Desgraciadamente, en esta ocasión, un hecho fatídico nos viene a dar la razón: ayer miércoles aproximadamente a las 12 del día fue atropellada y muerta una niña de seis años de edad quien, junto con sus dos hermanitos, menores que ella, caminaba por la colonia Pirules de Pachuca, en la zona norponiente; se encontraba a escasos metros de su casa ubicada en la colonia Jorge Obispo. El causante, un chofer de conducía una combi de servicio público de la ruta 47, ruta propiedad de un tal señor de apellido Monsalvo, que dicen que tiene muchas influencias, porque “poderoso señor es don dinero”, y protegida por los vándalos al servicio de Estado y que comanda Edith Ibarra. Las calles de ambas colonias, como lo podrá suponer cualquier persona bien intencionada no son grandes avenidas, ni autopistas para que se pueda conducir a grandes velocidades y poder dar muerte inmediata, como en este caso a una persona. Así que, imagínese usted, amable lector, como conducía el chofer de esta unidad que logró subirse a la banqueta por donde caminaba la pequeña a quien embistió y dio instantánea muerte. No puedo asegurar, porque no me consta en esta ocasión, que tan irresponsable chofer estuviera bajo los influjos de una droga o del alcohol, pero lo que sí puedo decir y con toda certeza, es que la mayoría de estas unidades tienen choferes que habitan en la colonia 20 de noviembre, colonia que se caracteriza por un alto grado de vandalismo y drogadicción, colonia donde se refugia toda la escoria social de la zona y que está “dirigida” por Edith Ibarra y, que, obviamente, cuanta con la protección de las autoridades.
Y digo que nos da la razón este hecho tan lamentable, porque años tienen los habitantes de las colonias antorchistas de Pachuca, solicitándole al gobierno que cumpla el acuerdo de permitir la introducción de un transporte seguro para todas las colonias de la zona, y años lleva el gobierno haciendo maniobras para evitar el cumplimiento de dicho acuerdo, protegiendo siempre los abusos y arbitrariedades de estos siniestros personajes; así que la muerte de la pequeña también es responsabilidad de los funcionarios estatales, también ellos deben pagar y serviles de ejemplo de que toda complicidad, omisión o protección tarde o temprano trae sus consecuencias, y los Antorchistas han de exigir que paguen esas consecuencias; además de mantener la lucha hasta la consecución del retiro definitivo de esas unidades de la muerte de la zona y la introducción de un transporte seguro.
Además de las maniobras en el asunto del transporte por parte del gobierno del estado que viene a completar el cuadro, que está provocando una nueva marcha y un plantón ante las oficinas del ejecutivo estatal, existen otras dos razones fundamentales: los incumplimientos a los acuerdos de obras y servicios y por las invasiones promovidas por el gobierno del estado en perjuicio de miles de pachuqueños. Acuerdos que, hasta hoy, en muchos de ellos, no solamente no se concreta la solución, sino por el contrario, se buscan todas las artimañas posibles para incumplir o retrasar su ejecución, ejemplos: la entrega de las despensas a miles de familias pobres, terminación del drenaje en las comunidades de San Andrés, municipio de San Bartolo Tutotepec y en Pueblo Hidalgo, Tlanchinol; proyecto y ejecución del drenaje y construcción de una planta tratadora de aguas residuales para beneficio de 10 comunidades de San Felipe Orizatlán; la entrega de los paquetes de materiales de construcción para el mejoramiento a la vivienda de miles de familias, etc., etc.
Pero no conforme con los reiterados incumplimientos y la demagogia permanente, desde hace más de dos meses, como lo denunciamos en su momento, el Gobierno del Estado encabezó la invasión al predio donde se debe construir la unidad deportiva de la zona norponiente de la ciudad de Pachuca. En una maniobra burda, manda a invadir el predio, propiedad de los Antorchistas, para con ello tener el argumento para no cumplir con el acuerdo de la construcción de la unidad deportiva y su auditorio. En el transcurso de estos dos meses varias denuncias se han interpuesto ante la Procuraduría del Estado y en varias ocasiones los funcionarios de la secretaría de gobierno han reiterado su “compromiso” de “aplicar la ley” y desalojar a los invasores, acción que hasta el momento no se ha ejecutado, claro está que no lo han hecho, porque son ellos mismos los promotores de tal atropello.
Por estas razones y porque les asiste la razón y el derecho, y porque el pueblo pobre no tiene otra manera de hacerse escuchar y respetar, el próximo 19 de enero miles de antorchistas marcharán a la sede del gobierno del estado e instalarán un plantón permanente hasta ver cumplidos los acuerdos y despejada completamente el área destinada a la unidad deportiva. ¿Hasta cuándo tendrán la sensibilidad y responsabilidad para cumplir los funcionarios? ¿Hasta cuándo dejarán de ocurrir tragedias imputables a su negligencia? ¿Hasta cuándo? Hasta que el pueblo se decida y aprenda que sólo él podrá ponerle remedio.
* Colaboraciones anteriores
