Solamente porque un grupo de campesinos se ha atrevido a presentarse frente a las puertas del palacio de gobierno de este importante y hermoso estado del sureste de la República Mexicana, se ha desatado en su contra toda una andanada de calumnias y bajezas, acusándolos de todo: que si chantajistas, que si sus líderes son guerrilleros, de oportunistas, de que lo que interesa al Movimiento Antorchista es posicionarse en el estado (como si esto fuera un delito). Pero ante toda esta cascada de ataques, sólo podemos decir que, como los propios funcionarios lo saben, todo ello es completamente falso; para demostrarlo bastaría con resolver las demandas de los campesinos, que tienen dos meses plantados. Así, si el conflicto continuara, se comprobarían las imputaciones del gobierno; por el contrario, como seguramente ocurrirá, si al resolverse, el plantón se levanta, se habrá comprobado que los ataques gubernamentales son viles infundios. Sencillamente, el gobierno no quiere someterse a esta prueba. Sale más fácil a atacar desde la obsecuente prensa sometida a su poder, sin la obligación de ofrecer pruebas de sus afirmaciones. Mientras tanto, nosotros insistimos: la lucha de los campesinos tiene sólo una causa y una razón de ser, que no es otra que la solución al problema de la pérdida, por sequía, de todo su cultivo, es decir, la búsqueda legal y digna del sustento de su familia.
Para los desconocedores del asunto, me explico un poco: alrededor de 6 mil campesinos fueron gravemente afectados por la sequía del ciclo agrícola primavera-verano 2009, perdiendo toda su cosecha y, obviamente, toda esperanza de ingreso y sustento al siniestrarse sus cultivos, alrededor de 16 mil hectáreas. Ante tan difícil situación, acudieron ante la aseguradora a reclamar el pago del seguro por las hectáreas siniestradas, contratado para tal efecto por el gobierno del Estado (PROAGRO), ante quien, según declaraciones de instituciones como Sagarpa y la Secretaría de desarrollo social estatal, se aseguraron 75 mil hectáreas de maíz a razón de 900 pesos por hectárea. Pero resulta que, cuando acuden los campesinos a realizar el cobro, se pretende pagarles sólo la mitad de lo acordado por hectárea y, además, sin proporcionarles ninguna ayuda adicional, ni en maíz ni en frijol (como se ha hecho anteriormente) y, se pretende pagar solamente a quienes Proagro unilateralmente declare dañados. La última propuesta del Secretario General de Gobierno de la entidad, Eduardo Ovando Martínez, es otorgar aproximadamente 9 kilos de maíz por familia. ¡9 kilos de maíz por todo un año de trabajo!
Lo único que los campesinos exigen es el pago de 900 pesos por hectárea afectada, y la entrega de 200 kilogramos de maíz a cada productor, exigencia de lo más justa, tanto desde el punto de vista legal como humano.
Por lo tanto, lo que el gobierno de Quintana Roo debiera hacer es obligar a la aseguradora a cumplir con el pago a los campesinos afectados, que para eso se le contrató, en lugar de estar calumniando y denostando al Movimiento Antorchista.
Es francamente increíble que se tenga a los campesinos frente a sus oficinas, solicitando de día y de noche que se cumpla con lo pactado, que se les dé una oportunidad de vida, que se les ayude a evitar la mendicidad, porque a ellos, como gente de trabajo, esa posibilidad solamente los denigraría. La realidad nos viene demostrando, un día sí y otro también, que el camino correcto es la lucha organizada y segura estoy que más temprano que tarde los antorchistas de Quintana Roo se alzarán con la victoria, apoyados, si es necesario, por sus hermanos de lucha. Al tiempo.
* Colaboraciones anteriores
