficiente de su especialidad. Para ello, hay que fomentar decididamente en el maestro en funciones un profundo deseo de alcanzar los más altos grados académicos a su alcance (estudios de posgrado); y esto reclama del Estado, a su vez, un auténtico compromiso con los objetivos plasmados en los diferentes documentos sobre la política educativa de México, compromiso que deberá materializarse en medidas realistas y suficientes para impulsar y apoyar los propósitos de superación de los maestros y, a través de ellos, la elevación de la calidad de la enseñanza que se imparte en nuestras escuelas de nivel básico. Proponemos comenzar por una minuciosa, exhaustiva y profunda revisión de las condiciones en que funcionan todas las instituciones que ofrecen estudios de posgrado, ya que es fama pública que muchas de ellas son escuelas “patito” que otorgan títulos pero no transforman en serio el nivel de conocimientos de sus egresados. Pensamos, por eso, que sería preferible que cualquier docente que aspire a un posgrado, lo realice en una institución pública de reconocido prestigio, de modo que quede así garantizada la calidad de su mayor especialización si realmente queremos todos que ésta siga siendo un importante factor de evaluación de nuestro desempeño profesional.
Partiendo del principio de que los años de servicio que se acumulen en cualquier oficio son siempre, salvo raras excepciones, fuente segura de más conocimientos y mayor dominio de dicho oficio, es decir, que una larga experiencia es casi siempre garantía de mejores resultados en el trabajo, consideramos de elemental justicia el que se tomen en cuenta y se valoren como es debido los años de servicio de quienes ejercemos la difícil tarea de educar, haciendo de ellos un factor con un peso mucho mayor que hasta ahora dentro del esquema de evaluación del programa de Carrera Magisterial.
Proponemos que, una vez que el trabajador haya ingresado al programa, el único requisito válido para su promoción en cada uno de los niveles sea haber alcanzado el puntaje mínimo necesario; esto quiere decir que exigimos que se suprima como requisito para ello el tiempo de permanencia exigido en los lineamientos vigentes. Tal requisito es más una trampa, un obstáculo artificial, que un apoyo a la superación del personal.
Que se asuma oficialmente como obligación del Programa de Carrera Magisterial brindar información completa, oportuna, transparente, permanente y sistemática sobre cuestiones tales como techo financiero, asignación de puntajes, elaboración de los exámenes, aportaciones de los gobiernos federal y estatal. Deben instrumentarse los canales adecuados para garantizar que el acceso a dicha información sea expedito y rápido, a fin de que sirva realmente para evitar desviaciones o mal manejo de los fondos asignados al programa y para corregir en serio el estado de desinformación e indefensión actual de los participantes.
Proponemos que al llegar el momento de su jubilación, el docente se retire con las percepciones vigentes para el nivel alcanzado en el programa de Carrera Magisterial”.
* Colaboraciones anteriores
